El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece este viernes ante la Comisión de Justicia del Senado en un ambiente marcado por la creciente tensión institucional. Su intervención, impulsada tanto por iniciativa propia como por exigencia del PP y Vox, coincide con una cascada de reformas controvertidas en el ámbito judicial y con la presión de la oposición por las causas abiertas que afectan a figuras clave del Gobierno.
Reformas cuestionadas y tensiones institucionales
El eje principal de la comparecencia gira en torno a las reformas propuestas por el Ejecutivo en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a la reestructuración del papel de la Fiscalía en el nuevo modelo procesal penal. Ambas medidas han generado un amplio rechazo en el sector judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y prácticamente todas las asociaciones de jueces y fiscales —excepto las de perfil progresista— han advertido que estos cambios podrían comprometer la independencia del poder judicial y degradar los estándares de acceso a la magistratura.
Bolaños, sin embargo, ha defendido públicamente la necesidad de una reforma del sistema de acceso, que tilda de “imprescindible”, e intentó rebajar la tensión con una carta remitida este jueves a las asociaciones profesionales del sector. No obstante, el malestar persiste, y se verá amplificado en la sesión por las críticas a la iniciativa del PSOE para limitar la acusación popular, una propuesta que los partidos de la oposición consideran incompatible con los principios de un Estado de Derecho.
Las causas judiciales que rodean al Ejecutivo
Además del debate sobre las reformas judiciales, la comparecencia servirá como escenario para que el PP y Vox exijan explicaciones sobre varias cuestiones judiciales de enorme repercusión política. En particular, se interrogará a Bolaños sobre cuándo tuvo conocimiento el Gobierno de la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y si esa información era conocida cuando Sánchez publicó su primera carta abierta a la ciudadanía el pasado 24 de abril.
Otro de los asuntos candentes es la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, y sobre quien el propio Alto Tribunal ya apreció una "desviación de poder" en su decisión de ascender a su antecesora, Dolores Delgado. La oposición exige saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno tras esta imputación.
Críticas al Gobierno por sus ataques a la judicatura
Un tema no menor será la exigencia de explicaciones por parte del ministro sobre los constantes ataques y descalificaciones vertidos desde el Ejecutivo contra decisiones judiciales. Se pedirá a Bolaños que aclare cómo planea el Gobierno garantizar la independencia judicial mientras miembros del Ejecutivo critican abiertamente resoluciones judiciales, como hizo recientemente la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Tras la absolución del exfutbolista Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Montero calificó la sentencia de "vergüenza", una afirmación que posteriormente matizó, disculpándose por poner en entredicho la presunción de inocencia.
Plan Anual Normativo y balance de gestión
Bolaños comparece también para presentar el Plan Anual Normativo 2025 en materia de justicia, a la vez que el PP exigirá un balance detallado del cumplimiento del plan correspondiente al año 2024. Esta parte de la sesión será clave para medir el grado de ejecución del programa legislativo del Ejecutivo y evaluar su efectividad en un área especialmente sensible del Estado.
La comparecencia de Félix Bolaños no sólo pretende ofrecer explicaciones, sino también reafirmar la posición del Gobierno en una etapa en la que la relación con el poder judicial atraviesa uno de sus momentos más delicados.