La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha exigido al Gobierno que explique por qué un partido político puede recuperar un bien incautado por la dictadura franquista mientras miles de familias republicanas siguen sin poder hacerlo. El motivo del reclamo es la reciente decisión del Ejecutivo de devolver al Partido Nacionalista Vasco (PNV) un palacete en París que le fue arrebatado por el régimen de Franco.
Desde la ARMH consideran que esta decisión es un agravio comparativo inaceptable y han registrado un escrito dirigido a la Presidencia del Gobierno solicitando una aclaración oficial. "Es incomprensible que el Estado reconozca el derecho del PNV a recuperar su propiedad confiscada y, al mismo tiempo, niegue esa posibilidad a las familias republicanas que fueron despojadas de sus bienes a punta de pistola", señala Emilio Silva, presidente de la asociación y nieto de un republicano asesinado por falangistas.
Un palacete devuelto, miles de familias en el olvido
El inmueble en cuestión es la sede del Instituto Cervantes en París, ubicado en la Avenida Marceau, número 11. El PNV lo adquirió en 1936, pero con la ocupación nazi de Francia, el Estado franquista lo incautó y lo convirtió en un centro de operaciones de la dictadura. Allí, agentes del régimen colaboraron con la Gestapo en la persecución de republicanos exiliados y ciudadanos judíos. Ahora, el Gobierno de España ha decidido restituirlo a sus legítimos propietarios políticos.
El problema, según la ARMH, radica en que mientras los partidos políticos han podido recuperar bienes confiscados por el franquismo en virtud de diversas normativas, las familias republicanas continúan sin poder hacer lo mismo. "El expolio que sufrieron miles de familias republicanas no solo significó la pérdida de sus bienes, sino también la condena a la pobreza y el exilio. Es una injusticia histórica que sigue vigente en democracia", denuncia la asociación.
¿Por qué los partidos sí y las víctimas no?
En su escrito al Gobierno, la ARMH plantea una pregunta clave: "Si el Estado es responsable de devolver propiedades incautadas a los partidos políticos, ¿por qué no lo es también con las víctimas individuales del franquismo?". Y recuerdan que en España existen miles de casos documentados de incautaciones ilegales de casas, tierras, negocios, joyas, dinero y otras propiedades que fueron a parar a manos de instituciones franquistas o de particulares afines al régimen.
La Ley de Memoria Democrática reconoce el expolio sufrido por las víctimas, pero no establece mecanismos claros para la restitución de bienes. En muchos casos, los descendientes de quienes sufrieron estas confiscaciones se encuentran con trabas administrativas, procesos judiciales interminables o la imposibilidad de acceder a la documentación necesaria para demostrar la titularidad original de los bienes.
"No se pueden crear privilegios"
Silva insiste en que "no puede ser legal que un Estado cree una discriminación entre organizaciones políticas y personas particulares, porque lo que está legislando son privilegios". En este sentido, la ARMH ha presentado una solicitud a través del portal de transparencia para acceder a los informes técnicos y jurídicos que han avalado la devolución del palacete al PNV. Quieren saber si el mismo criterio podría aplicarse a las víctimas republicanas.
El presidente de la asociación también denuncia que "la democracia recuperada tras la muerte del dictador ha sido profundamente injusta con las víctimas del franquismo. Se ha permitido que la familia de Franco conserve todo lo que robó y se ha obligado a sus víctimas a seguir saqueadas en democracia". Añade que "no se pueden celebrar cincuenta años de libertad mientras hay personas que no pueden pisar su casa familiar porque en ella vive la familia del asesino".
Copia de la petición registrada ante presidencia y un documento como ejemplo de cómo las instituciones golpistas se apropiaron de los bienes de familias republicanas a punta de pistola
Un largo camino hacia la reparación
La ARMH reclama que el Gobierno dé pasos firmes para garantizar la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. "El reconocimiento no puede quedarse en palabras bonitas en discursos institucionales. Si hay voluntad real de hacer justicia, debe establecerse un mecanismo claro para que las familias republicanas puedan recuperar lo que les fue arrebatado", concluye Silva.
Mientras tanto, la indignación crece entre quienes llevan décadas luchando por la memoria histórica y por los derechos de las víctimas de la dictadura. El agravio comparativo entre la restitución de bienes a partidos políticos y la imposibilidad de hacerlo para las familias republicanas es una herida abierta que sigue sin cerrarse en la democracia española.