La Real Casa de Correos, símbolo institucional de la Comunidad de Madrid, fue también escenario de represión y tortura durante el franquismo. Ahora, el Tribunal Constitucional ha paralizado el intento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de borrar ese pasado al impedir cualquier conmemoración oficial en el edificio. La decisión, tras un recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez, supone un duro golpe a las políticas de negación de la memoria impulsadas desde el Gobierno regional.
Una estrategia para silenciar el pasado
El artículo suspendido por el Tribunal Constitucional formaba parte de la controvertida Ley 8/2024, promovida por el Ejecutivo de Ayuso, que en uno de sus apartados prohibía explícitamente la instalación de placas o distintivos que identificasen la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Una disposición claramente dirigida a impedir que se reconozcan los crímenes del franquismo cometidos en ese lugar, entonces sede de la temida Dirección General de Seguridad.
La norma había sido diseñada para blindar el relato oficial de la derecha madrileña, una narrativa que evita cualquier referencia a la dictadura franquista y sus víctimas. Con esta medida, Ayuso pretendía enterrar, una vez más, la historia de represión vivida en pleno corazón de Madrid. Sin embargo, el alto tribunal ha considerado que esta ley podría vulnerar competencias estatales y atentar contra los principios constitucionales de igualdad y garantía de derechos.
La decisión que reabre el camino de la justicia histórica
El Gobierno central, amparado en la Ley de Memoria Democrática, pretende colocar una placa conmemorativa en el edificio que recuerde lo ocurrido en sus muros durante la dictadura. "Hubo torturas terribles que a día de hoy algunos ciudadanos recuerdan", declaró el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Una frase que resume el motivo de fondo: honrar la memoria de las víctimas y no permitir el olvido.
Con esta suspensión cautelar, el Tribunal Constitucional reconoce la importancia de preservar la memoria histórica como parte esencial de la democracia. Frente al negacionismo institucional, se reafirma el derecho de las víctimas y de la ciudadanía a conocer y recordar su pasado. Un pasado que la presidenta Ayuso intenta ocultar sistemáticamente, desdeñando la verdad en favor de una limpieza simbólica de los espacios que representan su administración.
La memoria no se borra con leyes
Lo que está en juego no es una simple placa, sino el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La Real Casa de Correos no es solo la sede de un gobierno autonómico, es también un lugar de dolor y resistencia para muchas personas que sufrieron allí la violencia del franquismo. Intentar impedir su reconocimiento es un acto de censura institucional, más propio de los tiempos que se intentan ocultar que de una democracia madura.
Ayuso no solo niega la historia, sino que legisla contra ella. Pero esta vez, el Constitucional ha frenado su estrategia. Y con ello, ha protegido algo más que una placa: ha protegido el derecho a no olvidar.