El nuevo fascismo que emerge con fuerza en todo el mundo empieza a dejarse sentir en el día a día de la gente. Y quienes mejor lo saben son aquellas mujeres que, tras un largo y tortuoso proceso de reflexión personal, deciden abortar. De un tiempo a esta parte, los grupos ultras han puesto la diana en las clínicas para la interrupción del embarazo, incluso recurriendo a prácticas coercitivas propias de regímenes totalitarios, teocráticos y patriarcales. Amenazas contra médicos y enfermeras, agresivas campañas de desinformación, persecución de mujeres a las puertas de los centros sanitarios y otras conductas delictivas se han convertido en un argumento hasta hace bien poco reservado a las novelas y películas distópicas como El cuento de la criada, el relato de la autora canadiense Margaret Atwood que habla de la República de Gilead, un país dictatorial surgido tras una guerra civil en Estados Unidos donde las pocas mujeres fértiles que quedan, llamadas “criadas”, son entregadas a las clases dominantes para la procreación forzosa y la esclavitud sexual.
En España, la actual legislación permite abortar libremente hasta las 14 semanas de gestación. Pero nuestro país empieza a parecerse demasiado a Gilead. La mayoría de las veces, las mujeres se sienten solas y desamparadas frente a los fanáticos, que las abordan en plena calle para tratar de convencerlas de que no lleven a cabo la intervención. Es entonces cuando las apabullan con sermones religiosos que las hacen sentir como pecadoras o, peor aún, como crueles infanticidas. Las abruman con folletos, con ecografías de fetos mutilados y con otras monstruosidades que causan un grave daño psicológico a la mujer, cuya emocionalidad llega ya bastante deteriorada al momento del bisturí. Todo eso está ocurriendo, y no en lejanos países controlados por un régimen clerical fundamentalista y una represiva Policía de la Moral, sino aquí, en España, en un Estado democrático de la Unión Europea y en pleno siglo XXI.
Un informe elaborado en el año 2018 por ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo) analiza el impacto de todas estas prácticas reaccionarias en la salud mental de las mujeres, que no solo tienen que hacer frente al trauma del aborto sino al hostigamiento de los ultras, algunos de ellos disfrazados de falsos curas o monjas para infundir un mayor respeto o causar una mayor impresión a la víctima. Según este estudio, el acoso a los centros de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una “realidad recurrente en España desde la despenalización del aborto en 1985. De hecho, fue la situación de acoso a mujeres y profesionales lo que, en buena medida, llevó a las fuerzas progresistas, profesionales de IVE, organizaciones sociales, sindicales y plataformas feministas españolas a intervenir pública y políticamente para procurar un cambio legislativo”.
Sería imposible dar una cifra concreta, pero se sospecha que cientos de mujeres son coaccionadas cada año a las puertas de las clínicas. La ley de 2010, que reconoció el derecho a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas, trató de proporcionar un marco de seguridad jurídica tanto a la mujer como a los trabajadores del sector. Sin embargo, pese al notable avance que supuso, no logró acabar con el acoso. El hostigamiento a las puertas de las clínicas no solo no ha cesado, sino que se ha transformado, adoptando nuevas formas más sofisticadas para que los autores de la extorsión puedan eludir la acción de la Justicia. En estos años, los grupos ultras han estudiado a fondo cuáles son los límites legales de sus protestas, hasta dónde pueden llegar, lo que pueden y lo que no pueden hacer según la nueva normativa y el derecho penal vigentes, y después, bien adoctrinados y entrenados, se han lanzado a las calles con el manual de activista provida bajo el brazo y dispuestos a darse sin pudor a la caza de la abortista, a la que odian tanto como al mismísimo Diablo. “Podemos afirmar que miles de mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas, amenazadas de algún modo”, asegura el informe.
Detrás de cada acoso hay una trágica historia personal. De modo que cabe preguntarse cómo se sienten ellas, en su fuero interno, ante la acción implacable de estos grupos fanatizados que actúan ya sin complejos. ¿Ceden al chantaje y al miedo o por el contrario continúan adelante con el aborto, desafiando con valor a los comandos de la nueva moral nacionalcatolicista más rancia y recalcitrante? Son muchos los interrogantes de una realidad tan sórdida como soterrada, ya que a menudo los relatos de las afectadas no trascienden al gran público, quedan ocultos, sin que se llegue a saber lo que ocurrió. Es seguro que detrás de cada una de esas mujeres hay un drama a menudo silenciado. El informe de ACAI se centró en una completa encuesta realizada a 300 damnificadas por el activismo agresivo y despiadado de los grupos provida. Además, el estudio siguió la pista a las organizaciones que despliegan este tipo de proselitismo a caballo entre lo religioso y lo político. Si bien los grupos provida van rotando por diferentes puntos de la geografía española para esquivar a la Policía, prácticamente todos los centros de IVE se han visto afectados, de un modo u otro, en algún momento. La asociación se centró, sobre todo, en un puñado de clínicas situadas en Madrid, Andalucía y Albacete (Ginecenter, Iris Médica, Ginesur Málaga, Ginesur Algeciras, Gynetrisur, Isadora y El Bosque).
