Comienza el juicio contra los mandos policiales que organizaron el dispositivo de seguridad durante el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1-O. Entre los acusados está el exmayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, acusado de rebelión, que previsiblemente mantendrá la misma versión de los hechos que ya dio en su día, cuando prestó declaración como testigo en marzo de 2019, durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas del “procés”. En aquella ocasión Trapero le dijo a Manuel Marchena, presidente de la Sala, que estaba dispuesto a responder a las preguntas de todas las partes, incluso a los letrados de Vox. Tal decisión fijó la posición procesal del ex mayor de la Policía Autonómica, es decir, su intención de colaborar con la Justicia incluso a costa de inculpar a los políticos impulsores del ‘procés’. Su afán por decir la verdad llegó tan lejos que llegó a reconocer que los Mossos tenían un plan B para detener a Carles Puigdemont y a todo su equipo de Gobierno en el caso de que la situación se fuera de las manos. Hoy El País publica, citando un informe judicial, que para llevar a cabo aquel dispositivo Trapero pensó incluso en fletar un helicóptero para el traslado de los conselleres que iban a ser arrestados.
En efecto, días antes de la declaración de independencia, Trapero llamó al fiscal superior de Cataluña y al presidente del TSJ y les dijo: “Les comento que el Cuerpo está a disposición tanto de la Fiscalía como del órgano judicial. Desconocíamos la trascendencia jurídica y qué delitos podía haber, pero veíamos que tenía cierta gravedad, y nos poníamos a disposición por si había que hacer un operativo”. El objetivo, según el mayor, era la detención del president Puigdemont y el resto de integrantes del Govern.
El ex máximo responsable de la Policía Autonómica aseguró ante los magistrados del Supremo que llegó a sentirse “incómodo” por la “deriva política” que había tomado Cataluña en su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación que Trapero llegó a calificar como “ilegal”. Incluso fue más allá de lo que le exige la ley en su obligación de decir la verdad como testigo y manifestó que vio en Joaquim Forn, conseller de Interior, “un punto de irresponsabilidad”. Según Trapero, el dispositivo policial diseñado por los Mossos el 1-O solo tenía un objetivo: “Impedir la votación y cumplir los mandatos judiciales”. Incluso informó personalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al vicepresidente, Oriol Junqueras, de que la celebración del referéndum podría acarrear “problemas de orden público”.
Hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que mantendrá hasta el final del juicio la acusación por el delito de rebelión contra el ex mayor de los Mossos d’Esquadra. Así lo ha comunicado el fiscal Miguel Ángel Carballo en la primera sesión del juicio, que ha comenzado a las 10.30 horas y que en primer lugar se ha centrado en la exposición de cuestiones previas, trámite por el que las defensas plantean las posibles nulidades de la causa, según informa Europa Press. “La Fiscalía es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de cambiar la tipificación, pero este no es el momento procesal oportuno. No es legalmente precedente”, ha asegurado Carballo en respuesta a las cuestiones previas planteada por las defensas.
El Ministerio Público −que este lunes ha estado representado en el juicio por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y los fiscales del caso, Carballo y Pedro Rubira− ya informó el pasado mes de diciembre que el momento procesal oportuno para dar a conocer su acusación será el inicio de la vista oral y no antes. Así contestaba a la abogada de Trapero, Olga Tubau, que registró un escrito en el mes de noviembre instando al fiscal a pronunciarse cuanto antes para poder preparar su defensa.
Todo ello no elimina la posibilidad de que al final del juicio, y con todas las pruebas practicadas, el fiscal decida modificar su acusación y cambiarla al delito de sedición, siguiendo así el criterio establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del “procés”, que condenó a nueve de los 12 acusados por este delito.
Trapero y otros dos procesados, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y el ex director de los Mossos Pere Soler, se enfrentan a 11 años de cárcel por el delito de rebelión; mientras que para la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, se piden, desde el inicio, cuatro años de prisión por el delito de sedición.
El fiscal Rubira ha querido dejar claro durante su intervención en este trámite inicial de cuestiones previas, antes de las declaraciones de los acusados, que esta no es una causa contra el cuerpo de los Mossos, sino que lo que se va a dirimir en este juicio es la “responsabilidad que tienen” Trapero, Laplana, Puig y Soler en los acontecimientos de otoño de 2017.
De hecho, ha enmarcado estos sucesos en la “desobediencia” en la que, según ha afirmado, han incurrido distintos gobiernos de Cataluña, tal como ya ha sentenciado el Tribunal Supremo, no sólo en la sentencia del pasado 14 de octubre sobre el “procés”, sino en la de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Por su parte, la defensa de la intendente Teresa Laplana ejercida por Olga Tubau ha solicitado al tribunal la dispensa de su cliente una vez declare como acusada y hasta el momento en el que las partes presenten sus conclusiones definitivas. También ha pedido que, después, pueda ejercer al derecho de turno de última palabra. Según ha explicado la abogada, que ha aportado varios informes médicos, Laplana “sufre un estrés post-traumático” desde “septiembre u octubre de 2017”, cuando ocurrieron los hechos por los que hoy se sienta en el banquillo.
