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Interinos: rebelión de jueces y lawfare a favor de Sánchez

La Justicia española aún no ha asimilado que la jurisprudencia europea está por encima de lo indicado por el ordenamiento jurídico español y, en consecuencia, lo que pretenden hacer es ignorar las decisiones adoptadas en el Tribunal de Justicia de la UE, lo cual rozaría la comisión de un presunto delito de prevaricación

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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El principio de primacía, prevalencia o supremacía del Derecho de la UE se basa en la idea de que, cuando se produzca un conflicto entre algún aspecto de la jurisprudencia europea y con el derecho interno de cualquier Estado miembro, prevalecerá el Derecho de la Unión. De no ser así, los Estados miembros podrían simplemente dejar que su Derecho interno tuviese prevalencia sobre el Derecho primario o derivado de la UE, lo que haría inviable la consecución de la política de la UE.

Esto que parece tan simple de entender, comprender y ejecutar, los jueces españoles, sobre todo los de las más altas instancias, no lo quieren entender y se niegan a ejecutar las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es una verdadera rebelión y, además, un caso evidente de lawfare, dado que las sentencias dictadas sin aplicar la jurisprudencia de la UE tienen la clara intención de beneficiar a sectores del poder, ya sean políticos o económicos. En este caso, el lawfare beneficia al gobierno de Pedro Sánchez.

Eso es lo que ha sucedido en la problemática de los trabajadores de la administración pública que se encuentran en fraude de ley. El pasado 22 de febrero, el TJUE dejó muy claro en una sentencia que, en primer lugar, la figura del «Indefinido No Fijo» no supone una sanción válida. Por tanto, ante la ausencia de sanción en el ordenamiento interno, consecuencia de no haber transpuesto la Directiva 1999/70/CE en 25 años, la «fijeza» sería una opción válida. Además, el Alto Tribunal europeo fue tajante a la hora de determinar que España no se puede amparar en preceptos constitucionales con la intención de dejar sin efecto dicha directiva.

Sin embargo, los jueces españoles se han rebelado una vez más contra el Derecho de la Unión. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fechada el 10 de abril y firmada por la totalidad del pleno de la Sala de lo Social, para no cumplir con lo dictado con el TJUE, afirma que «el juzgador únicamente tiene la función de aplicar el derecho (y no la de crearlo) y porque los principios constitucionales de acceso al empleo público se erigen en un obstáculo insalvable». Es decir, lo contrario a lo que indica la jurisprudencia europea que, hay que volver a recordar, es prevalente sobre el nacional.

Ante semejante barbaridad jurídica, que contó con la oposición de varios votos particulares, las futuras cuestiones prejudiciales están más que aseguradas.

El Tribunal Supremo está evadiendo su responsabilidad al anunciar unas prejudiciales en respuesta a la respuesta de otras prejudiciales, que dos meses después todavía no se han elevado.

Otras instancias judiciales españolas, directamente, incurren en desacato no reconociendo la jerarquía normativa y desoyendo lo dictado por el TJUE en su sentencia del 22 de febrero de 2024.

Mientras tanto, sí hay jueces justos en España que saben aplicar el derecho y están dictando las tan esperadas sentencias de fijeza.

Según fuentes consultadas por Diario16, a finales de la semana pasada, varios miembros de la Comisión Europea asistieron sorprendidos a la última intentona del gobierno de Pedro Sánchez de desviar la atención, con la inauguración del nuevo Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea. Esto indica que, en un corto periodo de tiempo, la UE reactivará las sanciones que España tenía congeladas a la espera de que corrigiera su persistente incumplimiento de la jurisprudencia europea.

Por otro lado, los ministerios responsables de la función pública se empeñan en no legislar empujando a jueces y administraciones al caos y dejando en un limbo jurídico a más de un millón de trabajadores afectados que entienden, según han coincidido en distintas ocasiones a este medio interinos afectados, que esta actitud del gobierno de Pedro Sánchez solo puede tener una intención: desanimar a que defiendan sus derechos en los tribunales.

«Somos conscientes de que todo esto terminará instantáneamente, tal y como ha ocurrido anteriormente, en el momento en el que la Comisión Europea diga basta ante tanto esperpento y reactive las sanciones coercitivas que España tenía congeladas a la espera de que corrigiera su lamentable y persistente actitud, como ya ocurrió con el colectivo de los estibadores», afirman desde FETAP-CGT.

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