Por si no saben cómo deben hacer su trabajo, una asociación que se declara “apolítica” pero cuyo presidente está vinculado a la derecha conservadora, ha elaborado una “guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea” en torno a la futura ley de amnistía. La Plataforma Cívica para la independencia judicial siempre se ha mostrado favorable a la supremacía del poder judicial sobre los políticos. Dice que “la pretensión del legislador español de decir al juez si puede emitir o levantar una euroorden presenta notables visos de contrariar el derecho de la Unión” y que “no tiene competencia el legislador español para regular esta figura ni la decisión de levantar o mantener una euroorden, en el esquema europeo, puede depender de autoridad distinta que la del propio juez”. Parece que esta asociación y la judicatura conservadora se olvidan de que, en la Constitución española, que está por encima de los cánones europeos no lo olvidemos, se deja claro que la soberanía reside en el pueblo a través de sus representantes elegidos en el Congreso y el Senado. Esto se está convirtiendo en una lucha por saber quién tiene prioridad legislativa, si el poder judicial o el parlamento. Un debate que está abierto y que, tarde o temprano, deberá resolverse.
El presidente de la asociación, Francisco Sosa Wagner, catedrático de derecho administrativo, fue miembro de la comisión de expertos que diseñó el modelo autonómico bajo la presidencia de Eduardo García de Enterría. Posteriormente, eurodiputado por UP y D, el que fue fundador de Ciudadanos, Albert Rivera, quiso captarlo y, la verdad, es que mantuvo una buena relación con este partido sin llegar a afiliarse, pero participando en su comisión de expertos. Ahora vuelve a relacionarse con los que fueron líderes de Unión Progreso y Democracia y, concretamente, con Rosa Díez, la cual ha iniciado una campaña activa en contra de la ley de amnistía incluso participando en la cámara europea con radicales intervenciones en las que acusa al gobierno de “haber pactado con el comunismo y los independentistas la ruptura de España”. Cabría recordar que Rosa Díez, declarada simpatizante del PP, llegó a ser consejera del gobierno vasco por el PSE-PSOE, apoyó la aproximación de presos etarras a las cárceles vascas, y se presentó a la secretaría general en un congreso federal del Partido Socialista en el año 2000 siendo derrotada por José Luis Rodríguez Zapatero. Siempre fue considerada una personalidad con fuerte ego y en UP y D la acusaron de ejercer el cargo “dictatorialmente”. Con ese tipo de personas es con las que se relaciona, ahora, el presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en donde, además, figuran magistrados, fiscales, catedráticos, abogados y “ciudadanos ajenos al ámbito jurídico”, de ahí que, en su página web se defina como una “organización transversal”
Sin embargo, el lema con el que se presentan ya lo dice todo: “La justicia es de todos. No dejes que se la repartan”, También declara que “sus principios fundacionales se encuentran en el Manifiesto por la Independencia Judicial, respaldado en el año 2010 por más de 1.500 jueces alarmados ante el proceso de contaminación política y ocupación progresiva del espacio judicial que desde 1985 inició el poder político”. Curiosa coincidencia: en ese año se reformó la ley orgánica del Poder Judicial para que fuese el Congreso y el Senado los que eligiesen a los vocales del órgano de gobierno de los jueces rompiendo, así, con el sistema diseñado por el que fue el primer presidente del Consejo General del Poder judicial, Federico Carlos Sainz de Robles. La orientación política de la asociación parece clara.
La guía que han elaborado no tiene desperdicio. Son 68 páginas en las que se añade un cuestionario para “orientación de los jueces” de la forma en que deben dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando que se pronuncie sobre “una cuestión de prejudicialidad” en torno a la ley de amnistía. El secretario general de la asociación, el juez Jesús Villegas que ejerce de portavoz, ha llegado a decir que “confío más en el TJUE que en el Constitucional”, unas manifestaciones que se parecen muchísimo a las expresadas hace unos días por el dirigente del PP, Esteban González Pons, quien llegó a calificar a la Corte de Garantías de “cáncer” aunque luego pidió disculpas por la barbaridad expresada. Las manifestaciones de Villegas han sido desautorizadas por los socialistas los cuales le han dicho que un juez en activo no puede efectuar tales manifestaciones. El diputado José Luis Ábalos le contesto duramente: “usted no está haciendo un ejercicio de independencia judicial. Está metido claramente con un objetivo político”.
En su guía, la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial asegura que “es más probable que el TJUE esté más dispuesto a valorar la intención real de la ley de la que puede estar dispuesto a hacerlo el Tribunal Constitucional”. En los últimos días, la guía ha incorporado las alegaciones presentadas por un grupo de letrados del Congreso de los diputados contrarios a la ley. Se recogen extractos del último informe que duda de la constitucionalidad de la norma y cuestiona su levantamiento automático de las medidas cautelares.
Porque en ese punto, el de las medidas cautelares, es donde más inciden en la guía. En este sentido se incorporan una serie de instrucciones para que prospere la toma en consideración de una medida cautelar del TJUE que dejaría sin efecto la ley y, por supuesto, el levantamiento de las medidas cautelares que contiene el texto que se debate en el Parlamento. Ello impediría la vuelta de Rovira y Puigdemont a España porque no contarían con garantías suficientes para no ser detenidos y encarcelados.
Y ese es el objetivo de la derecha judicial. De ahí esa “guía” con la que pretenden que los 5.408 jueces españoles en activo inunden las oficinas de Bruselas de “cuestiones prejudiciales”. Más o menos lo mismo que hicieron con el comisario Didier Reynders al cual colapsaron su cuenta de correo electrónico con las dudas sobre la legalidad de la iniciativa parlamentaria cuando todavía ni siquiera ésta se había presentado en el registro del Congreso. A Reynders le entró pánico y pidió explicaciones al gobierno. Esperemos que a los magistrados del TJUE no les ocurra lo mismo.
Bueno, digo yo, si el gobierno amnistía a todos los terroristas catalanes, entonces tendrían qu amnistía a la mayoría de los presos de las cárceles que están ahí por mucho menos De lo contrario tendría que haber una rebelión en las cárceles españolas. Por todo lo q y e esta haciendo Pedro el traidor ya debería estar juzgado y en la cárcel.
Sr anónimo
Lo que se tendría que revisar es el concepto «terrorismo» visto lo que se está usando en el caso de Catalunya.
Llamar terrorismo a actos de protesta es la antesala de la vuelta a la época más negra del final del franquismo
Terrorismo sin armas, ni asesinatos y sólo por la urgencia de un juez en ser político es un insulto a las verdaderas víctimas del terrorismo