El eco de los pasos en la cripta del Valle de Cuelgamuros retumba sobre décadas de silencio. Un silencio impuesto, heredado, cargado de nombres enterrados sin permiso bajo toneladas de piedra y discurso. Pero esta vez, el sonido tiene otro tono: el de la reparación. En un país donde la memoria sigue doliendo, lo ocurrido en estas semanas marca un antes y un después. Las exhumaciones avanzan con respaldo judicial. La Iglesia abre la puerta a resignificar uno de los lugares más cargados de simbolismo del siglo XX español. Y el Estado, en diálogo con Roma, inicia una reforma que parecía imposible.
El Valle de los Caídos comienza, por fin, a mirarse en otro espejo. Ya no como altar de un régimen, sino como lugar donde la memoria —con sus sombras y sus heridas— pueda respirar dignidad. Las exhumaciones continúan. Y lo hacen con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha puesto freno al enésimo intento de la Fundación Francisco Franco y de colectivos ultraderechistas por detener lo inevitable: la recuperación de los cuerpos de quienes nunca eligieron descansar bajo la losa del mausoleo franquista.
Una victoria judicial que, más allá de lo legal, significa mucho para las familias que durante años han esperado este momento. Es, según voces del entorno de la Memoria Democrática, un paso firme hacia la justicia. Y también, un revés simbólico para quienes han hecho del Valle un bastión de resistencia al relato democrático.
Roma escucha: acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano
Mientras las máquinas trabajan en la tierra removida, otra negociación se ha desatascado lejos de Cuelgamuros, entre frescos renacentistas y mármol vaticano. El 25 de febrero, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se sentaba en Roma con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. De aquella conversación, tensa pero fluida, saldría un pacto hasta hace poco impensable.
“La Iglesia no puede quedarse fuera de la resignificación del Valle”, fue la frase que marcó el tono. Desde ese día, los movimientos se aceleraron. Una semana más tarde, en Madrid, el cardenal José Cobo firmaba el acuerdo definitivo. La Santa Sede, el Arzobispado y el Ejecutivo español sellaban así una colaboración histórica.
Cambio de ciclo entre los muros del monumento
El acuerdo no es menor. La basílica no será desacralizada, pero sí transformada. Las zonas no destinadas al culto —el vestíbulo, el atrio, la nave desocupada y la cúpula— podrán albergar intervenciones artísticas y museográficas. Se convocará un concurso internacional de ideas, y en él participará un delegado de la Iglesia. La zona del altar y las bancadas adyacentes permanecerán como espacios sagrados, con acceso independiente.
En palabras del nuevo responsable benedictino del Valle, Alfredo Maroto, la basílica debe ser ahora “un monumento a la reconciliación y un valle de paz”. La elección de Maroto no es casual: sustituye a Santiago Cantera, figura afín al franquismo y símbolo de la resistencia eclesial a cualquier cambio. Él y otros dos religiosos saldrán del enclave en las próximas semanas. El Vaticano lo entendió: con nostálgicos del régimen en el corazón del Valle, la resignificación era una quimera.
La memoria avanza, pese a todo
No han faltado resistencias, presiones ni filtraciones interesadas. Algunas voces episcopales lamentaron que el acuerdo saliera a la luz. Otras acusaron al Gobierno de intentar forzar una desacralización que nunca estuvo sobre la mesa. Pero lo cierto es que el pacto, cuidadosamente negociado, abre una etapa nueva. Una etapa que reconoce la dimensión religiosa del lugar, sin dejar que ello bloquee su necesaria resignificación.
En su carta al ministro Bolaños, el cardenal Cobo fue claro: “La presencia de elementos religiosos puede incorporarse a este proceso”, siempre que se oriente al culto, a la oración y a una cultura de paz. El Valle, dijo, debe estar al servicio del encuentro y la convivencia.