El Congreso de los Diputados ha iniciado una reforma de su reglamento que pone fin a una creciente amenaza: los agitadores de extrema derecha o falsos periodistas que han estado perturbando las ruedas de prensa y el trabajo de los periodistas parlamentarios. Esta reforma, respaldada por la mayoría de los grupos políticos, salvo el PP y Vox, tiene como objetivo establecer un control más estricto sobre los individuos que, en ocasiones con acreditaciones fraudulentas o de dudosa legitimidad, han intentado interrumpir el trabajo informativo en la Cámara Baja.
El pasado martes, el Congreso dio el primer paso para tramitar esta reforma, que busca frenar las tácticas de sabotaje utilizadas por ciertos activistas que, lejos de informar, buscan difundir desinformación y crear caos. Los recientes incidentes, como la agresión verbal y las amenazas durante una rueda de prensa de Verónica Barbero, portavoz de Sumar, han sido el detonante de esta reforma.
La reforma: sanciones claras para los agitadores
Uno de los principales puntos de esta reforma es la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que será responsable de regular la actividad periodística dentro del Congreso. Este órgano estará compuesto por un miembro de cada grupo parlamentario, así como representantes de los colectivos del ámbito de la información. De esta manera, se busca garantizar que los medios de comunicación puedan ejercer su derecho a la información sin ser coaccionados ni manipulados por agitadores.
Además, la reforma establece un régimen de sanciones dividido en infracciones leves, graves y muy graves. Las faltas de respeto, la grabación de imágenes en zonas no permitidas y las agresiones verbales son algunos de los comportamientos que serán castigados con medidas que van desde la suspensión temporal de la acreditación hasta la revocación definitiva. Los activistas que hayan sido responsables de estos actos perturbadores no solo perderán su derecho a acreditarse como periodistas, sino que también se verá afectado el medio de comunicación al que representen.
La presión de la extrema derecha: PP y Vox en contra
A pesar del amplio consenso que ha logrado esta reforma, Vox y el PP han mostrado su rechazo a las medidas propuestas. Vox ha sido un firme defensor de los agitadores, y ha mantenido una postura en contra de cualquier tipo de limitación a las acreditaciones que puedan afectar a los grupos de ultraderecha. Por su parte, el PP ha mantenido una postura ambigua, sin desmarcarse claramente de las tácticas empleadas por los agitadores, a pesar de que su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que su partido no apoyará la “censura” de los medios.
En cambio, otros partidos como el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, y BNG han respaldado firmemente la reforma. El texto destaca que la reforma no está destinada a limitar la libertad de prensa, sino a proteger el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y evitar que ciertos elementos ajenos al periodismo obstaculicen el trabajo de los profesionales.
¿Qué se busca proteger con esta reforma?
El objetivo primordial de esta reforma es preservar el ejercicio libre y ético del periodismo. Los incidentes ocurridos en el Congreso en los últimos meses, como las agresiones verbales y las amenazas a periodistas y políticos progresistas, han hecho insostenible la situación dentro de la Cámara Baja. Estos comportamientos, que buscan generar caos e intimidar a los profesionales de la comunicación, no solo ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión, sino que también representan una amenaza directa para la democracia.
La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) ha sido una de las principales organizaciones que ha denunciado el aumento de los “falsos periodistas” y agitadores en el Congreso. Según esta agrupación, estos individuos no solo interrumpen las ruedas de prensa, sino que también difunden desinformación y manipulan el debate público. Para la AGP-UGT, esta reforma es urgente y necesaria para garantizar que los medios de comunicación puedan realizar su trabajo sin interferencias y sin ser atacados por aquellos que buscan crear un clima de polarización y caos.
Infracciones y sanciones: el Congreso toma medidas
La reforma introduce un sistema de sanciones que tiene como objetivo asegurar que las reglas se cumplan de manera estricta. Las infracciones leves, como la grabación de contenido en áreas restringidas, podrían conllevar una suspensión de la acreditación de hasta diez días. Las infracciones graves, como las agresiones verbales o el boicot a las ruedas de prensa, podrían dar lugar a suspensiones de entre tres meses y un año. Por último, las infracciones muy graves, como la grabación oculta o la difusión de información falsa con la intención de manipular a la opinión pública, podrían llevar a la revocación definitiva de la acreditación.
El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria será el encargado de evaluar cada caso y determinar la gravedad de las infracciones cometidas. Este enfoque permitirá que los responsables de perturbaciones sean castigados de acuerdo con la magnitud de su comportamiento, evitando que las tácticas de sabotaje y desinformación se repitan en el futuro.
Un paso hacia la democracia plena
Con esta reforma, el Congreso da un paso importante para garantizar un entorno más seguro y respetuoso para los periodistas y para todos aquellos que defienden el derecho a una información veraz. No se trata de una censura a la libertad de prensa, sino de una protección a la democracia, donde el derecho de la ciudadanía a estar bien informada sea prioritario y no se vea amenazado por individuos que buscan desestabilizar el sistema.
El trabajo periodístico es esencial para el buen funcionamiento de cualquier democracia. Por ello, esta reforma es una medida necesaria para evitar que la actividad de los agitadores de extrema derecha sigan poniendo en peligro la integridad de las instituciones y la libertad de información.