La primera conclusión del informe, nada tranquilizadora, revela que tan solo un uno por ciento de las mujeres encuestadas reconoció que el abordaje sufrido le había resultado “indiferente”. La inmensa mayoría de ellas, hasta un 73 por ciento, se sintió “muy molesta” por una intromisión en su vida personal que, a fin de cuentas, no deja de ser un atentado contra la intimidad, derecho fundamental protegido por la Constitución Española del 78. Todas confesaron haber sufrido el acoso mediante diferentes formas, como el violento intento de adoctrinamiento verbal, la entrega en mano de folletos publicitarios antiabortistas, la obstrucción del paso cuando trataban de entrar en la clínica y un macabro obsequio: pequeños bebés de goma, diminutas réplicas de fetos que causan una profunda impresión a la afectada por el embarazo no deseado. En casi un 40 por ciento de los casos, las mujeres acosadas fueron víctimas de alguno de estos métodos intimidatorios prohibidos por la ley. Otras tuvieron que soportar insultos y menosprecios a sus valores morales, ideas políticas o creencias religiosas. E incluso hubo alguna que fue “agarrada y zarandeada al intentar acceder al centro sanitario”. En general, las encuestadas calificaron el incidente como “desagradable”, “molesto” y una “violación de su intimidad”. Pero, quizá, uno de los datos que más conmueven es que casi el cien por cien se mantuvo firme en su decisión inicial y decidió seguir adelante con el protocolo médico. Lo cual demuestra que las mujeres no son tan débiles, ni tan frágiles, ni tan maleables como creen esos comandos de exaltados o extremistas. Aquella que aborta sufre un trauma, pero demuestra ser realmente fuerte para salir adelante tras una experiencia tan física y psicológicamente dolorosa. Un trance agravado por las cuadrillas de reaccionarios que juegan con el sufrimiento humano.
Otro aspecto interesante del estudio sociológico patrocinado por ACAI es que la mayoría de las víctimas del acoso (hasta un 95 por ciento) considera que este tipo de prácticas deberían estar más perseguidas. En realidad, lo están. En primer término, por la ley; en segundo lugar, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional –que ya ha dado la razón a las mujeres en su batalla contra las hordas intolerantes–, y finalmente por la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cuestión distinta es que los poderes públicos estén poniendo todos los medios a su alcance para reprimir a los infractores. Buena parte de las afectadas muestra su incredulidad al enterarse de que las administraciones son conocedoras de lo que está ocurriendo y no hacen nada para evitarlo. Solo el 2 por ciento no se pronuncia sobre la supuesta desidia de las autoridades.
En teoría, la situación de desamparo debió haber cambiado a mejor tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 que, trece años después, rechazó el recurso del Partido Popular avalando la actual ley de plazos, y con la última reforma del Código Penal que castiga el acoso a las mujeres con penas de hasta doce meses de prisión. En efecto, un año antes de la histórica resolución del alto tribunal, el Congreso de los Diputados había aprobado (con los votos en contra de PP y Vox) la ley orgánica que prohíbe estas prácticas. De esta manera, la reforma final del artículo 172 del Código Penal establece claramente que serán punibles los actos de quien “para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”. El texto legal añade que los tribunales podrán imponer al infractor la prohibición de acercarse a las clínicas y a los domicilios de las víctimas por períodos de entre seis meses y tres años. Además, se contemplan trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y las mismas penas para quien acose al personal sanitario.
Nada de eso ha impedido que se sigan organizando aquelarres ultras a las puertas de las clínicas abortivas. Como tampoco han servido las reuniones mantenidas entre los responsables de ACAI y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Todos los contactos entre el Gobierno y los centros han terminado con hermosas palabras y promesas, pero lo cierto es que, a día de hoy, siguen sin tomarse medidas contundentes ante las coacciones y abusos a plena luz del día. La única explicación que se ofrece desde el departamento de Interior es que “las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan en todo momento para garantizar el cumplimiento de la ley”. Un brindis al sol.
