En los últimos años, la opinión pública española ha evolucionado ante el siempre controvertido asunto del aborto. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en 1979 el 60 por ciento de la población estaba en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que en 2011 solo el 26 por ciento se oponía. Sin embargo, el reciente auge de la extrema derecha puede estar cambiando, una vez más, la mentalidad colectiva. La sociedad española, influida por la ola de trumpismo antifeminista que llega de Estados Unidos, empieza a ver con otros ojos la problemática del aborto. Sobre todo, la población más joven, entregada a ideologías ultraconservadoras. Así, uno de cada cuatro hombres jóvenes (el 23,1 por ciento de los encuestados), considera que la violencia de género es un “invento ideológico”, por lo que ya no cree en la lucha contra el machismo. Los neofascistas están ganando la “batalla cultural”, tal como se ha podido comprobar en las recientes elecciones en Alemania, donde los herederos del nazismo se han disparado en las urnas con un 20,8 por ciento de los votos. Paradójicamente, el partido nostálgico del Tercer Reich está dirigido por Alice Weidel, una lesbiana que vive en pareja con dos hijos adoptados. Los ultras de hoy son individuos realmente paradójicos: rechazan la cultura feminista, pero se benefician de las conquistas realizadas por la mujer en las últimas décadas. El mundo al revés fascista es todavía más incomprensible hoy que hace cien años.
Esta nueva situación tiene mucho que ver con el arrollador poder de influencia irradiado por el nuevo conservadurismo yanqui (nostálgicos de los autoritarismos del siglo pasado, si nos atenemos al saludo romano hitleriano que algunos estrechos colaboradores de Trump como Elon Musk, Steve Bannon y otros han puesto de moda en mítines y actos públicos). Nada más llegar a la Casa Blanca, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que contempla la creación de un grupo de trabajo, dentro del Departamento de Justicia, para erradicar el “sesgo anticristiano” en el que, según él, había caído el Gobierno federal. La fiscal general, Pam Bondi, estará al frente de ese comité que, tal como regula la nueva normativa presidencial, tendrá como misión principal revisar las actividades de todos los departamentos y agencias gubernamentales durante los años de la Administración Biden (2021-2025), así como identificar cualquier política o práctica “anticristiana” contraria al recién instaurado régimen autócrata/trumpista. Siendo más precisos, y de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, el objetivo de la disposición sería “proteger a los estadounidenses” de prácticas que, como el aborto, presuntamente atentarían contra Dios.
El golpe a la democracia en Estados Unidos, con abolición de las grandes conquistas sociales, no solo ha sido político. La religión también empieza a impregnar cada rincón de la vida política en una de las democracias más consolidadas del mundo (ya se habla de implantar el creacionismo en las escuelas, previa abolición de la teoría de la evolución de las especies de Darwin) y cuando esto sucede la ley penal termina convirtiéndose en un código moral de obligado cumplimiento para todos donde se penalizan conductas que hasta ahora eran consideradas derechos fundamentales de las personas. América se talibaniza, crece el integrismo ultrarreligioso (católico o protestante), y cada día que pasa parece más evidente que la primera superpotencia ha caído en manos de un grupo integrista del cristianismo que ve a la mujer como un objeto sin autonomía ni voluntad propias, un ser sometido a las decisiones del patriarcado imperante y a sus trasnochados códigos éticos. Trump, líder del movimiento MAGA (Make America Great Again), es visto por sus votantes, acólitos y correligionarios como una especie de mesías iluminado que, Biblia en mano, salvará al mundo del peligro del rojo ateo con cuernos y rabos. Esta secta, nacida del conspiracionismo antisistema y nacionalista más arraigado, sueña con prohibir todo tipo de medidas sanitarias, entre ellas el preservativo –fundamental a la hora de evitar la transmisión de enfermedades venéreas y el virus del sida–, y la píldora del día después. Si tenemos en cuenta que Trump ha colocado a Robert Kennedy Jr., un declarado antivacunas, al frente del Departamento de Salud, no extraña que en las últimas semanas se haya desatado un brote de sarampión, el peor de los últimos años en Estados Unidos, que se ha cobrado la vida de un niño no vacunado y cientos de contagiados.
