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El PP ya no puede hablar de un Tribunal Constitucional al servicio de Pedro Sánchez

En las hipótesis de trabajo de la derecha judicial no entraba un constitucional posicionado frente al independentismo

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análisis

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Núñez Feijóo mostró en varias ocasiones sus reticencias hacia el Tribunal Constitucional que considera al servicio de los intereses del Gobierno. No cree en la ecuanimidad de los magistrados a la hora de pronunciarse sobre la amnistía, y pide que, al mismo tiempo que se negocia la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se revisen las leyes referidas a la corte de garantías porque no le gusta el sistema de designación de sus miembros.

Pero, de un tiempo a esta parte, el TC está dando muestras de su neutralidad. La última ha sentado muy mal a los sectores independentistas catalanes, esos que dicen apoyar a Pedro Sánchez al frente del gobierno de Madrid. La mesa del Parlament aprobó una iniciativa legislativa popular, ILP, presentada por el partido extraparlamentario, Solidaritat Catalana Per La Independència, para declarar unilateralmente la independencia de Catalunya.

Inmediatamente, el gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido a trámite y, más aún, con medidas cautelares, esas que sólo se adoptan en casos excepcionales. La institución que preside Cándido Conde-Pumpido mantiene la misma postura que las anteriores con mayoría conservadora. No se va a pasar ni una que afecte a la unidad de España. Y eso sí que ha sido aplaudido por la derecha judicial. Incluso la resolución ha sido adoptada por unanimidad y el ponente ha sido un magistrado conservador, Enrique Arnaldo.

Conde-Pumpido ha logrado su objetivo: la corte de garantías tramita los recursos con una gran agilidad. Ha reducido el volumen de trabajo que había dejado la anterior presidencia y ha sacado adelante sentencias, como la de la ley de plazos de la interrupción del embarazo, que llevaban pendientes una docena de años. Desde el principio de su mandato, Conde- Pumpido fue rechazado por la derecha política y judicial, porque dudan de su independencia. Fue uno de los fundadores de la asociación progresista Jueces para la Democracia que la conservadora APM considera “una escisión izquierdista”. Pero también es cierto que, cuando fue juez del Supremo, redactó la sentencia condenatoria del exministro José Barrionuevo por el Caso del secuestro de Segundo Marey por los GAL. Por lo tanto, es un juez libre de toda sospecha de concomitancia socialista.

Aún así, su presencia como presidente del TC, el hecho de que la composición de la corte se incline hacia una mayoría progresista, siete a cuatro, y la declaración de constitucionalidad de leyes controvertidas, como la de la eutanasia, la llamada ley Celaá de educación, el voto del diputado Casero, y el amparo al exdiputado canario Alberto Rodríguez, entre otras causas,  provocó el rechazo de la derecha hacia una institución de la que desconfían hasta el punto de considerar más conveniente dejar en manos de la justicia europea la ley que se ha convertido en su caballo de batalla, la de la amnistía.

Pero ahora las cosas han cambiado. En las hipótesis de trabajo de la derecha judicial no entraba un constitucional posicionado frente al independentismo. Hay que recordar que durante la guerra entre el Estado y los activistas del procès, en 2017, el TC jugó un papel fundamental. Las llamadas “leyes de desconexión” fueron neutralizadas con rapidez. Las iniciativas parlamentarias que fueron adoptadas con el dictamen contrario de los letrados de la cámara se declararon inconstitucionales con la advertencia de que sus promotores estaban incurriendo en desobediencia

En 2019, poco después de conocerse las condenas del procès, el Gobierno impugnó la decisión del Parlament de no frenar una iniciativa independentista de la CUP. En esa ocasión lo hizo a través de un expeditivo incidente de ejecución de sentencia, al considerar que se estaba incumpliendo de forma directa una decisión previa del TC. Por supuesto, la corte de garantías sentenció a favor de la impugnación. Pero, entonces, la composición mayoritaria de la institución era conservadora. Por eso había cierta expectación por conocer el sentido de la decisión actual.

Ahora vuelve a suceder con una mayoría de magistrados progresistas. Se ha decidido suspender de forma cautelar la iniciativa por cinco meses. Es el plazo en el que la corte espera poder sentenciar sobre el fondo de la cuestión. De momento, se ha remitido a la presidenta del Parlament la resolución que prohíbe seguir tramitando la ILP. Se supone que la presidenta, en un periodo de interinidad como el actual con un proceso electoral abierto, se limitará a acusar recibo. La iniciativa se encuentra paralizada a la espera de conocer la nueva composición del Parlament surgida de los comicios del 12 de mayo.

El Constitucional tiene numerosos recursos pendientes, algunos de ellos de gran trascendencia como es la reforma laboral, el juramento de los diputados,  la ley que prohíbe los nombramientos de jueces por parte de un Consejo General del Poder Judicial en funciones, las medidas de ahorro energético,  los impuestos a las grandes fortunas, y, sobre todo el más importante, el que hace referencia a la modificación del sistema de nombramiento de los magistrados de la corte de garantías, ese que fue anulado por una medida cautelarísima tomada por los anteriores miembros, al frente de los cuales se encontraba Pedro González Trevijano. Esa medida que algunos juristas calificaron de ilegal al entrometerse en las labores del parlamento que supuso el acto más reprobable en la historia de la institución que perdió una gran parte de su credibilidad.

Una credibilidad que, ahora, poco a poco, van recuperando los nuevos jueces que han llegado a votar muchas de sus resoluciones por unanimidad, donde apenas hay votos particulares cuando las sentencias se aprueban mayoritariamente y bajo un clima de total colaboración entre los magistrados no existiendo crispación. Todo lo contrario, hay dialogo.

Poco a poco, el TC recupera su autoridad. Es por eso que dentro de la derecha conservadora hay quien piensa que una vez se haya aprobado la ley de amnistía a los primeros que habrá que recurrir, antes que al TJUE, es a los jueces del Constitucional. Empiezan a estar convencidos de su profesionalidad y prestigio.

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1 COMENTARIO

  1. Lo que hace el PP con el Consejo del Poder Judicial es contra y anti constitucional; debería de ser ilegalizado por ello. Si algo parecido lo hace Bildu, no tarda ni 24 horas en ser ilegalizado.
    Esta es la democracia boubónica española.

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