Vox se opuso a la nueva normativa antiacoso tras haber intentado frenarla en sede parlamentaria. Lo cual lleva a pensar que puede estar prestando una cobertura fundamental (cuando menos política) a los grupos provida, que necesitan de una cierta logística para seguir llevando a cabo sus acciones callejeras. El partido neofranquista es totalmente contrario al aborto, y su cruzada contra el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo forma parte de esa delirante “batalla cultural” que ha emprendido para derogar todos los avances sociales y políticos logrados en este país desde la muerte del dictador en 1975. Lógicamente, el oscuro plan que atenta directamente contra el corazón del feminismo y la liberación de la mujer se encuadra en una trama internacional más amplia en la que participan otros partidos ultraderechistas americanos y europeos y en la que está muy presente El Yunque. “Esa historia yo empiezo a investigarla. Son una secta maléfica que ha sido condenada en firme. Hazte Oír era El Yunque, Profesores por la Ética era El Yunque... Es que ha habido un elemento, digamos, de una derecha tóxica, que es la de El Yunque, que es una derecha totalitaria, que es una derecha profundamente corrompida y que está condenada oficialmente, y además demostrado que Hazte Oír es Rocío Monasterio...”, afirma el polémico periodista Federico Jiménez Losantos –nada sospechoso de ser un peligroso representante de la izquierda woke ni un comunista bolivariano– en una entrevista para ABC. En un momento de su intervención, Losantos matiza sus palabras y asegura: “No digo que esa gente, que la cúpula de Vox, sea de El Yunque. Lo que sí sé es que no lo han querido combatir, solo lo han visto cuando han pensado que nacía un partido distinto. Mientras han creído que lo tenían dentro, les venía bien”. Según el presentador radiofónico, esta confluencia permitió que se creara una dinámica “terrible” en las redes sociales “peor que Podemos”.
El Yunque es una organización secreta, ultracatólica, anticomunista, antisemita, antiliberal y de extrema derecha (con rasgos fascistas) de origen mexicano. Sus ramificaciones se extienden ya por todo el mundo con un único propósito: “Defender la religión, luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la Tierra”. En ese plan oculto, la mujer liberada, autónoma e independiente que toma sus propias decisiones constituye para ellos una amenaza, uno de los enemigos a batir, al igual que el político socialista, el intelectual de izquierdas, el musulmán o el homosexual. Hay razones suficientes para creer que muchos de estos grupos ultrarreligiosos están siendo financiados por poderosas organizaciones en la sombra.
“Me hicieron sentir como una asesina”
Las mujeres que han sufrido el hostigamiento de los antiabortistas narran la experiencia como una especie de pesadilla. Algunos de los relatos recogidos en el informe de ACAI (manteniendo el anonimato de la víctima para evitar posibles represalias) son reveladores y constituyen auténticos gritos de angustia y desesperación. “He llegado a la clínica muy nerviosa porque abortar no es fácil, pero para mí lo peor ha sido el acoso que he sufrido por parte de unos hombres (no sé ni quiénes son), que me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que aquí dentro mueren mujeres. He querido llorar y marcharme a casa”, afirma una de las encuestadas. “Entré en la clínica con un ataque de histeria que no se me pasó hasta que no hablé con el personal de la clínica, fueron muy cariñosos y comprensivos, me dijeron que si necesitaba ir a casa y volver otro día no había problema. Finalmente, decidí hacerlo y me fui. Esta gente no tiene derecho a estar ahí y presionarnos con mentiras. Esto [el aborto] es legal y el Estado lo cubre. ¿Por qué no van a la Seguridad Social a molestarles allí? En la clínica me han tratado maravillosamente, así que no quiero que mientan y digan esas cosas, para que a ninguna mujer más le pase esto”, relata otra afectada por las coacciones.
Pero hay más testimonios sangrantes: “Me han puesto muy nerviosa y no me dejaban en paz por mucho que yo se lo pedía”. O esa otra muchacha que denuncia la situación vivida: “Espero que esas mujeres [las activistas provida] se den cuenta del mal que nos hacen al estar aquí”. Otras declaraciones dejan patente el estado alterado de las que se enfrentan al trance: “Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo (el niño venía mal); horrible, no sé si esto es legal”. “Es muy desagradable encontrarte con estas personas en un momento de vulnerabilidad, debería estar prohibido tal acoso”, añade una damnificada. “Están utilizando la religión y fotos del Papa para molestar. Además, vivimos en un país libre y democrático”, afirma otra. “No hay derecho a que te hagan sentir estúpida y mala, hay que respetar la decisión de cada persona. ¡Respeto!”
