El servicio de inspección demuestra la cada día mayor inutilidad del CGPJ

Por lo visto, para lo único que sirve el Consejo General del Poder Judicial es para nombrar jueces y magistrados afines, y ahora ya ni eso porque se les ha prohibido por ley mientras permanezcan en funciones. Son incapaces de sancionar la mayor de las irregularidades cometidas por las instancias judiciales en los últimos años: la puesta en libertad de Karim Bouyakrichan. El dictamen de su servicio de inspección se limita a calificar de correcta la toma de decisiones de los tres juzgados implicados en el caso y a descartar la falta de coordinación. “La toma de decisiones fue diligente y cumpliendo en todo momento con las normas procesales aplicables”, dice el escrito de la inspección, de catorce páginas. En ningún momento se entra a valorar el contenido de las resoluciones que desembocaron en la huida del jefe de la Moccro Maffia, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por narcotráfico solicitada por los Países Bajos, el territorio que sirve de base de operaciones para la organización criminal y que ha sufrido las consecuencias de sus amenazas hasta el punto de tener que proteger especialmente a la heredera al trono, la princesa Amalia, y al primer ministro, Mark Rutte.

No se comprende bien la actuación del servicio de inspección del CGPJ cuando la realidad es que Bouyakrichan se encuentra en paradero desconocido. Incumplió la orden de presentarse quincenalmente en el juzgado dictada por la sección segunda de la Audiencia de Málaga. La inspectora encargada de elaborar el informe sólo presenta los resultados de un calendario de las actuaciones llevadas a cabo por cada una de las instancias inspeccionadas: el juzgado número 4 de Marbella, la Audiencia de Málaga y el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional. El texto alaba la “diligencia” de las actuaciones, “sin perjuicio del contenido de las decisiones que se adoptaron con el criterio jurisdiccional que se consideró oportuno en cada momento, sin descoordinación entre ellos”. En otras palabras, si nos atenemos a las formas, los jueces actuaron correctamente. Otra cosa son las decisiones que tomaron. Y en eso, según la comisión permanente del Consejo, el núcleo duro del órgano de gobierno, “el servicio de inspección no puede entrar”.

Paradójicamente, el servicio de inspección no puede actuar en aspectos tan importantes en este asunto como es la finanza que impuso la Audiencia de Málaga. Sólo 50.000 euros para un personaje que cuenta con un descomunal patrimonio, no sólo fuera del territorio sino incluso en la propia provincia. El ministerio de Interior ha bloqueado al capo mafioso 172 propiedades, entre ellas varias mansiones en Marbella valoradas en más de 50 millones de euros. Por eso llama la atención la escasa fianza impuesta por los jueces. Pero sobre ese asunto, la comisión permanente del CGPJ dice “que el servicio no puede valorarlo”. Tampoco se entiende que no se haya investigado el hecho de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenara ejecutar la Orden Europea de Detención el 15 de marzo, y que nadie se percatase de la fuga del capo hasta que, a mediados de abril, no se presentó a su comparecencia quincenal en los juzgados.

La frustración de la policía es todavía mayor después de haber exigido a los organismos judiciales una investigación exhaustiva. A las fuerzas del orden les costó mucho esfuerzo detener al mafioso marroquí el 9 de enero. La investigación se había iniciado en 2022. Gracias a la confesión de dos testaferros en Ceuta se pudo dictar una orden de detención contra el capo y algunos de sus más directos colaboradores. Todos consiguieron huir en un primer momento hasta que el 9 de enero se logró su apresamiento. Se les acusaba de blanqueamiento de dinero procedente del narcotráfico.

Bouyakrichan ingresó en prisión por orden del juzgado número 4 de Marbella. Incluso el capo mafioso manifestó estar de acuerdo con su permanencia en la cárcel donde dijo sentirse “seguro”. Al parecer, las bandas rivales han puesto precio a su cabeza. Tantos gestos hacían pensar en que no se escaparía. Tal vez por eso, los jueces de la Audiencia de Málaga, cuando les llegaron los recursos correspondientes, decidieron ser benévolos. Si no, no de entiende y más cuando había una orden de extradición pedida por las autoridades holandesas. El servicio de inspección del CGPJ dice que “se actuó correctamente y que hubo coordinación entre las audiencias nacional y provincial malagueña”.

Visto el relato, no se entiende esta decisión. Y más cuando  los medios de comunicación europeos han puesto en evidencia esta actuación judicial llegando a insinuar que este no es el primer caso en el que los jueces españoles dejan en libertad a capos mafiosos que residen con total impunidad en las costas españolas. Desde Alicante hasta el Estrecho, pasando por su refugio favorito, Marbella.

Es lo que le faltaba a un organismo cuyos vocales llevan cinco años y medio caducados. Que la Comisión Europea ha pedido su rápida renovación y que lo único en lo que está trabajando es en descalificar las normativas elaboradas por el Parlamento como fue el caso de la proposición de ley de amnistía. Legalmente no eran competentes para dictaminar porque es una proposición de ley, no una decisión del Consejo de ministros. Pero ellos hicieron caso a lo que les pidió el Senado, petición también considerada ilegal a todas luces, y los miembros conservadores, elegidos en 2019 a propuesta del Partido Popular, aprobaron un informe contrario a la normativa sin, siquiera, consultar con sus compañeros del bloque progresista. Antes ya lo habían hecho cuando todavía no se había presentado en el Congreso la norma a debatir parlamentariamente.

Todo ello evidencia que el Consejo General del Poder Judicial es un organismo ineficaz. Y más su servicio de inspección, lo que hace sospechar que, mientras esta gente siga sentándose en la sede de Marqués de la Ensenada, los jueces de este país gozarán de total impunidad. Lo malo de la cosa es que esto ya no sólo afecta a la ciudadanía doméstica, sino también internacionalmente. Y si no, que se lo pregunten a las autoridades judiciales holandesas.