La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una reclamación formal al Gobierno de Pedro Sánchez, instándolo a tomar medidas concretas para reforzar las políticas estatales de memoria. En un momento en que la legislación sobre la memoria histórica vuelve a estar en el centro del debate político, debido a las recientes leyes de concordia impulsadas por gobiernos autonómicos del PP y VOX, la ARMH pone de manifiesto una carencia fundamental en el tratamiento de las víctimas del franquismo: la falta de una oficina específica de atención que garantice sus derechos.
Esta iniciativa surge en un contexto donde se percibe que las víctimas de la dictadura franquista siguen desamparadas, a pesar de los avances democráticos de las últimas décadas. El debate generado por las mencionadas leyes de concordia, según la ARMH, tiende a desviar la atención de la necesidad urgente de mejorar la asistencia y el reconocimiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el franquismo.
Una respuesta a la Ley de Concordia
La ARMH argumenta que la mejor manera de responder a las leyes de concordia, que según ellos buscan limitar los derechos de las víctimas y blanquear el régimen franquista, es mediante el fortalecimiento de las políticas de memoria a nivel estatal. Esta propuesta incluye la creación de una oficina dedicada a atender, cuidar y garantizar los derechos de las familias de los desaparecidos por la represión franquista.
La demanda de acciones concretas
Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de la primera víctima del franquismo identificada por ADN, recalca la importancia de contar con un espacio físico donde las víctimas puedan ser escuchadas y atendidas adecuadamente. Subraya, además, la necesidad de una política de memoria histórica consistente y bien definida, que no quede diluida entre distintos ministerios ni se limite a menciones superficiales en debates políticos.
Un compromiso pendiente
La solicitud de la ARMH refleja una llamada a la acción para que el Gobierno de Sánchez no solo mantenga un discurso en favor de la memoria democrática, sino que implemente medidas concretas y eficaces que den respuesta a las necesidades y derechos de las víctimas del franquismo. La creación de una oficina de atención a las víctimas sería un paso significativo en esta dirección, ofreciendo un recurso tangible para las familias afectadas y reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y la reparación.
En un año clave como lo es 2024, esta propuesta no solo reta al Gobierno actual a cumplir con sus compromisos en materia de memoria histórica, sino que también plantea un desafío a la sociedad española en su conjunto para avanzar hacia una reconciliación genuina y una democracia plenamente consciente de su pasado. La memoria histórica, lejos de ser un tema cerrado, sigue demandando atención, compromiso y, sobre todo, acciones concretas que materialicen el respeto y reconocimiento hacia todas las víctimas de la dictadura franquista.
Que víctimas y que leches, ahora crear una oficina con unos cuantos cupones para cobrar. Ahora todos somos víctimas del dictador de Sánchez y queremos otra oficina para que pague el daño que está haciendo a los españoles. A LOS MUERTOS HAY QUE DEJARLOS EN PAZ.