Sigue planeando el runrún de un posible acuerdo entre PP y Junts para llevar a cabo una moción de censura contra Pedro Sánchez. Los votos de populares, junto a los de Puigdemont y Vox, serían suficientes como para acabar con el sanchismo. ¿Está dispuesto Feijóo a tragar con los independentistas, a los que en los últimos meses ha acusado de golpistas y traidores? Y más aún, ¿estaría dispuesto Puigdemont a ceder sus siete diputados para que el gallego llegara por fin a la Moncloa? Hay indicios que parecen apuntar a una respuesta positiva y en septiembre, una vez que se reinicie el curso político, podríamos tener más datos sobre lo que se está gestando.
Un pacto entre las irreconciliables derechas española y catalana supondría cambios no solo en el Gobierno de la nación. También podría suponer que el PP apoyara una moción en Cataluña para desbancar a Salvador Illa de la Generalitat. No estamos lejos de ver este cambalache.
Ahora bien, un pacto contra natura PP/Junts conllevaría grandes costes y peajes para el partido de Feijóo. Por ejemplo, está por ver que el dirigente conservador esté dispuesto a conceder un nuevo sistema de financiación para Cataluña, el llamado cupo o concierto catalán. Los populares se han pasado semanas diciendo que Sánchez ha vendido España a los catalanes a cambio de seguir en el poder, añadiendo que el nuevo sistema fiscal rompe con los principios de igualdad de todos los españoles ante la ley. Que Feijóo pasara por ese aro parece bastante improbable, pero también dijeron que con Puigdemont no irían ni a la esquina y ya ven los rumores sobre enjuagues de las derechas que corren por Madrid.
Otro escollo con dudosa fácil solución en las relaciones entre populares y posconvergentes es el de la ley de amnistía. El Partido Popular ha hecho de esta legislación una cruzada visceral. Ha convocado manifestaciones multitudinarias, ha puesto cerco a Ferraz, ha movilizado a asociaciones ultraderechistas. Feijóo ha llegado a decir que con él en el poder los líderes soberanistas instigadores del procés no solo no se beneficiarían de la amnistía, sino que no hubiesen recibido ni siquiera el indulto. Una declaración de principios que no habrá gustado lo más mínimos a los independentistas. ¿Cómo pactar con una derecha, la española, que ya solo busca venganza contra quienes impulsaron las leyes de desconexión con el Estado? El PP no cree que los indultos y la amnistía sean pasos necesarios para avanzar en el proceso de reconciliación y normalización de Cataluña. Siempre ha considerado estas medidas como meros trucos de Sánchez para seguir contando con los siete escaños de Junts y mantenerse en el poder. ¿Qué puede ofrecerle Feijóo a Puigdemont en este espinoso asunto de la amnistía, que por cierto ha recurrido ante la Justicia por inconstitucional? Aplicar la ley de perdón a cientos de catalanes condenados por los altercados del 1-O sería tanto como quedar como un traidor o cómplice de traidores a ojos de muchos votantes del PP, que empezarían a mirar a Vox como única alternativa en la defensa de las esencias patrias ante la claudicación de Génova 13.
En ese orden de cosas, llama poderosamente la atención que el Partido Popular siga reclamando con insistencia que el juez Llarena reactive las euroórdenes de arresto contra el expresident, fugado por segunda vez de Barcelona mientras se celebraba la sesión de investidura de Salvador Illa. Cabe preguntarse con qué cara se sentará a negociar nada Feijóo con Puigdemont mientras exige que el expresident de la Generalitat sea encarcelado pese a que ya está en vigor la ley de amnistía. No creemos que el hombre de Waterloo esté dispuesto a dialogar con la derecha española mientras esta siga considerándola, no un disidente político al que se le han arrebatado sus derechos, sino un prófugo de la Justicia.
Y hay un último inconveniente que parece difícilmente superable para un posible acuerdo entre ambas formaciones de cara a una moción de censura contra Pedro Sánchez: el referéndum de autodeterminación. La Constitución Española, en su artículo 92, establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Junts (al igual que Esquerra) siempre ha dicho que este artículo es la solución, la cobertura legal para un posible referéndum de autodeterminación de Cataluña, aunque no jurídicamente vinculante. Feijóo también siente alergia ante cualquier tipo de consulta ciudadana en la que se pregunte al votante si quiere la independencia. No parece que el líder popular aceptara semejante órdago, pero ya vemos que a cambio de llegar a la Moncloa estaría dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso concesiones que chocan contra el ideario de la derecha española.
Ya dijo en su día el diputado de Esquerra Gabriel Rufián que, más tarde o más temprano, las dos derechas, que se han entendido a las mil maravillas en este país (véase el Pacto del Majestic entre Aznar y Pujol) volverían a firmar pactos de gobernación. Ese momento parece haber llegado. La derecha siempre ha antepuesto sus intereses y privilegios económicos a cualquier otra cuestión incluso a la independencia en el caso de Junts. Y para el PP, el patriotismo y la sacrosanta unidad de la nación española también son cuestiones secundarias cuando lo que se dirime es el control del poder financiero. Habrá que estar atento a los próximos movimientos en un otoño que se prevé caliente para Sánchez.