Cientos de historias hablan de este chantaje consentido por un Estado que ya ha arrojado la toalla, permitiendo que los fanáticos religiosos campen a sus anchas. Decenas de mujeres españolas están pasando por una experiencia torturante que pone en grave riesgo su integridad mental. Los “rescatadores” (así se llaman a sí mismas, eufemísticamente, las brigadillas radicalizadas) las acosan con rezos, plegarias y cánticos bíblicos cuya única finalidad no es sino provocar sus remordimientos, hacerlas sentir culpables, pecadoras y criminales. Exactamente como en los tiempos del medievo, cuando a la mujer que trataba de ser libre se la perseguía y se la llevaba ante un tribunal de la Santa Inquisición. “Había dos mujeres bloqueando el paso a la clínica, entregando papeles y ofreciéndome ir a tomar café”, añade otro testimonio documentado en el informe. “Había carteles comparándonos con el genocidio nazi”, explica una afectada (curioso, cuando menos, que gente admiradora del nazismo trate de atormentar a otras personas acusándolas de profesar la ideología que ellos mismos practican). “Me han dicho que no mate a mi hijo y que me podrían ayudar al crecimiento del niño con pañales y latas de leche”, alega una solicitante que finalmente abortó. “Me hacen sentir vulnerable, ya que pierdo totalmente mi privacidad al verme expuesta de ese modo. Además, uno de ellos llevaba el móvil en la mano”, prosigue otra denunciante. Los testimonios son innumerables y hablan de una situación crítica: el triunfo de la intolerancia que intenta cosificar y pisotear a la mujer.
Las tácticas empleadas por los grupos llamados provida no se diferencian demasiado del matonismo pandillero, pero ellos siguen actuando, pese a la nueva legislación, con total impunidad. “Queridos voluntarios de 40 Días por la Vida. ¡Estamos a las puertas de la próxima campaña! El miércoles 27 de septiembre damos inicio a la campaña de ayuno y oración”, proclama uno de los acólitos en el habitual tono panfletario y adoctrinador. El portavoz llama a concentrarse a las puertas de los centros que practican interrupciones del embarazo para “rezar por el fin del aborto” durante un mes y diez días, una convocatoria que se repite anualmente al menos dos veces. El abogado y asesor jurídico de ACAI, José Antonio Bosch, asegura que dos años después de la nueva ley que persigue a los infractores, la presencia de estos grupos es permanente. “Tenemos un período fuerte, que son las campañas de los cuarenta días por la vida y la campaña de Cuaresma, y luego suele venir un pequeño decaimiento conforme va avanzando la primavera y entrando el verano, para incrementarse de nuevo en otoño”, explica Bosch. Se ha constatado que en los días más señalados del calendario religioso la actividad de estos grupos, en la calle y en redes sociales, se incrementa de forma ostensible. Además, Sílvia Aldavert, coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, asegura que los ultras se han adaptado a la nueva normativa “y tienen muy medido cómo actuar para no traspasar los límites: nunca son muchas personas, tienen mucho cuidado de no utilizar mobiliario urbano y hasta reciben instrucciones de cómo actuar si acuden los Mossos d’Esquadra. Saben lo que tienen que hacer y decir”, informa El Salto Diario.
Desde ACAI reclaman que se establezca un perímetro de seguridad alrededor de las clínicas, pues consideran que es la única medida eficaz para acabar con el acoso. Así al menos lo establece la ley, que también en ese aspecto parece haber quedado en papel mojado. “Habría que prohibir rezar a cincuenta metros de los centros”, añade Bosch. Para el abogado, es “absurdo” que la policía no disuelva las concentraciones, lo que lleva a pensar que entre las fuerzas de seguridad circulan órdenes de los altos mandos para no interferir demasiado en un asunto social de alto voltaje que puede estallar en cualquier momento, a poco que salte la chispa de la crispación. De hecho, ya se han registrado incidentes. En mayo de 2023, un centenar de personas acudía a rezar a la clínica Dator de Madrid sin que ninguna autoridad o administración pública intentara detener la convocatoria. Entonces se produjeron las habituales contramanifestaciones de las activistas de Femen con su torso desnudo. “Estamos aquí para denunciar que el aborto libre en España está garantizado por ley y debe protegerse”, aseguró la portavoz nacional de esta asociación, Lara Alcázar. Solo cuando los tribunales actúan imponiendo medidas cautelares u ordenando que determinados grupos no se acerquen a las puertas de las clínicas se consigue evitar el acoso. Pero la maquinaria judicial es lenta, otro inconveniente que, al igual que ocurre con la inoperancia del sistema en los casos de violencia machista, suelen pagar caro las mujeres.
