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Las demandas económicas que marcan el debate de la investidura de Sánchez

Desde cambios en la Ley de Vivienda hasta la revisión de la reforma laboral y la transferencia de fondos a las comunidades autónomas, plantean un desafío considerable para el líder socialista en su búsqueda de apoyo político

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha concluido su ronda de contactos con diferentes partidos políticos para recabar apoyos en su proceso de investidura. Durante estas reuniones, se han planteado una serie de demandas económicas por parte de los diversos grupos parlamentarios, lo que plantea un escenario desafiante para Sánchez en su búsqueda de formar un gobierno estable.

Demanda de reducción de la jornada laboral y encarecimiento del despido:

Durante las conversaciones, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, presentó una propuesta que busca avanzar hacia la reducción de la jornada laboral y aumentar los costos de los despidos, específicamente recuperando la indemnización de 45 días por año trabajado en casos de despidos improcedentes. Esta propuesta tiene como objetivo principal la protección de los derechos de los trabajadores en un mercado laboral en constante cambio.

Revisión de la reforma laboral:

En este contexto, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), en colaboración con Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, se opuso previamente a la reforma laboral de 2021 debido a las condiciones de indemnización de 33 días por año trabajado. En la ronda de conversaciones con Pedro Sánchez, Néstor Rego, diputado del BNG, ha aprovechado para exigir un encarecimiento del despido. Además, plantea la transferencia de la autopista AP-9 a Galicia y la eliminación de los peajes en esta vía como parte de las condiciones para su apoyo en la investidura.

Peticiones relacionadas con la ley de vivienda:

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha expresado su preocupación por la Ley de Vivienda y considera que esta norma invade las competencias de las comunidades autónomas. Si bien no tiene objeciones en cuanto al contenido de la ley, muestra discrepancias en relación con la invasión competencial y sugiere la necesidad de revisarla.

Demanda de transferencia de fondos a comunidades autónomas

Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria, insiste en la transferencia de partidas presupuestarias pendientes a las islas, que ascienden a más de 130 millones de euros. A pesar de mantener su negativa a apoyar a Sánchez en la investidura, Valido indica que podrían reconsiderar su posición en función del avance en estas transferencias.

Petición de Financiación Equitativa:

Por último, Compromís, un partido que forma parte de la coalición Sumar, exige una financiación equitativa para la Comunidad Valenciana, argumentando que el sistema actual genera discriminación hacia los valencianos en términos de financiación.

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