La Asociación FACUA, que defiende los intereses de consumidores y usuarios, denuncia la persecución que está sufriendo por parte del gobierno de la Junta de Andalucía.
Concretamente, apuntan al hecho de que desde el ejecutivo andaluz pretenden echar a la asociación del local que vienen utilizando desde hace más de 35 años en Cádiz.
Desde el año 1983 han venido utilizándolo para desarrollar actividades en defensa de los consumidores, contando en muchas de ellas con el apoyo de los distintos gobiernos que se han sucedido en la Junta.
Desde FACUA Cádiez entienden que esta decisión es una represalia y anuncia que no va a acatar la decisión. Estudian, además, emprender acciones legales y se va a iniciar una campaña de movilización para denunciar lo que consideran un ataque por parte del Gobierno autonómico. Entienden que esta decisión está intentando limitar la capacidad de actuación de una organización «que les resulta molesta por las críticas a determinadas políticas llevadas a cabo desde la Junta».
No es la primera vez que esta organización se ve en el punto de mira del Partido Popular. Durante el gobierno de Mariano Rajoy estuvieron amenazados por haber denunciado la subida del IVA y los recortes en educación y sanidad: se enfrentaron a presiones que les amenazaban con ser ilegalizados.
Por su parte, ha sido la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo la que ha dado a conocer la decisión a la Asociación a través del envío de varias notificaciones donde se exige que abandonen el local, llegando a amenazarles con indemnizaciones por daños y perjuicios si no responden a estas peticiones. El desalojo se justifica desde la Junta por la realización de obras en la finca y en ausencia de título que acredite la cesión del uso del local a la asociación.
Desde FACUA explican que las obras se están llevando a cabo por parte de la comunidad de propietarios del edificio, no por la Junta. Obras a la que la Asociación no ha planteado ningún tipo de oposición.
