El golpe que el pasado jueves dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al gobierno de Pedro Sánchez fue durísimo. La sentencia anula directamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el espíritu de las leyes del presunto Ejecutivo de coalición progresista referentes a la situación de fraude de ley en la que se encuentran los trabajadores públicos interinos.
Ante este revés, el ministro responsable, José Luis Escrivá, hizo unas declaraciones en las que afirmaba que iban a esperar a lo que determinara el Tribunal Supremo, lo que es un nuevo desacato a los dictados del TJUE, cuya jurisprudencia, hay que recordar una vez más, es prevalente sobre la española.
Tal y como publicamos en Diario16, la sentencia reitera, una vez más, lo repetido por innumerables decisiones previas del mismo TJUE. Los procesos selectivos de carácter abierto no son sanción válida por su incertidumbre, como tampoco lo es la indemnización de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades por ser claramente insuficiente además de ir ligada al cese.
De este modo, la Ley aprobada por el gobierno Sánchez en 2021, pierde la vigencia que el Ejecutivo en su día pretendió darle y que, según indican fuentes sindicales, tan solo sirvió como cortina de humo para la recepción de fondos europeos.
Por otro lado, tal y como ocurrió con la sentencia del pasado 22 de febrero de 2024, el TJUE hace un llamamiento al no cumplimiento a todos los jueces con respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para la defensa de la efectividad del Acuerdo Marco. Además, remarca que, si fuese necesario, se debería modificar dicha jurisprudencia e incluso los preceptos constitucionales que lo impidan.
El TJUE también indica que, ante la ausencia de medidas que disuadan y resarzan del abuso en el ordenamiento jurídico español, la fijeza es la única solución válida.
Solamente unos instantes después de hacerse pública la sentencia, el ministro Escrivá realizó unas declaraciones en las que defendía el supuesto éxito de los procesos de estabilización que están dejando en la calle a muchas más empleadas de las que está estabilizando. Ese presunto éxito sólo está en la imaginación de los ministros y del presidente Sánchez, evidentemente, porque Europa ya está dejando claro que es un verdadero fracaso y un intento de alargar la agonía del Estado.
Escrivá añadió que la sentencia no es aplicable, la ignora, y que hasta que no responda el TJUE a las prejudiciales del Tribunal Supremo, su política será la inacción, sumiendo en el caos y la inseguridad jurídica a más de un millón de empleados cuando su obligación y la de Pedro Sánchez es la de trasponer al ordenamiento jurídico la Directiva 1999/70/CE. Aunque sea con 25 años de retraso.
El propio Tribunal de Justicia vuelve a dar la solución a la que se hacía referencia en las prejudiciales que han dado a luz a esta sentencia, a la que se alude en el punto 112 y por lo que el TJUE sentencia lo siguiente: «a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar, conforme a la cláusula 5, los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada, la conversión de esos sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir tal medida, siempre que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional».
El gobierno de Pedro Sánchez parece no entender que no puede ser un impedimento este requisito de contra legem, sobre personas, como son la práctica totalidad del personal interino en abuso de temporalidad, que ya accedieron a la función pública mediante procesos selectivos, cumpliendo los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y, por tanto, por cumpliendo con la Constitución Española.
Al final, la solución definitiva a la que Sánchez se tendrá que someter vendrá determinada por la activación del proceso de infracción (Chap) abierto contra el Estado español en 2013 por la Comisión Europea por el incumplimiento reiterado y la falta de transposición del Acuerdo Marco. Evidentemente, esta situación conllevará importantes y millonarias multas coercitivas.
Eurodiputados, jueces y expertos en Madrid
La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas del sindicato CGT ha organizado en Madrid un foro de debate donde distintos expertos expondrán su análisis de las recientes sentencias del TJUE sobre los interinos y, sobre todo, las repercusiones legales y laborales de la misma.
En este evento, que tendrá lugar el 18 de junio a las 16:30 horas en la sede del Parlamento Europeo en Madrid (Paseo de la Castellana 46) participarán representantes de la Comisión Europea, TJUE, eurodiputados, el exjuez autor de las prejudiciales, Federico Vidal Grases, entre otros.
«Desde FETAP-CGT tenemos muy claro, pues así lo repite continuamente el TJUE en su jurisprudencia y en varias ocasiones en esta misma sentencia, la solución pasa por dotar de carácter indefinido a todas las afectadas ante la ausencia de medidas sancionadoras y resarcitorias en nuestro ordenamiento interno. Para ello el gobierno debe legislar para acabar con tanta inseguridad jurídica y tanto sufrimiento innecesario por parte de las víctimas que a su vez revierte en la ciudadanía dañando cuantitativa y cualitativamente la calidad de los servicios públicos», señalan desde el sindicato.
Paso del PSOE, estoy a años luz de sus políticas; pero es bueno conocer como son algunos de sus enemigos:
El juez, Juan Carlos Peinado, posee una lujosa vivienda de grandes dimensiones en la localidad de La Adrada (Ávila). Este chalé consta en el Catastro Inmobiliario como «almacén». Además, tampoco cuenta con licencia de primera ocupación porque carece de acceso a la red de saneamiento para transportar las aguas residuales.Está inscrito como almacén y con una piscina sin permiso.
Así son los sujetos que juzgan en el reino boubónico de España.
Y, por si esto fuera poco, el ayuntamiento de la Adrada, (PP) que tiene suficientes motivos para ello, no aclara sobre si va o no a inspeccionar dicha vivienda ilegal.
El PP y el juez Peinado….. No quisiera pensar mal.