La Casa Orsola, un edificio modernista en pleno corazón del Eixample barcelonés, se ha convertido en un emblema de la lucha contra la gentrificación y la especulación inmobiliaria. Tras años de presión y movilización ciudadana, el Ayuntamiento de Barcelona y la fundación Hábitat 3 han anunciado su compra mediante una "fórmula social colaborativa". Con esta adquisición, los inquilinos que aún resisten en el edificio podrán permanecer en sus viviendas, blindando sus derechos frente a los intentos de expulsarlos para convertir el inmueble en un bloque de alquileres temporales.
El anuncio lo realizará este viernes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a la presidenta de Hábitat 3, Carme Trilla, y el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, quienes han desempeñado un papel clave en la mediación del conflicto. La compra también ha sido celebrada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que la considera una victoria del "derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad".
Un edificio convertido en símbolo de resistencia
La historia de la Casa Orsola es el reflejo de una problemática que asfixia a Barcelona y a muchas ciudades europeas: la adquisición de fincas enteras por fondos de inversión que buscan maximizar sus beneficios expulsando a los inquilinos con contratos antiguos y convirtiendo las viviendas en alojamientos de temporada con precios desorbitados. En 2021, el fondo Lioness Inversiones SL compró el edificio y, desde entonces, dejó de renovar los contratos de alquiler, obligando a los vecinos a abandonar sus hogares.
Uno de los casos más visibles ha sido el de Josep Torrent, un profesor de matemáticas que ha vivido en la Casa Orsola durante 22 años. Su inminente desahucio fue detenido en varias ocasiones gracias a la presión vecinal, que logró movilizar a cientos de personas frente a la finca para impedir la ejecución del desalojo. “Hoy es Josep, mañana podemos ser cualquiera de nosotros”, era una de las consignas más repetidas en las protestas.
La estrategia de la especulación: expulsar para inflar precios
La situación de la Casa Orsola no es un caso aislado. En los últimos años, Barcelona ha visto cómo muchas de sus fincas históricas han sido adquiridas por inversores privados que han convertido viviendas de uso residencial en pisos de alquiler de temporada o apartamentos turísticos. Esta práctica no solo dispara los precios de la vivienda, sino que también desplaza a los vecinos de toda la vida, alterando la composición social de los barrios.
En el caso de la Casa Orsola, la estrategia de Lioness Inversiones era clara: una vez vaciada la finca, los pisos podrían reformarse y alquilarse a precios mucho más altos. De hecho, varios de los apartamentos que ya han sido desocupados están en manos de nuevos inquilinos que pagan más de 2.000 euros mensuales, mientras que los vecinos originales pagaban entre 600 y 800 euros.
La resistencia vecinal ha logrado frenar esta operación especulativa, forzando a la propiedad a considerar la venta del edificio. En una carta abierta, los dueños de la finca lamentaban haber sido objeto de insultos y ataques y anunciaban su intención de vender, aunque con una advertencia velada: "Cuando esto ocurra, es posible que se encuentren con un auténtico buitre que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en encontrar acuerdos".
La compra del Ayuntamiento: un cambio de rumbo en la política de vivienda
La adquisición de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona supone un cambio de estrategia en la política de vivienda municipal. Durante los mandatos de Ada Colau, el consistorio apostó por la compra de edificios enteros para evitar la expulsión de inquilinos y ampliar el parque de vivienda pública. Entre 2015 y 2023, se adquirieron 1.600 viviendas mediante el derecho de tanteo y retracto.
Sin embargo, el actual gobierno municipal, liderado por el PSC, había adoptado un enfoque menos intervencionista hasta ahora. La presión ciudadana y la crisis del alquiler han obligado a Collboni a retomar la vía de la compra pública, aunque con una nueva "fórmula social colaborativa" que, según fuentes municipales, permitirá una gestión más eficiente del inmueble.
La decisión también pone sobre la mesa el debate sobre la regulación del alquiler en España. Aunque la reciente Ley de Vivienda ha introducido algunas medidas para proteger a los inquilinos y limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, la realidad es que la especulación sigue marcando el mercado inmobiliario en Barcelona. La compra de la Casa Orsola es una victoria para los vecinos, pero también una muestra de la necesidad de políticas más contundentes para garantizar el derecho a la vivienda.
¿Un precedente para futuras compras?
El caso de la Casa Orsola podría sentar un precedente para futuras intervenciones municipales en el mercado de la vivienda. En los últimos años, diferentes colectivos han reclamado que las administraciones actúen con más determinación frente a la especulación inmobiliaria, utilizando herramientas como el derecho de tanteo y retracto para evitar la expulsión de inquilinos.
Mientras tanto, los vecinos de la Casa Orsola celebran la victoria, aunque con cautela. “Hemos ganado esta batalla, pero la guerra por el derecho a la vivienda continúa”, afirmaba un portavoz del Sindicato de Inquilinas. La adquisición del edificio representa un alivio para quienes han resistido durante años, pero también recuerda que la crisis de la vivienda en Barcelona está lejos de resolverse.