El artículo 172 del Código Penal castiga el delito de coacciones, un tipo legal siempre difícil de demostrar. Cuando se presenta en grado leve, solo es perseguible mediante denuncia de la agraviada o de su representante legal. Es decir, si la mujer no denuncia o no se implica en el procedimiento, el hecho queda impune, aunque haya testigos de la presunta coacción. Lo hemos visto estos días con el juicio a Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol sentado en el banquillo por su beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso. La futbolista y algunas de sus compañeras se quejaron de haber sufrido presiones para que se restara importancia al episodio ocurrido al término de la final del pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, para el juez sentenciador esas injerencias del entorno de Rubiales no tuvieron la entidad suficiente como para ser calificadas como un delito de coacciones. Quizá sea esa inseguridad una de las razones que lleva a las mujeres acosadas en las clínicas a descartar un juicio incierto contra sus agresores, un pleito que quizá tengan perdido de antemano. Y eso es algo que los funestos “rescatadores” saben perfectamente. De hecho, según el informe de ACAI, la mayoría de las escasas denuncias interpuestas han sido archivadas por falta de pruebas en algún momento del procedimiento. En ese sentido, son tan excepcionales como dignos de mención los casos de jueces que deciden abrir un sumario contra estas asociaciones cada vez más poderosas. Así, en octubre de 2022, un juzgado de Donostia dictó medidas de alejamiento contra los agresores, a los que obligó a situarse a una distancia mínima de cien metros de la clínica. Además, el juez subrayó la necesidad de hacer cumplir la reforma legal del Gobierno para proteger los derechos de las afectadas. Fue un revés en toda regla a los grupos provida, ya que, según la resolución, los antiabortistas disponían de otras opciones o alternativas para protestar y demostrar “su postura legítima” en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso sí, tal como puntualizó la propia autoridad judicial, siempre que no pongan en riesgo la integridad y la salud mental de la mujer.
Bajo el paraguas del derecho a la libertad de expresión, que suele servir como excusa para todo al tolerado mundo ultra, los integrantes de estas bandas de la intransigencia siguen acosando a la mujer sin que se les pueda parar los pies. Se sienten impunes y, de alguna manera, lo son. Todo eso lo saben las diferentes administraciones públicas, los Gobiernos regionales y los ayuntamientos pequeños o de capitales de provincia, que cuentan con normativas y policía suficientes para impedir que los grupos ultras instalen sus tenderetes “informativos” en la vía pública, abran oficinas o sucursales en las proximidades de las clínicas y lleven a cabo sus actividades de proselitismo sin ningún límite ni control. En la mayoría de las ocasiones, los mandos policiales no encuentran motivo alguno para impedir las campañas de presión social, ya que consideran estas actividades como manifestaciones perfectamente legales. Una vez más, son aislados los casos de alcaldes que se deciden a hacer cumplir la ley, como el consistorio de Málaga donde, tras una reunión entre ACAI y la concejala de asuntos sociales, la Policía Local desplegó un eficaz dispositivo alrededor de un centro sanitario, donde los ultras acostumbran a concentrarse para soltar sus rogativas, plegarias y amenazas contra las pacientes. En el municipio malagueño, las normativas municipales dictadas para crear “espacios de convivencia” ciudadana parecen haber dado ciertos resultados positivos, al menos por el momento. No obstante, el problema no se solucionará mientras no se implante la tolerancia policial cero con los radicales. Sin agentes patrullando las calles, la ley se diluye como agua de borrajas.
En ocasiones, los antiabortistas construyen auténticas redes formadas por oficinas y delegaciones rodeando a los centros sanitarios que ponen en su siniestra diana. Es lo que ocurrió recientemente con los cinco locales abiertos en torno a la Clínica Dator de Madrid. Asociaciones como Refugio ProVida, Mi Primera Ecografía, Fundación Red Madre, Asociación de Ayuda a la Mujer Embarazada y Fundación Madrina formaron un complejo de bajos comerciales a modo de inmobiliarias con el que camuflaron sus actividades y lograron eludir las posibles sanciones.