Pedro José Trevijano es presidente del Tribunal Constitucional. Este miércoles, los llamados vocales progresistas le pidieron que diese el visto bueno a los dos candidatos designados por el Gobierno para cubrir las vacantes del organismo: Juan Carlos Campo y Laura Diaz. No hubo nada que hacer. Trevijano, que está en funciones desde hace dos meses y medio, se ratificó en la idea de que no van a pronunciarse sobre estos nombramientos hasta el día 22 cuando, supuestamente, el pleno del Consejo General del Poder Judicial debe designar a los otros dos candidatos. Algo, por cierto, que se antoja cada vez más difícil porque los vocales conservadores siguen bloqueando esos nombramientos. Así pues, la cosa se ha complicado. Ya no sólo es el CGPJ sino también el TC las dos instancias que funcionan bajo mínimos. La crisis institucional es un hecho evidente. Y nadie sabe qué puede pasar a partir de ahora.
Aunque no lo ha manifestado en público, en el entorno de Trevijano aseguran que el presidente rechaza a los dos candidatos propuestos por el Gobierno porque su presencia “politizaría”, aún más, la Alta Magistratura. Y, además, es partidario de que esta designación vaya acompañada de la que tiene que hacer el CGPJ y no por partes como quieren en Moncloa. Argumenta que la legislación dice que así debe de hacerse, aunque en no consta normativa que especifique tal circunstancia
En cuando al perfil de los candidatos, Trevijano no tiene en cuenta dos cosas. En primer lugar, que el comisario de justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha dejado claro que “en los tribunales constitucionales de otros países miembros de la UE hay exministros”, con lo que cierra la puerta al reproche que Núñez Feijóo busca en Bruselas. Y, en segundo lugar, que ya hay antecedentes de la presencia de ex altos cargos en la Magistratura.
El Partido Popular introdujo en el TC a destacados miembros del partido. Incluso algún ex alto cargo.
Francisco José Hernando fue presidente del TC. Hernando fue un referente del PP y opositor activo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Enrique Arnaldo, vocal en la actualidad, es conferenciante habitual de la fundación que preside José María Aznar, la FAES. Critica abiertamente los supuestos de interrupción del embarazo cuando tiene que pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Plazos de la Interrupción del Embarazo. Y nunca ha dicho que vaya a abstenerse. Por cierto, Arnaldo estuvo imputado en el caso Palma Arena, por malversación, cohecho y contratación amañada por el gobierno balear. Curiosamente fue desimputado justo cuando el PP propuso su nombramiento. Un nombramiento que a los socialistas no les quedó mas remedio que aceptar, aunque entonces se dijo que “votaron con la nariz tapada”. Además, Arnaldo aparece en el sumario del Caso Lezo en unas conversaciones telefónicas grabadas donde dice que hay que buscar jueces afines para que beneficien al principal investigado, el exvicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González.
Pero el caso más significativo es el de Enrique López. Actual consejero del gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue miembro del TC y, al mismo tiempo, era asesor en materia de justicia en Génova.
En fuentes próximas al sector judicial conservador se argumenta que no es el mismo caso ya que Juan Carlos Campos dejó de ser ministro hace año y medio. Y que él y su compañera Laura Díaz son claros referentes de los socialistas.
El Gobierno sabe lo que hace cuando ha elegido esos dos perfiles. No quiere que ocurra lo que pasó con dos candidatos designados en tiempos de Rodríguez Zapatero. Manuel Aragón fue nombrado por el PSOE y se pasó al bando conservador. Permitió la sentencia que mutiló el Estatuto de Autonomía de Catalunya después de que lo hubiera aprobado el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, por el Parlament, y ratificado en referéndum. La sentencia, en la que participó Aragón, ha sido considerada por amplios sectores sociales como una de las más reaccionarias de la reciente historia democrática de este país. Sin duda provocó una gran frustración en la sociedad catalana que sirvió de caldo de cultivo a los independentistas con los desastrosos resultados de todos conocidos.
Y está el caso de Encarnación Polo, que llegó al Constitucional gracias a los votos de los diputados del PSOE y CiU. También se pasó al bando conservador. Su voto sirvió para declarar inconstitucional el estado de alarma decretado durante la pandemia.
Y ya se sabe. Gato escaldado huye del agua fría. El Gobierno no quieren que vuelva a pasar eso. Y busca para el Constitucional perfiles lo más afines posibles. Sabe que ya no habrá pacto con el PP en materia judicial en lo que resta de legislatura. Y quiere que el juego de mayorías y minorías en el TC se incline del lado progresista. Incluso a sabiendas de que Campo y Díaz deberán abstenerse en algunos asuntos por haber participado en las leyes cuya constitucionalidad se va a debatir.
Es por eso por lo que los conservadores van a poner cantidad de piedras en el camino. Para evitar que las instituciones pasen a manos de quienes tienen, hoy por hoy, la mayoría social del país.
