El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha señalado que las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos a los jueces de la Corte Penal Internacional son «profundamente corrosivas para el buen gobierno y la debida administración de justicia», ha afirmado
Las sanciones contra los jueces, anunciadas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se producen después de que la Corte haya emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, exministro de Defensa, como presuntos perpetradores de crímenes de guerra en Gaza.
La Corte también supervisa un caso de 2020 por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por las fuerzas militares estadounidenses y afganas.
«Me perturba profundamente la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de sancionar a jueces de la Corte Penal Internacional —concretamente a cuatro juezas, de Benín, Perú, Eslovenia y Uganda— que habían participado en resoluciones sobre la situación en Afganistán o en el Estado de Palestina», ha afirmado Türk, quien ha pedido que se reconsideraran y retiraran rápidamente las medidas.
Las sanciones atacan a los jueces por desempeñar sus funciones judiciales, un acto que, según él, va «directamente en contra del respeto al estado de derecho y la igualdad ante la ley, valores que Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo».
Las sanciones socavan la justicia
La declaración sigue a un comunicado de prensa emitido la semana pasada por la CPI, en el que se describen las sanciones como «un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados Partes de todos los rincones del mundo».
La CPI reforzó su posición el viernes con un comunicado de la Asamblea de los Estados Partes —el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la corte— en el que rechazaba las sanciones de Estados Unidos, que, según declaró, «corren el riesgo de socavar los esfuerzos mundiales para garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional y erosionan el compromiso compartido con el Estado de derecho, la lucha contra la impunidad y la preservación de un orden internacional basado en normas».