El juez instructor del Caso Procès, Pablo Llarena, piensa pedir la extradición de Carles Puigdemont si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no toma medidas cautelares ante el recurso que han presentado sus abogados contra la sentencia que le despoja de su inmunidad parlamentaria.
Si esto no ocurre, Llarena activará la euroorden, orden europea de detención y entrega, y la dirigirá a los tribunales de Bruselas. Si Bélgica resuelve en un plazo breve de tiempo, Puigdemont entrará en la cárcel poniendo en serio peligro el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Está claro que los jueces no quieren que la amnistía llegue a buen fin. Es su manera de luchar contra la estrategia de la izquierda para normalizar la situación en Catalunya. Llarena actúa conforme a lo que dicta la práctica jurídica, eso está claro. Pero podría haber aplazado la emisión de la orden a la espera de ver como se desarrollan los acontecimientos políticos en este otoño.
Desde este medio se ha insistido en reiteradas ocasiones que la justicia está dispuesta a poner todo tipo de obstáculos para evitar que haya un acuerdo de investidura que suponga un nuevo gobierno progresista. Los jueces del Supremo ya se han mostrado, algunos en público, que están en contra de la amnistía, condición indispensable para que Junts y ERC voten a favor de Pedro Sánchez en una hipotética investidura parlamentaria. El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, se ha mostrado contrario, igual que cualificados juristas como el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, que ha llegado a calificar de “humillación” un acuerdo con Puigdemont porque “supone hacer concesiones a un forajido para cometer una felonía”. La presidenta de la influyente Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha dicho, también, que” el estado de derecho sólo se mantiene si se respeta la separación de poderes y el imperio de la ley”. Y ahí está la clave. En que los jueces creen que si se aprueba una amnistía se vulnerará este “imperio de la ley”, que el trabajo de los jueces habrá sido en vano.
Las diferencias entre partidarios y detractores de la amnistía son mucho mas profundas de lo que se aparenta porque los primeros creen que el poder político está por encima del judicial. Que en el parlamento reside la soberanía popular y es el que, finalmente, tiene la palabra. Los segundos no lo creen así y sobre todo los jueces que en más de 40 años de democracia son incapaces de asumir el lugar que les corresponde que no es otro que el del sometimiento a los dictados de la sociedad civil y de sus representantes designados por voluntad popular expresada en las urnas. En este país se neutralizaron los “poderes fácticos” para evitar este tipo de anomalías, entre otros al ejército que suponía la verdadera amenaza de involución, sin darse cuenta de que algunos colectivos no aceptaron las nuevas reglas del juego. Y ahora siguen sin aceptarlas. Utilizan todos los recursos a su alcance para que se haga lo que ellos dicen. Y la mayoría de los jueces forman parte de esos colectivos.
Pablo Llarena está actuando conforme a la ley. Tiene todo el derecho a volver a pedir la extradición de Puigdemont a los tribunales belgas una vez que el dirigente independentista ha perdido la inmunidad que le otorga su condición de europarlamentario. Pero un sentido elemental de la prudencia le haría permanecer callado porque sus anuncios suenan a amenaza. Amenaza a un proceso que todavía no ha empezado porque hay que dejar que concluya la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que, si esta fracasa como todo parece indicar, el Rey llame a Pedro Sánchez para que éste intente su elección como presidente del gobierno. Que el líder socialista recabe los apoyos necesarios, y entre estos están los de los parlamentarios de ERC y Junts Per Catalunya que se opondrían en el supuesto de que uno de sus líderes fuese entregado a las autoridades españolas con su consiguiente ingreso en prisión. ¿Cómo van a negociar los términos de una ley de amnistía con Carles Puigdemont en la cárcel?
La única posibilidad de que la iniciativa de Llarena no prospere es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte medidas cautelares. Todavía es pronto para saber lo que decidirá la corte europea. El recurso acaba de ser presentado y el tribunal tiene unos meses para decidir sobre el fondo de la cuestión, aunque la adopción de medidas cautelares puede ser inmediata. Habrá que esperar a ver lo que ocurre. Pero una cosa está clara. Los jueces de este país van a seguir haciendo lo imposible para que no haya amnistía. Y si no hay amnistía, Sánchez no podrá recabar los apoyos necesarios para volver a ser presidente. En este caso estamos abocados a la repetición electoral. La derecha se habrá vuelto a salir con la suya, de nuevo con la complicidad de la judicatura que mientras no demuestre neutralidad a la hora de decidir seguirá siendo mal vista por la ciudadanía. Y la reputación judicial, precisamente por este tipo de actuaciones, está por los suelos según reflejan los sondeos de opinión