La FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han expresado su solidaridad con los informadores que están sufriendo la represión por parte del Gobierno de Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio. Al tiempo, han condenado las detenciones de al menos ocho periodistas practicadas por las fuerzas policiales venezolanas en los días posteriores a los comicios, según los datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Igualmente condenan las detenciones de otros cuatro periodistas llevadas a cabo durante la campaña preelectoral.
Estas asociaciones ha exigido la liberación de los informadores y han repudiado todas las maniobras realizadas por el régimen de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación y sus profesionales que son contrarias al libre ejercicio del periodismo, elemento clave en una sociedad democrática.
Por otra parte, la FAPE se suma a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, que reiteran su preocupación ante las detenciones de periodistas y trabajadores de prensa tras el proceso electoral en Venezuela y reclaman la liberación de los colegas arrestados mientras desarrollaban su trabajo, así como el urgente esclarecimiento de las acusaciones en su contra.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha informado de que, desde el 28 de julio, varios periodistas han sido arrestados. Se trata de Yousner Alvarado, Deisy Peña, Ana Carolina Guaita, Fernando Chuecos, Gilberto Reina y Paul León, entre otros. También fue arrestada Carmela Longo, liberada unas horas más tarde.
En muchos de estos casos se han levantado contra ellos cargos por incitación al odio y terrorismo, lo cual sienta un peligroso precedente y profundiza la ya grave situación de los trabajadores de los medios de comunicación de toda la región que enfrentan una creciente tendencia a la criminalización de la labor informativa.
En el comunicado hecho público por la FIP y la FEPALC, al que se ha sumado la FAPE, ambas organizaciones reiteran su llamada a los distintos poderes del Estado venezolano y a sus fuerzas policiales, a garantizar la libertad de expresión y el derecho de los colegas a ejercer su trabajo de forma segura.
Asimismo, estas organizaciones han demandado “la inmediata liberación de los periodistas detenidos con el debido resguardo de sus derechos y garantías consagrados constitucionalmente. Las autoridades deben tomar medidas orientadas a garantizar estos derechos y no a limitarlos mediante maniobras judiciales", y han añadido que "ninguna coyuntura, así como ninguna divergencia entre la política del gobierno y la línea editorial de un medio de comunicación, justifican que se persiga el trabajo periodístico con acusaciones y acciones del tenor de los casos mencionados”.