La justicia es un tema que no interesó en la investidura de Núñez Feijóo

Salvo en lo que se refiere a la amnistía, al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, y alguna que otra alusión del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la necesidad de reformarla, la justicia no ha sido, ni por asomo, un asunto que haya merecido la pena tratar en el debate de investidura del candidato del PP a pesar de que hay aspectos urgentes no sólo en lo que se refiere al sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, sino también la forma de acabar con el colapso de los juzgados con tiempos de demora de resoluciones de cinco años en algunas jurisdicciones  y una administración que se ha quedado obsoleta y es suspendida por la sociedad civil según se refleja en los sondeos de opinión.

Ha quedado claro que la crisis institucional que vive la justicia por el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial es evidente. Ya no hay explicación posible a un deterioro que sólo se podrá resolver si una alternativa en forma de gobierno progresista logra hacerse con la mayoría parlamentaria y aborda, con carácter de urgencia, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para permitir la elección de los veinte vocales mediante el sistema de mayoría simple. Porque, por mucho que se empeñen las asociaciones judiciales conservadoras, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Francisco de Vitoria principalmente, según la Constitución no es posible la elección directa por parte de los jueces del órgano que les gobierna. Se podrá introducir lo que ya ahora mismo es efectivo, que las candidaturas presentadas tengan en cuenta el historial y la experiencia en la carrera judicial. Pero nada más. La potestad para designar a los vocales del CGPJ es exclusiva del Parlamento y así se señala en la Carta Magna y en la ley orgánica que la desarrolla en tal sentido. Y no hay vuelta de hoja. Es difícil que se vuelva a la situación anterior a la de 1985, es decir a la llamada “fórmula Sainz de Robles”, en la cual los jueces elegían directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ. Este sistema falló estrepitosamente y fue calificado en su día como “corporativo” independientemente de que el propio Tribunal Constitucional mostró dudas respecto al mismo.

De ese asunto se ha hablado en demasía y no hay solución que no pase por la reforma de la ley orgánica y una renovación express que acabe con un organismo caduco, cuestionado hasta por Bruselas, y que tiene paralizadas las altas instancias judiciales del país como es el Tribunal Supremo donde faltan por consignar el 20% de las plazas de magistrados, la Audiencia Nacional, que va sorteando la falta de medios humanos gracias a las reincorporaciones de excedencias y a la asignación de plazas interinas, y los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales con un alto porcentaje que algunos estiman oscila entre el 40 y el 70 por ciento de vacantes en las presidencias.

Pero el problema de la justicia no reside sólo en las instituciones de alto rango. Los juzgados de primera instancia se encuentran colapsados. La huelga de los letrados de la administración de justicia, los antiguos secretarios judiciales que son sus verdaderos motores, no ha logrado amortizar sus efectos y sigue sin resolverse una gran cantidad de procedimientos. Algunos juzgados de lo social tienen un retraso de cinco años en la resolución de las demandas presentadas. La media de demoras está en los dos años para causas por despidos, y tres en la reclamación de cantidades. La jurisdicción civil tarda en resolver un procedimiento en torno a los tres años, un plazo similar para la mercantil. Sólo los asuntos penales reducen los plazos, pero gracias a los llamados “juicios rápidos” que no requieren de instrucción sumarial. Algo parecido a lo que ocurre con los delitos de violencia de género. Pero sólo ahí. Por lo demás, el ciudadano de a pie puede darse por satisfecho con la resolución de un asunto que ha decidido llevarlo por la vía judicial, si tiene respuesta de los jueces en dos años. Y eso sin hablar de recursos.

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El Ministerio de Justicia intentó resolver esta situación mediante una nueva normativa en materia de planta y demarcación judicial. Es el anteproyecto de ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia que se traduce en una reforma de la organización de la estructura de la Administración de Justicia. Elaborado durante el mandato de Juan Carlos Campo, convertía los juzgados de primera instancia en oficinas judiciales agrupándolas en organizaciones territoriales. Actualmente en España hay 431 partidos judiciales con 3.627 juzgados: primera Instancia, Instrucción, Penal, Social, y Mercantil.  El objetivo era convertir esos más de 3.000 juzgados en 431 Tribunales de Instancia, es decir, uno por partido judicial.

Con Pilar Llop como ministra, se impulsó este anteproyecto de ley cuyos plazos de ejecución se estimaron en tres años. Pero, al final, la convocatoria anticipada de las elecciones y la prioridad de otros asuntos como la dotación de medios para resolver el retraso motivado por la huelga, primero de los LEAJs y posteriormente de los funcionarios, dejaron en el cajón de los despachos este tema que es urgente si se quiere modernizar una administración de justicia que, por encima de cuestiones como es la procedencia de los miembros que la deben gobernar, está el servicio directo al ciudadano. Y eso, hoy por hoy, está sin resolver.

Y es algo de lo que no se ha hablado en la investidura de Núñez Feijóo. Ni por el candidato ni por los portavoces de los grupos representados en el Congreso. Una vez más, la justicia ha quedado en un segundo plano para sus señorías que, a veces, viven de espaldas a la realidad.