A esa concepción medievalista de la realidad estamos llegando como consecuencia del retroceso hasta posiciones anacrónicas propias del siglo XIX o incluso más añejas. Esa es la idea que Vox y sus grupos ultracatólicos como Hazte Oír tratan de implantar en España, un país que durante cuarenta años de dictadura nacionalcatolicista vio cómo la mujer era considerada una especie de esclava sin derecho a disponer de su propio cuerpo y bajo el dominio del varón. Por si fuera poco, al búnker neofalangista viene a sumarse la influencia cada vez mayor de las nuevas sectas de origen sudamericano, que amenazan con convertirse en un auténtico lobby contra las políticas feministas de igualdad, como ya ha ocurrido en Estados Unidos, donde los evangélicos han llevado en volandas, hasta la Casa Blanca, a Donald Trump. El magnate neoyorquino jamás hubiese reconquistado la Presidencia sin el apoyo de la colonia latina, entregada a las sectas y al hombre fuerte que les ha prometido recuperar las férreas esencias cristianas. Ya en su primer mandato, Trump regó con un buen maná de dólares en subvenciones y ayudas a los movimientos ciudadanos retrógrados que se oponen al aborto. La obsesión del líder republicano con volver a los tiempos de la familia numerosa como forma de repoblar el país y remontar la baja tasa de natalidad (mientras deporta a cientos de miles de inmigrantes a sus países de origen) es enfermiza. Aquel mandamiento divino, el “creced y multiplicaos”, tiene más importancia para él que cualquier enmienda de la Constitución americana. Porque puede que Trump se proclame alérgico a cualquier tipo de intervencionismo estatal, pero cuando llega la hora de premiar con dinero público a los que le votan no escatima en gastos. En un mundo interconectado y globalizante como la nueva internacional fascista no es descartable que el dinero de Trump, o de otros autócratas reaccionarios como el ruso Putin, esté llegando también a los grupos ultras europeos.
Derechos pisoteados
Las escenas que contemplamos a las puertas de las clínicas anticonceptivas españolas no son más que réplicas de las que se vienen produciendo desde hace tiempo en EE.UU., donde, durante el mandato del demócrata Joe Biden, algunos activistas provida fueron detenidos y condenados por allanar las clínicas que practican abortos o impedir el paso a sus instalaciones. Hoy, esos mismos extorsionadores que fueron encarcelados por acosar a mujeres se benefician de los indultos indiscriminados de la Administración Trump. El nuevo marco ultrarreligioso implantado por el recién elegido presidente republicano hace temblar a los responsables de los programas de salud y aborto. “Como médico, tengo las manos atadas. Cuando estoy interactuando con un paciente, no le estoy diciendo cuál es la mejor atención médica, sino que tengo que hablar de lo que creen mis legisladores que está bien o mal”, asegura la ginecóloga Amna Dermish a la agencia Efe. Después de que el 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo del país acabara con la protección del aborto a nivel federal, han surgido leyes que lo prohíben en diferentes estados y que amenazan a los médicos con duras sanciones como la retirada de la licencia para trabajar o incluso la cárcel. Meses antes del fallo de la Corte Suprema norteamericana, entraba en vigor en todo el Estado de Texas la restrictiva “Ley del latido del corazón”, que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo si se detecta una actividad cardíaca en el feto. Casi al mismo tiempo, Francia reaccionaba ante el ataque a la mujer blindando el derecho al aborto en su Constitución. Una batalla ideológica entre autoritarios y demócratas partidarios de seguir avanzando en derechos y libertades se está librando en todo el mundo. ¿Consiste en eso la Tercera Guerra Mundial? Todo es posible.
