En un paso significativo en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno ha aprobado, junto con la mayoría de las comunidades autónomas, la distribución de fondos públicos para exhumaciones. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó la importancia del acuerdo alcanzado en Zaragoza y celebró que no se registrara ningún voto en contra: "Agradezco el apoyo porque no ha habido ningún voto en contra", señaló.
El reparto contempla un total de 2.782.773 euros aprobados, tras descontar las cantidades no ejecutadas del año anterior por algunas regiones como Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, que no recibirán asignación en esta convocatoria. Las comunidades de Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana se abstuvieron en la votación.
Avances técnicos y compromiso institucional
Durante la reunión, Francisco Echeverría, coordinador del proyecto, ofreció detalles sobre los procesos de identificación genética y el funcionamiento de los laboratorios homologados en todo el país. La tecnología del ADN sigue siendo un pilar esencial para reconstruir identidades y restituir restos a las familias.
El encuentro concluyó con una presentación sobre los trabajos en el Valle de Cuelgamuros, donde un equipo de forenses, antropólogos y especialistas lleva a cabo una tarea que el ministro calificó de “excepcional”. Más de 200 peticiones de exhumación han sido ya registradas, una cifra que sigue creciendo pese a los retos derivados del paso del tiempo, como el deterioro de los restos y la pérdida de familiares directos.
“El objetivo no es otro que dar dignidad a las personas que perdieron la vida en la contienda y entregar a sus familias los restos de sus seres queridos”, enfatizó Torres.
Una medida necesaria y justa
La dotación económica aprobada se complementa con otras vías de financiación como los fondos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las partidas asignadas a proyectos de grandes fosas. Además, consells insulares, diputaciones y cabildos contarán con recursos propios para impulsar las labores de exhumación.
La aprobación de esta medida supone un paso firme hacia la reparación moral de las víctimas del franquismo y sus familias. En palabras del ministro, el ambiente de la reunión fue “constructivo y propositivo”, reflejo de un consenso institucional creciente en torno a una causa que, lejos de dividir, contribuye a cerrar heridas y restaurar la memoria colectiva de España.
Distribución de fondos más relevantes por comunidades:
Andalucía: 615.967 €
Cataluña: 385.398 €
Castilla-La Mancha: 300.218 €
Comunidad Valenciana: 297.957 €
Castilla y León: 196.211 €
Extremadura: 186.379 €
Galicia: 78.139 €
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su apuesta por una memoria democrática activa, justa y basada en hechos. Porque recordar con verdad y actuar con justicia es el único camino hacia una democracia plena.