Arranca la ley de eficiencia de la Justicia, la ley Bolaños que trata de modernizar nuestra siempre obsoleta oficina judicial. Los trámites judiciales que ahora tardan meses en resolverse, podrán realizarse en horas cuando esté en marcha la ley que este viernes se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según fuentes del Gobierno, la norma que hará de la Justicia un servicio más rápido, más cercano y más barato.
Sin embargo, está por ver que la normativa resuelva los graves problemas que aquejan a este servicio público fundamental para el funcionamiento de la democracia. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha expresado serias preocupaciones sobre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Según María Jesús del Barco, portavoz de la APM, la reforma, que reemplaza los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, podría generar un “caos” en el sistema judicial debido a la falta de dotación económica y presupuestaria adecuada. La APM también advierte que esta reforma podría sobrecargar aún más a los jueces y magistrados, especialmente en los tribunales que se encargan de la violencia de género, ya que asumirán también la competencia sobre los delitos sexuales.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también ha expresado su preocupación sobre la Ley de Eficiencia de la Justicia impulsada por el ministro Félix Bolaños. Según Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, la creación de los Tribunales de Instancia es vista como un “cambio cosmético” que podría llevar a un caos organizativo. Además, la asociación critica la falta de contratación de nuevos funcionarios y alerta sobre la tendencia de convertir a los jueces en “funcionarios más”. La AJFV también ha señalado que la implementación de esta reforma sin una dotación presupuestaria adecuada solo agravará la carga laboral del Poder Judicial. La asociación aboga por una justicia profesional y no contempla como solución aceptable la coexistencia de jueces y magistrados en régimen de contratación laboral indefinida.
Por otro lado, para Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, existe una brecha entre lo planeado y la realidad. No basta con cambiar nombres o reorganizar despachos, según esta asociación. Sin una inversión adecuada, todo quedará en otra ocurrencia gubernamental, sentencia su dirigente, que destaca la importancia de optimizar los recursos asignados al sistema judicial.
Desde la asociación Juezas y Jueces por la Democracia, su portavoz, Edmundo Rodríguez, tampoco hay excesivo optimismo. Esta plataforma ha insistido en la necesidad de una amplia convocatoria de plazas en 2025 para garantizar un aumento significativo de juezas y jueces. Según Rodríguez, la actual administración de Justicia enfrenta un grave cuello de botella, y los tribunales de instancia no serán efectivos sin el personal necesario para su funcionamiento.
Optimismo en el Gobierno
Para el Gobierno, sin embargo, la nueva legislación permite dotar de agilidad a los juzgados para que se puedan destinar más recursos a resolver con mayor rapidez procedimientos judiciales, y por otra ofrece medidas alternativas de solución de conflictos, con el objetivo de que no lleguen tantos asuntos a los tribunales. Y ve como fundamental la creación a través de esta ley los Tribunales de Instancia, lo que conlleva la desaparición de los órganos unipersonales. Por tanto, con esta nueva figura se podrá “repartir la carga de trabajo de manera más eficiente y más racional entre los distintos juzgados”, indica Bolaños.
Además, facilitará constatar qué secciones de ese Tribunal de Instancia están más sobrecargadas de trabajo y derivar asuntos “a otras secciones, a otros jueces, a otros magistrados que lo puedan sacar adelante. Vamos a poder repartir mejor las cargas de trabajo y, por tanto, va a haber resoluciones judiciales en menos tiempo”, enfatiza el ministro. En suma, cuando los ciudadanos tengan que hacer uso de la Justicia se van a encontrar con un servicio “más ágil, más cercano y más eficiente”, sostiene Bolaños. En virtud de esta nueva ley, dice a Efe, no será necesario crear juzgados. “Podemos destinar jueces y magistrados a los Tribunales de Instancia sin necesidad de crear toda la infraestructura que conlleva el juzgado”, cuyo coste Bolaños cifra en unos 400.000 euros.
“Con lo que antes nos gastábamos en un juzgado, ahora vamos a poder destinar cinco o seis jueces a hacer esa misma labor”. “Esto va a suponer más resoluciones judiciales, más sentencias, más autos, más providencias y en menos tiempo”, subraya. Otro de los avances de la ley que Bolaños resalta es la creación de la Oficina Municipal de Justicia. “Es tanto como haber abierto un juzgado en cada municipio de nuestro país, por pequeño que sea”. Antes de esta nueva norma, para llevar a cabo cualquier trámite en un procedimiento había que acudir a la cabeza del partido judicial, lo que en algunos casos podía significar 80 o 100 kilómetros de distancia. Ahora todo se va a poder hacer desde el municipio de cada ciudadano. “Da igual que vivas en una gran ciudad o en un municipio pequeño. Vas a poder hacer tus gestiones judiciales allí donde vives gracias a la digitalización y gracias a la oficina judicial”.
“Me parece que esto es acercar la Justicia, que es facilitarla, que es ahorrar tiempo y dinero”, enfatiza. Por eso, destaca, “trámites que hoy tardan meses en evacuarse, con las nuevas leyes de eficiencia y de digitalización de la Justicia se pueden hacer en horas. Lo que antes se tardaba meses, ahora vamos a poder hacer trámites procesales en horas”. En cuanto a las medidas alternativas de solución de conflictos, Bolaños cree que es necesario hacer “mucha pedagogía” para fomentar la cultura del acuerdo y del pacto para que los abogados y abogadas eviten llevar litigios a los tribunales y juzgados.