Las presiones del juez Peinado han dado sus frutos. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tiene que declarar la próxima semana por el caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y el magistrado ha exigido coche oficial, chófer y vía libre (sin que los vigilantes lo identifiquen a la entrada), cuando tenga que desplazarse a Moncloa a cumplir con el trámite de toma declaración. Es evidente que el instructor quería esa foto y ya la tiene. El titular de Plaza Castilla trataba de escenificar su poderío –la imagen del juez que doblega a la corrupta familia monclovita–, y Bolaños, incompresiblemente, ha cedido finalmente. De alguna manera, el ministro de Justicia se ha bajado los pantalones ante el juez, consumando la derrota del Gobierno. Un gol por toda la escuadra del togado que se ha propuesto derrocar el sanchismo por la vía del lawfare judicial.
El mensaje de sometimiento de Moncloa ante Peinado resulta elocuente y revelador. El juez no solo gana el tira y afloja, la batalla mediática, sino que va a entrar caminando sobre la alfombra roja en la sede del Gobierno elegido por la mayoría de los españoles, su sueño más húmedo. De alguna manera, al plegarse a las exigencias caprichosas del instructor, el Ejecutivo se rinde ante el togado. Vence la idea de que vivimos en un régimen judicial con poderes omnímodos que arrodilla a las demás instituciones del Estado y hace saltar por los aires el elemental principio de separación de poderes de Montesquieu, fundamental en toda democracia. Peinado tiene suficientes recursos para desplazarse a Moncloa. Entre ellos, el vehículo oficial del juzgado. No necesita que Sánchez le ponga un coche, como si fuese su chófer particular o peor aún: su criado, mayordomo o lacayo. Y en cuanto al tiempo de espera en la puerta del palacio presidencial, el juez debería ser consciente de que ahí es uno más y que razones de seguridad aconsejan cumplimentar, a rajatabla, el protocolo habitual de identificación de cualquier persona que atraviesa la verja del recinto. No ha sido así, se le dará a Peinado el trato de Jefe del Estado, casi de rey de España.
Cabe recordar que, la última vez que pisó Moncloa para interrogar a Pedro Sánchez, el titular del juzgado se quejó amargamente del tiempo “superior al necesario” que el vehículo de la comisión judicial fue retenido en la puerta. Esta queja parece haber dado resultado y el Gobierno ha decidido pasar de la estrategia dura con el instructor a cierta amabilidad o condescendencia, cuando no sumisión. De modo que, finalmente, Peinado dispondrá de un coche oficial para acudir al complejo de la Moncloa el próximo 16 de abril y tomar declaración a Bolaños en calidad de testigo. El instructor del sumario quiere saber qué participación tuvo la mano derecha de Pedro Sánchez en la organización del máster de la Universidad Complutense de Madrid que, según Peinado, fue irregular porque pudo existir un delito de tráfico de influencias entre Begoña Gómez y los empresarios que financiaron la cátedra.
En concreto, Bolaños está citado a declarar como testigo en la parte de la causa en la que investiga la contratación en 2018 de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a la mujer del presidente del Gobierno. Se trata de una pieza separada abierta por un posible delito de malversación, una decisión que ha sido duramente recurrida por la Fiscalía y la defensa de Álvarez, según informa Efe.
Se sabe que el Ministerio de Presidencia ha ofrecido al juez del Juzgado de instrucción número 41 de Madrid el vehículo oficial que recogerá a la comisión judicial por la mañana. El juez Peinado ha dictado una providencia en la que acepta el medio de transporte y ordena comunicar la orden a sus acompañantes y a los profesionales de los medios técnicos que grabarán la testifical. Otro circo está en marcha y Vox se frota las manos, ya que al instante tendrá el vídeo con Bolaños declarando ante su señoría.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid ha intervenido en varias ocasiones en el caso de Begoña Gómez, estableciendo límites a la investigación del juez Juan Carlos Peinado. En particular, ha ordenado que se excluyan ciertas líneas de investigación por falta de indicios y por considerarlas meras conjeturas. También ha señalado que el magistrado ha ignorado durante meses los recursos presentados contra sus decisiones, lo que ha generado críticas por parte de la Fiscalía y las defensas.
Además, la Audiencia ha recibido solicitudes para corregir algunas decisiones del juez, como la imputación de Juan José Güemes, exconsejero de Esperanza Aguirre y supuesto miembro del órgano directivo que eligió a Begoña Gómez como profesora de la cátedra. La defensa del expolítico del PP ha pedido que se archive su causa por falta de fundamento jurídico. A pesar de estas intervenciones, Peinado ha decidido prorrogar la investigación al menos medio año más, argumentando que quedan pendientes varias indagaciones. Además, el juez asegura que si no abre una nueva línea de investigación por el caso del rescate de la compañía aérea Air Europa (que la Audiencia Provincial le va vetado) estaría cometiendo un delito de prevaricación.