La imagen es de aparente firmeza democrática: este martes, la Comisión Constitucional del Congreso dará luz verde a una reforma legal que permitirá disolver asociaciones que hagan apología del franquismo. La medida, impulsada por el PSOE y respaldada por una mayoría progresista, apunta a cerrar la puerta legal a entidades nostálgicas del régimen dictatorial. Sin embargo, tras el aparente golpe sobre la mesa, hay una grieta que llama la atención por su tamaño y su carga simbólica: la Fundación Francisco Franco, la más conocida y activa de todas, no se verá directamente afectada por esta reforma.
La modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación —en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022— incorpora una disposición adicional que permitirá la disolución de aquellas asociaciones que ensalcen el golpe de Estado de 1936, la dictadura, o a sus dirigentes, siempre que con ello se humille a las víctimas o se incite al odio o a la violencia. Además, deja claro que esta disolución podrá proceder incluso aunque los estatutos de dichas asociaciones no recojan expresamente tales actividades. La resolución, eso sí, deberá ser judicial y con la intervención del Ministerio Fiscal.
Hasta aquí, todo parece una victoria para las entidades memorialistas, que llevan décadas denunciando la impunidad simbólica de quienes siguen reivindicando la dictadura. Más aún cuando la reforma introduce una segunda vía: la penal. En concreto, se abre la puerta a que la Fiscalía pueda iniciar procesos por delito de asociación ilícita cuando existan indicios de incitación al odio o violencia.
Sin embargo, la excepción se encuentra precisamente donde más escuece: en las fundaciones. La reforma afecta exclusivamente al régimen jurídico de las asociaciones. Las fundaciones, como la Fundación Nacional Francisco Franco —que sigue activa, con recursos públicos y presencia institucional—, quedan al margen del nuevo marco.
La paradoja institucional
El argumento técnico es que las fundaciones se rigen por otra normativa, cuya supervisión recae en el Ministerio de Cultura. Actualmente, la decisión de iniciar un proceso de disolución de una fundación como la Franco depende de la voluntad política y jurídica de ese ministerio, hoy en manos de Ernest Urtasun (Sumar). Pero lo cierto es que, más allá de las declaraciones, ningún Gobierno democrático ha logrado —o querido— culminar la disolución de una entidad que en su propia página web ensalza a un dictador condenado por la historia y el sentido común democrático.
Este vacío legal es especialmente paradójico si se considera que, con la nueva ley, una pequeña asociación de ultraderecha podría ser perseguida por enaltecimiento del franquismo, mientras una fundación con sede, estructura, financiación y alcance institucional —dedicada precisamente a mantener vivo el legado del dictador— sigue operando con total normalidad.
La memoria a medias
Las asociaciones memorialistas, muchas de ellas formadas por familiares de víctimas del franquismo, ya han mostrado su decepción con esta reforma a medio camino. La legitimación para actuar que ahora se les reconoce —como parte del nuevo texto— es sin duda un avance. Pero esa misma legitimación choca con una realidad frustrante: no podrán actuar contra una de las principales plataformas de apología franquista del país.
Una victoria que no es tal
La previsión es que el pleno del Congreso apruebe la norma en abril, y que más tarde pase al Senado. Se necesitará mayoría absoluta, y salvo sorpresas de última hora, los números están. Será una victoria simbólica del bloque progresista, una afirmación de los principios democráticos frente al revisionismo. Pero será también una victoria limitada, con sabor a aplazamiento.
Porque mientras la Fundación Francisco Franco siga en pie, con su nombre intacto, sus redes activas y sus homenajes programados, cualquier ley que diga combatir la apología del franquismo corre el riesgo de parecer solo un gesto. Y en materia de memoria histórica, los gestos vacíos pueden ser tan dolorosos como el olvido.