La polémica decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de suspender la decisión sobre el futuro judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue dando que hablar. Los magistrados se sentaron a la mesa para deliberar qué hacían con la primera dama, si archivar la causa que desde el mes abril viene instruyendo el juez Peinado, o dar luz verde a la investigación acotándole el contenido de las pesquisas al instructor para que no caiga en una causa prospectiva. Sin embargo, cuando sus señorías fueron a revisar el expediente del juzgado, para dar un veredicto sobre el recurso de apelación presentado por los abogados de la esposa del líder socialista, cayeron en la cuenta de que les faltaba documentación. En concreto, les faltaba un recurso del abogado de Gómez crucial para emitir un juicio.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo, en su columna de análisis Contra corriente, publicada en eldiario.es, se pregunta si las prácticas del juez Peinado en el caso Begoña Gómez son realmente un error o un delito de prevaricación. Y además lanza una pregunta: “¿También de la Audiencia?”. “En mi opinión, la remisión incompleta del testimonio íntegro por el juez instructor podría ser un acto prevaricador, que espero que la defensa jurídica de Begoña Gómez no lo deje pasar sin más. Hay motivo para instar una ampliación de la querella que ya tiene activada”. El jurista se hace eco del titular que apareció ayer en la mayoría de medios de comunicación: “Un error del juzgado de Peinado retrasa la decisión de la Audiencia sobre el caso de Begoña Gómez”. Y en base a ese titular construye un interesante análisis sobre las “cosas raras” que, tal como viene contando Diario16, están ocurriendo en los últimos meses en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Es decir, lo que tenía que ser el caso Begoña Gómez, tras la querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, se ha convertido en el caso Peinado, un hecho inédito en la historia judicial de nuestra democracia.
“Aunque la Audiencia había solicitado al juez Peinado que le remitiera testimonio íntegro de la causa sobre Begoña Gómez, el juez instructor no lo hizo, dejando fuera de la documentación remitida nada menos que el recurso de apelación interpuesto por ella contra el auto dictado por el juez en el que se delimitaba el objeto de la investigación en los siguientes términos: todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”. Para Pérez Royo, no se trata de un error u olvido del magistrado instructor, sino de una conducta que podría rayar en lo ilegal.
Una vez con esa documentación en la mano, la Sala –integrada por los magistrados María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Berges, ponente– tendrá que volver a reunirse. Sin embargo, la Sala tendrá que fijar fecha para una nueva deliberación, lo que previsiblemente no ocurrirá antes de un mes. De modo que el instructor ha ganado un tiempo precioso para seguir manteniendo vivo el sumario. De hecho, ya tiene en la agenda la toma de declaración de más testigos para este mes de octubre. Más madera para los medios de la caverna y para la extrema derecha.
Ya pasó en otros casos
No es la primera vez que al juez Peinado se le olvida enviar documentación a un órgano jurisdiccional superior para que decida sobre el futuro de una causa. Peinado tuvo en sus manos el mayor caso relacionado con Venezuela que se ha instruido jamás en España: el vaciamiento de PDVSA, la petrolera de Nicolás Maduro bajo sospecha de gravísimos casos de corrupción para sostener el régimen chavista. Sin embargo, sus olvidos o “errores” también perjudicaron el caso en aquella ocasión. Según publicó Libertad Digital en febrero de 2020 (un diario alineado con la derecha de este país y nada sospechoso de prosanchista), “la tardanza del magistrado Peinado en remitir la causa al completo a la Audiencia Nacional ha provocado descoordinación en la investigación y que se hayan practicado diligencias de investigación nulas por su parte, ya que desde junio no tiene competencia. Además, no se ha informado a la Audiencia Nacional de la práctica de otras pesquisas en la causa provocando errores en la instrucción”.
Este medio de comunicación tituló en aquella ocasión: “La investigación de PDVSA no avanza porque el Juzgado 41 de Madrid no envía todo el sumario a la Audiencia Nacional”. Y añadía: “El magistrado Juan Carlos Peinado todavía no ha remitido todas las piezas de la causa” a la Audiencia Nacional. La investigación concluyó que el retraso del magistrado a la hora de instruir el sumario se debió a que acumuló “numerosas peticiones de las partes sin contestar o sin incorporarlas a la causa”, añade el citado diario digital. Todo ello pese a que la Fiscalía Anticorrupción solicitó un año antes remitir una comisión rogatoria a Venezuela pidiendo información y los antecedentes penales de todos los investigados por esta macrocausa. Las mismas fuentes apuntaron que los investigadores habían realizado “importantes avances” para esclarecer los hechos, con numerosos interrogatorios de la Fiscalía a implicados incluso en Estados Unidos que han identificado los delitos originarios en Venezuela que precedieron al blanqueo de capitales en nuestro país. “Sin embargo, todos estos avances en la investigación aún no pueden incorporarse a la causa normalmente para continuar la instrucción y fijar nuevos objetivos, ya que están pendientes informes policiales, escritos y recursos” que el magistrado del Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla no ha remitido a la magistrada Tardón de la Audiencia Nacional. En cualquier caso, Peinado siguió ganando tiempo reteniendo el asunto en sus manos. Por lo visto, la praxis del error le sigue funcionando.