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La ONU investiga al Estado español por las «denuncias infundadas» contra Ecologistas en Acción

El despacho llevado a cabo por la irlandesa Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se centra en las denuncias presentadas por la empresa propietaria de la mina de San Finx (A Coruña) y por la Cámara Oficial de Minería de Galicia contra activistas de Ecologistas en Acción

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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Activistas de Ecologistas en Acción se han reunido, en Bruselas, en el marco de un encuentro europeo sobre la represión de activistas, con altos representantes de la ONU y defensores de derechos humanos para exponerles «a la persecución legal que sufren por denunciar los graves problemas medioambientales y impactos sociales que conlleva el extractivismo minero».

La reunión de los activistas con la ONU es un paso más en el despacho llevado a cabo por la portavoz Mary Lawlor contra el Gobierno de España, la Cámara Minera y la empresa Tungsten San Finx SL. En la carta, firmada conjuntamente por la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, Damilola S. Olawuyi, y el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, los representantes de la ONU expresan su «preocupación sobre el caso abierto contra Ecologistas en Acción, que tememos se base en una denuncia abusiva, iniciada como represalia por su activismo pacífico contra el daño ambiental resultante de la mina San Finx».

La investigación fue abierta por la ONU después de que la empresa minera Tungsten San Finx, SL denunciara a Ecologistas en Acción ante los juzgados de Noia tras una acción de protesta por los vertidos de la mina. Unos vertidos que han supuesto una multa a la multinacional de 180.000 euros por parte de la administración gallega.

La investigación de la ONU refleja que la preocupación se ve amplificada por «acusaciones anteriores infundadas por parte de la empresa contra Ecologistas en Acción y otras organizaciones en supuestas represalias por su trabajo pacífico en defensa del medio ambiente», en referencia a otras denuncias presentadas por la misma empresa minera y que también fueron interpuestos por la justicia.

La condena a activistas ambientales por denuncia de la Cámara Minera

La investigación de la ONU se amplió tras la condena impuesta a 6 activistas de Ecologistas en Acción por la denuncia de la Cámara Oficial de Minería de Galicia. Activistas de la organización fueron condenados por entregar en septiembre pasado varias muestras de agua contaminada de las minas de San Finx y Touro, en la sede del organismo minero.

La entrega de las botellas de Ecologistas en Acción coincidió con las declaraciones públicas de la Cámara Minera en las que se afirmó que «nunca ha habido problemas con la calidad del agua» en San Finx, a pesar de que los análisis realizados por Aguas de Galicia, el pasado agosto, revelaron «niveles de cadmio, sustancia tóxica y cancerígena, 78 veces superiores al máximo permitido por la legislación». Esos mismos análisis dieron lugar a la apertura de un procedimiento sancionador, iniciado por Aguas de Galicia, contra la empresa concesionaria de la mina.

Ecologistas en Acción trasladó a los ponentes de la ONU que esta reciente sentencia busca dar una «lección» al ambientalismo por atreverse a cuestionar «las mentiras del lobby minero». Dicen que la acción no duró más de tres minutos y fue completamente pacífica, pero el juez entendió que basta para condenar por coacción que la directora de la Cámara Minera manifestara «sentirse intimidada por la presencia de los activistas», argumentando que «pancartas denunciando la contaminación podrían ser utilizadas como arma y que las muestras de agua de mina podrían contener un ácido corrosivo».

Para Ecologistas en Acción, la protesta popular pacífica contra los abusos de poder «no es sólo un derecho, sino que en ocasiones es la única forma de denunciar abusos e ilegalidades ambientales». Por ello, trasladaron a los relatores de la ONU su gran preocupación «por la ola de criminalización de la protesta pacífica que se está produciendo en España desde diferentes instancias judiciales y policiales, a lo que se suma el uso cada vez más recurrente de demandas estratégicas contra la participación ciudadana (SLAPP por sus siglas en inglés)», hasta el punto de que la Comisión Europea está tramitando una directiva para poner freno a este tipo de acciones.

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