El pulso político entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se recrudece. Esta vez, el motivo del enfrentamiento es la memoria democrática. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha enviado un requerimiento a la Comunidad de Madrid para negociar la modificación de una reforma legal aprobada en diciembre, que otorga a Ayuso la potestad de vetar cualquier cambio en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño. De no alcanzarse un acuerdo, Sánchez llevará el conflicto al Tribunal Constitucional (TC), al considerar que la norma madrileña invade competencias estatales.
Desprecio a las víctimas del franquismo
La reforma, impulsada por el PP madrileño gracias a su mayoría absoluta en la Asamblea, exige la autorización previa del Consejo de Gobierno regional para instalar de forma permanente cualquier placa o distintivo en la Real Casa de Correos. Una medida que obstaculiza el plan del Ejecutivo central para recordar que este emblemático edificio fue, durante la dictadura franquista, sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se cometieron torturas, encarcelamientos y vejaciones entre 1939 y 1979.
El Ministerio de Política Territorial sostiene que la reforma madrileña despoja a la Administración General del Estado, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a la Dirección General de Atención a las Víctimas de competencias clave. Esta situación, señalan desde el Ejecutivo central, es incompatible con la Ley de Memoria Democrática, que ampara la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria histórica.
Ante el requerimiento del Gobierno, Ayuso no tardó en reaccionar: "El ministro canario recibirá una ilustrativa carta donde le informaremos de algunos lugares que nunca declaró franquistas en Canarias, mientras tiene sus confundidos ojos puestos en Madrid", escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Esta respuesta evidencia la falta de voluntad de la Comunidad de Madrid para llegar a un entendimiento.
El ministro canario recibirá una ilustrativa carta donde le informaremos de algunos lugares que nunca declaró “franquistas” en Canarias, mientras tiene sus confundidos ojos puestos en Madrid.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 19, 2025
Y mira que tuvo tiempo. pic.twitter.com/72EHnBlOKN
Este nuevo episodio se enmarca en un continuo enfrentamiento entre ambas administraciones, profundizado por la negativa del Ejecutivo regional a participar en los actos conmemorativos del 50º aniversario de la muerte de Franco. La Comunidad de Madrid defiende que la etapa de las torturas de la DGS representa solo un 15% de la historia del edificio y que una placa afectaría a su uso administrativo e invadiría competencias autonómicas.
Por su parte, el Gobierno central replica que la colocación de una placa no debería interferir en el funcionamiento normal del edificio. "Miles de personas visitan cada año la Real Casa de Correos para ver su Belén o escuchar villancicos. ¿Por qué habrían de perturbar su actividad una placa y una explicación histórica?", se preguntan fuentes gubernamentales.
Además, el Ejecutivo central destaca que el edificio ya cuenta con otras placas conmemorativas, como las dedicadas a los héroes del Dos de Mayo, a las víctimas del 11-M y a quienes murieron durante la pandemia de la COVID-19. "Si estos homenajes no afectan al uso administrativo del inmueble, no hay razón para que lo haga una placa que recuerde su pasado como sede de la DGS", subrayan.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también se ha sumado al debate. En un escrito dirigido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la organización ha reclamado que se señalice la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. Emilio Silva, presidente de la ARMH, sostiene que "las instituciones democráticas tienen el deber de reconocer a quienes se atrevieron a enunciar la palabra libertad cuando estaba prohibido hacerlo". Silva critica que "el PP pone placas del 11M y del COVID, pero sobreactúa para ocultar su historia".
La ARMH recuerda que en los últimos veinte años se han instalado placas que conmemoran sucesos que no ocurrieron en el edificio, como los atentados del 11-M. "Si se pueden conmemorar estos hechos, es incomprensible que se niegue un homenaje a las personas que sufrieron detenciones ilegales y torturas durante la dictadura franquista", argumentan.
Este conflicto, que podría resolverse en el TC, refleja un enfrentamiento que va más allá de la política regional. Se trata de un pulso sobre la memoria histórica, el reconocimiento de las víctimas del franquismo y el papel que deben jugar las instituciones en la preservación de la verdad histórica. De no alcanzarse un acuerdo en la comisión bilateral, será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra sobre si Ayuso puede vetar o no el recuerdo de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España en la sede del Gobierno madrileño.
