En el marco de la jurisprudencia electoral, las sanciones impuestas en los procesos electorales por parte de la Junta Electoral emergen como herramientas fundamentales para asegurar la equidad y la transparencia. Sin embargo, su eficacia se ve comprometida cuando la aplicación de las mismas se produce con retraso, o lo que es lo mismo, siempre después del hecho que genera la sanción, algo que plantea dudas sobre su capacidad para disuadir comportamientos impropios por parte de los entes políticos.
Elecciones en Galicia
La problemática de la tardanza en la aplicación de sanciones se evidenció recientemente en las elecciones autonómicas en Galicia, donde el Partido Popular ejecutó acciones polémicas, como mínimo, destinadas a influir en el electorado de manera torticera, al asignar ayudas financieras a colectivos específicos y la promulgación de incrementos salariales para determinadas agrupaciones laborales con un claro objetivo: la captación de votos, hechos que ponen de manifiesto la necesidad de un sistema más eficaz que prevenga y sancione de manera oportuna dichas conductas.
La optimización de procedimientos de investigación y sanción es esencial. Es necesario revisar y ajustar los marcos legales y procesales para agilizar las respuestas ante transgresiones electorales, fortaleciendo los recursos disponibles para las entidades fiscalizadoras utilizando tecnologías para una detección más rápida de irregularidades. Fomentar la transparencia y la responsabilidad creando mecanismos de supervisión ciudadana, incluyendo observatorios electorales independientes y plataformas digitales para reportar conductas indebidas, incrementaría la transparencia y fortalecería la confianza en el proceso electoral.
La educación cívica y el desarrollo de la conciencia electoral con la implementación de programas educativos que promuevan el entendimiento de los derechos y deberes electorales además del análisis crítico de la información política, contribuirá a una ciudadanía más informada y resistente a las estrategias manipulativas.
Escrutinio previo de medidas electorales
Una reforma legislativa significativa que complementaría estas estrategias sería exigir a los partidos políticos someter cualquier medida planeada para las precampañas o campañas electorales, especialmente en materias sensibles para los votantes, a un escrutinio previo por parte de un tribunal de la junta electoral. Este tribunal, con decisiones de carácter vinculante, evaluaría la conformidad de las propuestas con la normativa electoral, asegurando que se promueva la transparencia y se prevenga la manipulación electoral.
La implementación de estas estrategias, incluida la propuesta de reforma legislativa para un escrutinio previo de medidas electorales, constituye un enfoque integral para enfrentar los desafíos asociados a las sanciones electorales tardías. Estas medidas avanzarían significativamente hacia un marco electoral más justo, transparente y equitativo, protegiendo la integridad del proceso democrático y fortaleciendo los pilares fundamentales de la democracia.
