Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya está en los juzgados de Plaza de Castilla para afrontar serias acusaciones de fraude fiscal. Citado a las 10:00 de la mañana, González Amador está bajo la lupa por un fraude de más de 350.000 euros, que presuntamente cometió al enriquecerse durante la pandemia vendiendo mascarillas. Este caso ha generado una gran atención mediática y política, especialmente por la conexión con la líder regional.
Un caso aprovechado por Ayuso para la polémica
La vuelta de González Amador a los tribunales se produce después de que su primera comparecencia, el pasado 20 de mayo, fuera suspendida debido a un intento fallido de evitar a los medios de comunicación. En aquella ocasión, el empresario se ocultó durante tres horas en las instalaciones judiciales y utilizó una peluca para no ser identificado. Este episodio ha añadido un toque de drama a un caso ya de por sí controvertido.
La pareja de Ayuso está acusado de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. La Fiscalía de Madrid, que llevó el caso a los tribunales tras una investigación de la Agencia Tributaria, descubrió que el empresario había inflado sus gastos mediante facturas falsas y empresas pantalla para reducir su carga fiscal. Aunque sus ingresos en 2020 superaron los 2,3 millones de euros, solo declaró beneficios por 8.400 euros, lo que levantó sospechas sobre sus prácticas financieras.
¿Acuerdo?
Una de las grandes incógnitas de la citación de este lunes es si González Amador alcanzará un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena y evitar la prisión. Anteriormente, el empresario reconoció por escrito haber cometido dos delitos fiscales, proponiendo una pena de ocho meses de cárcel, la devolución de los fondos defraudados, y el pago de una multa y los intereses de demora. Este pacto incluiría una suspensión de la pena de prisión, permitiéndole evitar la cárcel si se aceptan las condiciones.
La principal fuente de ingresos del novio de Ayuso durante la pandemia provino de una comisión de dos millones de euros por mediar en la compraventa de mascarillas y guantes. Además, facturó casi otro millón de euros al grupo empresarial Quirón Salud. Para reducir su factura fiscal, González Amador se apoyó en cuatro empresarios que emitieron facturas por trabajos no realizados, lo que permitió inflar los gastos de su empresa artificialmente.
El ático donde vive Ayuso
El fraude fiscal también destapó detalles sobre las propiedades y el estilo de vida del empresario. Tras el lucrativo negocio durante la pandemia, González Amador adquirió un piso valorado en 2,8 millones de euros donde vive con Ayuso, así como otra vivienda justo encima, propiedad de empresarios vinculados a él. Ni González Amador ni Ayuso han explicado públicamente las circunstancias exactas que les permiten disfrutar de este ático de lujo.
El caso ha tenido repercusiones políticas significativas, ya que la relación entre González Amador y Ayuso ha puesto bajo escrutinio la integridad del gobierno regional. Ayuso ha defendido a su pareja, alegando que se trata de una persecución política, y ha criticado duramente a la Fiscalía y al gobierno central. Esta narrativa victimista ha sido una constante en su discurso, buscando desviar la atención de las acusaciones concretas contra González Amador.
Querella contra los fiscales
Además del fraude fiscal, González Amador ha presentado una querella contra dos fiscales por revelación de secretos. Esta acción legal se produjo después de que la Fiscalía emitiera un comunicado para desmentir informaciones falsas difundidas por el entorno de Ayuso. La querella alega que los fiscales difundieron información confidencial sobre los correos en los que González Amador admitía los delitos fiscales, lo que ha añadido una capa adicional de conflicto al caso.
La sesión de este lunes podría ser decisiva. Si González Amador y los otros imputados logran un acuerdo con la Fiscalía, es probable que no tengan que declarar y el caso se resolvería rápidamente. De lo contrario, el juicio seguiría su curso y podría resultar en penas de prisión más severas. El caso se presenta como un examen tanto para el sistema judicial como para las prácticas empresariales y políticas en España.
El caso de Alberto González Amador no solo pone en tela de juicio las prácticas fiscales de un empresario, sino que también subraya la necesidad de transparencia y responsabilidad en las esferas política y empresarial. Mientras se espera la resolución del caso, la atención sigue centrada en cómo se desarrollarán los eventos y cuáles serán las repercusiones para todos los implicados.
