La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha desempeñado un papel clave en la investigación de un sofisticado plan de fraude y blanqueo de dinero que involucraba recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con un impacto financiero estimado de 9,5 millones de euros.
La investigación de la OLAF se inició a raíz de una solicitud de la Fiscalía Europea (EPPO) en relación con un presunto fraude, falsificación de documentos y blanqueo de capitales en la UE en un proyecto informático en Rumanía. El apoyo financiero de la UE, destinado al desarrollo de una plataforma informática innovadora, fue en realidad explotado por un grupo organizado para obtener fraudulentamente fondos de la UE y blanquear el producto del delito.
Las actividades de investigación de la OLAF, llevadas a cabo en estrecha colaboración con la Fiscalía Europea, incluyeron varias inspecciones in situ en Chipre y Chequia, así como análisis de inteligencia operativa de las plataformas informáticas desarrolladas en el marco del proyecto de la UE. Como resultado de esta cooperación investigativa, la Fiscalía Europea ha imputado a 12 personas (seis personas físicas y seis personas jurídicas) por cargos de fraude y blanqueo de capitales en la UE.
"Buenas noticias para los contribuyentes europeos y la transformación digital de Europa. Esta investigación es otro excelente resultado de la estrecha colaboración entre la OLAF y la Fiscalía Europea. El fraude no conoce fronteras y realizar investigaciones transfronterizas es esencial, no sólo para proteger los intereses financieros de la UE, sino también para salvaguardar la transformación digital de Europa y una economía justa que beneficie a todos», ha declarado Ville Itälä, Director General de la OLAF.
Red sofisticada de lavado de dinero
Las pruebas recabadas apuntan a una sofisticada y estructurada red de blanqueo de capitales, orquestada por una red de personas y empresas en Rumanía, Chipre, Chequia y los Emiratos Árabes Unidos. La investigación de la OLAF contribuyó a determinar que el grupo operaba sistemáticamente, y que cada miembro desempeñaba un papel específico en la adquisición ilícita de dinero de los contribuyentes de la UE y el blanqueo de las ganancias del delito.
Los fondos se desviaron mediante contratos ficticios antes de utilizarse para enriquecimiento personal. El análisis de inteligencia operativa reveló transacciones bancarias sospechosas en diversas jurisdicciones, como Chipre, Chequia, Francia, Alemania, Hungría, Mónaco, Rumanía, Rusia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
La OLAF compartió su informe final con la Fiscalía Europea y emitió una recomendación financiera a la Comisión Europea para recuperar los fondos presuntamente malversados. Posteriormente, en noviembre de 2023, la Fiscalía Europea realizó 38 registros, incautando pruebas significativas. Posteriormente, la OLAF analizó los servidores informáticos incautados, lo que reveló que la misma red también había estado utilizando el mismo modus operandi en otro proyecto financiado por el FEDER, implementado por otra empresa privada del grupo, lo cual también influyó en el caso de la Fiscalía Europea.