Hay muchas formas de bloquear una institución. La derecha reaccionaria lo sabe y actúa en consecuencia. El normal funcionamiento del Tribunal Constitucional se está viendo afectado por la enorme cantidad de recusaciones a los magistrados progresistas que están presentando el PP y Vox. Unas recusaciones que han obligado a aplazar el debate sobre la ley de la eutanasia previsto para la semana que viene.
El pleno del TC iba a pronunciarse, los días 21,22 y 23 de febrero, sobre esta ley. Pero, al final, no va a ser posible porque primero tiene que debatir y resolver las 65 recusaciones que el Partido Popular y la extrema derecha han presentado contra cuatro magistrados.
Juan Carlos Campo y Laura Díaz porque, cuando se aprobaron las resoluciones impugnadas, estaban en el Gobierno o eran altos cargos de la administración. Incluso, en el caso de Campo, impugnan su presencia en los debates “por su relación sentimental” con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Pero, además, el partido de Santiago Abascal recusa, también, a la magistrada María Luisa Segoviano por haberse pronunciado, de manera indirecta, sobre la ley que derogó la sedición y reformó la malversación. Cuando era jueza emérita del Tribunal Supremo, Segoviano hizo unas declaraciones sobre la autodeterminación señalando que “es un tema complejo, muy complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar”. Y también se recusa a Cándido Conde-Pumpido porque ”fue fiscal general del Estado, defensor o representante de algunas de las partes, o intervino en algún pleito en calidad de acusador público”.
Juan Carlos Campo se ha apartado voluntariamente en siete procedimientos. No obstante, el pleno debe estudiar estas abstenciones igual que hizo con Concepción Espejel cuando se negó a participar en el debate sobre la ley de plazos sobre el aborto alegando que, cuando se aprobó dicha ley, ella era vocal del Consejo General del Poder Judicial y allí se pronunció en contra de dicha ley.
Es verdad que Campo formaba parte del gobierno cuando, hace tres años, aprobó la ley de eutanasia. Es lógico que no participe en el debate. Pero de ahí a vetarlo en 20 causas más, es un tanto exagerado. Por ejemplo, Vox lo recusa en la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y modificó el de malversación. Una reforma que se llevó a cabo a finales del año pasado cuando Campo no sólo no estaba en el gobierno, sino que había recuperado su plaza de juez de la Audiencia Nacional.
A sabiendas de que la mayoría de estas recusaciones no van a prosperar, la intención de PP y Vox es otra bien diferente. Aplazar los debates de inconstitucionalidad lo más posible. El presidente, Cándido Conde-Pumpido, se ha propuesto aligerar la inmensa cantidad de procedimientos que tiene el TC encima de la mesa. Incluso llegó a establecer un calendario. La semana que viene se discutirían los recursos a la ley de eutanasia y la ley de comunicación audiovisual de 2010. Ahora no será posible porque no hay tiempo suficiente. Primero hay que resolver las recusaciones y luego entrar en los recursos. Y se ha decidido que sea, primero, el que concierne a la ley de comunicación audiovisual donde hay que debatir si es constitucional que los clubes de futbol cobren a las radios por acceder a sus estadios a retransmitir los partidos. La ley lo prohíbe. El Tribunal Supremo es la instancia que ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad. La ponente es la magistrada de tendencia progresista, María Luisa Balaguer.
Esta cuestión de inconstitucionalidad es de fácil debate. Por eso es por lo que se podrá discutir entre los días 21 y 23. Pero ya no da tiempo a más. De ahí el aplazamiento del debate sobre el recurso contra la ley de eutanasia. Y, por efecto dominó, en marzo tampoco se podrá discutir la ley de educación conocida como Ley Celaá, ni el 25% de enseñanza en castellano en Catalunya, ni la ley de patrimonio. Al TC se le vuelve a acumular un trabajo que debería haberse solventado ya, pero que, gracias al bloqueo de la derecha, se amontona en los cajones de los despachos de los jueces.
Y todo este galimatías obedece a una razón. El anterior Tribunal Constitucional estaba compuesto por algunos jueces con mandato caducado. No había quorum suficiente como para debatir los recursos. Y los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial ponían excusas para consensuar la renovación de los miembros que, por ley, deben designar. Un bloqueo del que se responsabiliza al Partido Popular.
A la derecha no le conviene el normal funcionamiento de una instancia con mayoría progresista. Por eso intenta obstaculizar lo más posible. En la presentación masiva de recusaciones cree haber encontrado la solución para mantener su estrategia. Y, por supuesto, Vox la apoya.
De esa manera, el tribunal de garantías vuelve a estar en el punto de mira de la ciudadanía. Se consiguió solucionar el asunto de la ley de plazos sobre el aborto que llevaba 13 años sin ser sentenciado. La semana que viene, casi con toda probabilidad, se resolverá la constitucionalidad de la ley de comunicación audiovisual, doce años esperando una respuesta.
Pero las demás cuestiones deben esperar. El PP confía en que, antes de que haya sentencias en los casos mas “sensibles”, llegue al poder y derogue esas leyes por la vía expeditiva, sin necesidad de que se pronuncie un Tribunal Constitucional que, en privado, sus dirigentes califican de “rojo y bolivariano”.