En cualquier caso, la gran pregunta es: ¿podemos llegar a ver algo parecido en España, podemos terminar viendo cómo el derecho al aborto es finalmente abolido salvo en contados casos excepcionales como la malformación del feto? Al ritmo al que avanza la extrema derecha en toda Europa (también en nuestro país, donde Vox repunta con fuerza hasta el 20 por ciento de los votos, según las últimas encuestas del CIS), cabe pensar que estos grupos de presión no solo gozarán de cada vez mayor margen de maniobra en aquellos municipios donde el partido de Santiago Abascal haya adquirido poder, sino que reclamarán el cierre de las clínicas públicas y privadas. El escenario puede llegar a ser surrealista, con unas comunidades autónomas donde el aborto será legal y otras donde estará castigado con penas de prisión. Aquellas tristes escenas del pasado con mujeres arriesgando sus vidas en la clandestinidad tras ponerse en manos de carniceros o curanderas sin titulación, o incluso teniendo que marchar a países extranjeros para abortar, volverán a hacerse realidad. El retroceso puede ser importante, tanto como retornar cincuenta años atrás. Ya se están produciendo los primeros movimientos en comunidades como la de Extremadura, donde recientemente se filtró que la Junta preparaba un decreto para regular la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios (ambas materias reservadas al Estado sobre las que las autonomías, en teoría, no tienen competencias). El proyecto de decreto aseguraba que se podrán acoger a la cláusula de conciencia “todos los profesionales sanitarios del ámbito público y privado que estén directamente implicados en la práctica del aborto, lo que tendrán que manifestar con antelación y por escrito”. Es decir, vía libre para que la Sanidad pública se quede sin médicos capaces de practicar intervenciones en condiciones de seguridad para las pacientes. El pasado mes de noviembre, el Gobierno de María Guardiola informó favorablemente al proyecto.
El caso del Madrid de Isabel Díaz Ayuso es todavía más aberrante. En 2024, 18.983 operaciones se llevaron a cabo en clínicas privadas, es decir, el 99,69 por ciento del total. Tan solo se registraron 59 intervenciones en cuatro hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud. La lideresa, siempre tan partidaria del mercado salvaje, de las privatizaciones y de la externalización de servicios (ese magnífico eufemismo tan utilizado por los prebostes del Partido Popular), ha logrado lo que parecía impensable hace solo unos años: convertir el aborto en un suculento negocio para algunos.
En otras comunidades como Murcia la situación no es muy diferente. “Ningún hospital del servicio murciano de salud realiza interrupciones de embarazo en la actualidad”, asegura un trabajador sanitario. ¿Esto ocurre por falta de recursos en los hospitales o por ideología en una región profundamente marcada por la tradición religiosa? Más bien por el segundo factor.
Hasta hace poco, el 15 por ciento de los abortos practicados en España se realizaban en centros públicos. Hoy el modelo imperante sigue siendo el de las clínicas privadas especializadas con las que la Administración local o regional concierta el servicio. Por su parte, la red sanitaria pública aduce como factores de esta falta de cobertura, entre otras razones, la escasa inversión estatal, la objeción de conciencia de los profesionales, el déficit de formación de médicos y enfermeras y el estigma que a menudo recae sobre quien practica el aborto. Esa es la situación real en nuestro país, donde de cuando en cuando aparecen titulares salidos de otro siglo como este: “Ni en la pública ni en la privada, imposible abortar en Jaén”, recogido por la agencia Efe en el año 2023. “Tuve que coger mi coche y desplazarme a Sevilla, a más de 300 kilómetros, a una clínica privada sin más ayuda que la de mi familia”, cuenta Laura Lendínez, de 42 años, una de las muchas mujeres que en los últimos años se han visto obligadas a salir de su provincia para poder abortar. El calvario sufrido por Laura empezó en 2013. Desde entonces, no ha logrado borrar las secuelas, físicas y psicológicas, que le produjo el hecho de verse forzada a irse de su tierra para dejar atrás a los inquisidores de la nueva moral. “Recuerdo que rompí aguas en una sala de espera de una clínica. Y que la Seguridad Social se desentendió de mí por completo”, afirma. Laura figura entre las más de 4.000 mujeres de toda España que cada año se ven obligadas a viajar fuera de su provincia para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo. Mujeres asaltadas por los capellanes del fanatismo, mujeres abordadas por los propagandistas de un catolicismo primitivo y preconciliar que le preguntan: “¿Viene usted a matar a su hijo?”.
