A las imputaciones de los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un presunto delito de prevaricación administrativa, se suma ahora un cuarto imputado por malversación por el caso de los contratos sanitarios a dedo durante la pandemia del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Los ceses de más de una decena de altos cargos encadenados en los últimos meses, relacionados de un modo u otro con la gestión de estos contratos impulsados por el ejecutivo autonómico durante la pandemia y ahora puestos en el punto de mira de la justicia en dos juzgados de Sevilla y Cádiz, tienen estos días en las protestas multitudinarias de los sanitarios y ciudadanos en defensa de la sanidad pública un Rubicón decisivo para la legislatura que ya va camino de una nueva convocatoria electoral antes del próximo verano de 2026.
El presidente Moreno Bonilla afronta el último año de su segunda legislatura en su peor momento posible con todos los frentes abiertos en la sanidad pública, aunque las encuestas del CIS andaluz, encargadas por el propio Gobierno autonómico, apunten en sentido contrario al otorgar reiteradamente otra holgada mayoría absoluta por segunda vez consecutiva en caso de celebrarse nuevas elecciones andaluzas.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, ha decidido cambiar la condición de testigo a investigado al director económico de la Central de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González, por un presunto delito de malversación en los contratos fraccionados concedidos a dedo por el ejecutivo andaluz durante la pandemia. La jueza lo cita a declarar el próximo 28 de abril tras la denuncia iniciada por el grupo parlamentario Por Andalucía.
Esta cuarta imputación de un alto cargo de Moreno Bonilla por el caso de los contratos a dedo se suma a la de los tres últimos gerentes del SAS, incluida la actual, Valle García, y sus dos predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán –precisamente quien fue contratado por la aseguradora privada Asisa sólo meses después de abandonar el cargo público que ostentaba–, por un presunto delito de prevaricación administrativa, a raíz de una denuncia del PSOE de Andalucía que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.
Las encuestas del ‘CIS andaluz’ siguen otorgando de manera reiterada una holgada mayoría absoluta al PP en Andalucía
Este cerco judicial a la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla en la pandemia se produce precisamente cuando el ejecutivo andaluz viene de acumular el cese de hasta una docena de altos cargos de la Junta en los últimos meses, el último de ellos, el veterano diputado del PP José Antonio Miranda, quien precisamente ha diseñado hasta ahora las cuentas de la sanidad andaluza y las contrataciones con la sanidad privada desde que Moreno Bonilla asumió el poder en 2019.
El pasado diciembre, el presidente andaluz descartó por completo que pudiera existir algún tipo de delito en los contratos fraccionados a dedo a clínicas privadas que su ejecutivo diseño para afrontar la pasada pandemia. Incluso llegó a decir que “como mucho” podría haber existido “algún reproche administrativo” que él consideró que se podría extender hasta la gestión de las etapas precedentes con el PSOE en el Gobierno andaluz, “en el conjunto del sistema a lo largo de todos los años, puesto que también lo practicaba el Partido Socialista y en el conjunto del propio sistema en España”, dijo Moreno Bonilla cuando se inició la investigación judicial que ahora también avala la Fiscalía Anticorrupción.