Extorsión en las clínicas
Llegados a este punto, cabría preguntarse qué ocurriría si este tipo de agresivas prácticas de proselitismo religioso que atentan contra los derechos cívicos fundamentales se llevaran a cabo, por ejemplo, contra los creyentes que asisten a misa cada domingo. Imaginemos, por un momento, a un grupo de anticlericales repartiendo folletos a las puertas de una iglesia, acosando a los feligreses y culpabilizándolos, como cómplices, de los casos de pederastia en la curia vaticana. Tal estigmatización sería impensable. La policía no tardaría ni cinco minutos en enviar una patrulla al lugar (con toda la razón del mundo, cualquier persona tiene derecho al culto a sus creencias), para disolver a los escracheadores. Por lo visto, la libertad, tal como la entiende esta gente reaccionaria, es un privilegio del que solo pueden gozar algunos, mientras muchas mujeres son maltratadas psicológicamente y sometidas como delincuentes solo por disponer de su propio cuerpo, un derecho reconocido por la ley.
La Conferencia Episcopal, máximo órgano de gobierno del catolicismo en España, sigue mostrando su total oposición al aborto con el argumento de que atenta contra la vida humana. A sus eminencias les preocupa mucho un feto de apenas unos días sin conciencia todavía, pero poco o nada la vida de miles de niños que están siendo masacrados cada día, por el Ejército israelí de Netanyahu, en la Franja de Gaza. Los obispos, desde sus púlpitos, marcan la ideología a seguir; los activistas la llevan a la calle. Eso lo saben bien los propios médicos y enfermeras de los centros sanitarios que se ven obligados a atravesar los corrillos y “pasillos ultras” para entrar en las clínicas IVE. El personal sanitario se ha acostumbrado a soportar que se les diga de todo, y muchos terminan sufriendo trastornos de ansiedad a causa de las fuertes presiones. Algunos se dan de baja por estrés laboral, otros piden el traslado de centro para dedicarse a actividades médicas sin tantos sobresaltos. El informe de ACAI recuerda la importancia de que los profesionales puedan seguir practicando la medicina en condiciones de seguridad y normalidad. “Hacen posible que el aborto en nuestro país no sea un problema médico y social, hacen posible que no sea un problema de salud pública. Deben ser amparados en el ejercicio de su profesión, deben ser protegidos para poder realizar una prestación sanitaria contemplada en el Sistema Nacional de Salud, incluida en su cartera de servicios”.
La situación es cada día más difícil, no solo en España, en todo el mundo (en algunos países el aborto se paga incluso con la pena de muerte), lo que ha llevado a que más de 800 médicos y profesionales de la salud hayan suscrito una carta pidiendo la despenalización y el amparo de los gobiernos ante los intolerantes, según publica Amnistía Internacional. A este respecto, conviene recordar las palabras del doctor Jerry Goodman, un ginecólogo estadounidense que ha relatado hasta dónde llegan las actividades de los ultras en un Estado como el de Florida, donde se han dictado normas restrictivas contra el aborto. “No es raro ver a una paciente acudir a las doce semanas con una hemorragia, una membrana rota y un embarazo que no puede continuar. La situación desemboca en infección, fiebre y sepsis, pero como todavía hay latido fetal, los profesionales están maniatados para ofrecer cuidados. Incluso cuando sabemos que el feto no puede sobrevivir fuera del útero, nos vemos obligados a esperar”, relata.
Hay quienes pretenden que España termine siendo la pequeña Florida beata y carca del sur de Europa. Un lugar siniestro donde la mujer pierde sus derechos conquistados durante décadas para someterse al poder de la Biblia y una sotana. La sombra de Gilead es alargada.