El Gobierno de España ha aprobado un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería en el Consejo de Ministros, una reforma que promete cambiar el panorama para miles de migrantes en situación irregular. Según detalló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este marco legal prevé la regularización de hasta 300.000 personas al año durante los próximos tres años. La medida se presenta como una solución a las crecientes demandas del mercado laboral y un paso adelante en la protección de los derechos humanos.
Simplificación y nuevas oportunidades
El reglamento introduce cambios significativos para agilizar los procesos de regularización y reducir las barreras burocráticas. Ahora, las autorizaciones iniciales tendrán una duración de un año y las renovaciones se extenderán automáticamente a cuatro años. Esta simplificación no solo beneficia a los migrantes, sino que también facilita la adaptación a las necesidades del mercado laboral.
Por primera vez, se crea un visado de búsqueda de empleo cuya vigencia pasa de tres a doce meses. Este cambio está diseñado para que las empresas extranjeras encuentren el talento necesario mientras los trabajadores obtienen empleos acordes a su perfil profesional. Además, se ha delimitado claramente el ámbito de competencias entre consulados y oficinas de extranjería, eliminando duplicidades administrativas.
El nuevo enfoque del arraigo
El arraigo, una de las vías más utilizadas para la regularización en España, también se ve reforzado. Ahora, existen cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y arraigo de segunda oportunidad. Entre las novedades, destaca la reducción del tiempo de residencia necesario para optar por el arraigo social, que pasa de tres a dos años.
El arraigo sociolaboral, por su parte, permite a los solicitantes presentar contratos de trabajo más flexibles, incluyendo jornadas de 20 horas semanales o contratos concatenados en empleos estacionales. También se introduce el arraigo de segunda oportunidad, que facilita la regularización de personas que perdieron su permiso por causas administrativas, como no renovar a tiempo por estar fuera del país.
Impacto en cifras
El cambio normativo responde a un incremento significativo en las regularizaciones. A finales de 2023, había 210.334 personas con autorización por arraigo, un 67% más que en 2022. De ellas, un 30,4% estaban afiliadas a la Seguridad Social, mostrando un impacto positivo en la economía española.
Elma Saiz destacó que estas cifras podrían aumentar con la reforma. "Con esta nueva normativa, esperamos regularizar a una media de 300.000 personas al año, adaptándonos a las necesidades de nuestro mercado laboral y fortaleciendo nuestra cohesión social", afirmó la ministra.
Apoyo a estudiantes y formación
Otra de las medidas destacadas del reglamento es el respaldo a los estudiantes internacionales. Ahora podrán disfrutar de autorizaciones de estancia durante todo el periodo de formación y trabajar hasta 30 horas semanales. Esto no solo facilita la integración laboral, sino que también asegura que los estudiantes puedan mantener su sostenibilidad económica mientras cursan sus estudios.
El Gobierno ha reforzado los requisitos de los centros educativos para garantizar una formación de calidad, evitando fraudes y malas prácticas. Además, los estudiantes podrán enlazar directamente su autorización de estudios con permisos de trabajo, reduciendo el riesgo de caer en la irregularidad administrativa.
Protección laboral y derechos humanos
El reglamento introduce nuevas garantías para los trabajadores migrantes, asegurando que sus condiciones laborales sean claras y comprendidas en su idioma de origen. Este marco normativo también facilita la regularización de personas que han sido víctimas de explotación laboral, un avance significativo en la lucha contra este tipo de abusos.
Por otra parte, se refuerza la colaboración con las autoridades de terceros países y los agentes sociales, asegurando que el proceso de contratación internacional sea más transparente y menos susceptible a irregularidades.
Avances en la reagrupación familiar
La reagrupación familiar también experimenta cambios importantes. Ahora, se incluyen supuestos antes no contemplados, como parejas no registradas formalmente y familiares de hasta 26 años. Además, se amplían los derechos para víctimas de trata, violencia de género o violencia sexual, permitiendo la reunificación de sus hijos y progenitores.
El nuevo reglamento introduce, por primera vez, un régimen específico para los familiares de ciudadanos españoles, facilitando su regularización en comparación con el esquema anterior.
Un debate necesario
El nuevo reglamento se aprueba en un momento clave para la política migratoria española. Mientras continúa la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular que busca una regularización generalizada sin condiciones, el Gobierno defiende este marco normativo como una solución "más estable y segura". Según Saiz, la normativa representa "una simbiosis ganadora entre la extensión de derechos y las necesidades de España".
Sin embargo, colectivos como Regularización Ya critican lo que consideran un enfoque utilitarista de la reforma, señalando que muchas personas podrían quedar excluidas. Insisten en la necesidad de priorizar un enfoque humanitario en la política migratoria.
Con estas medidas que combinan simplificación administrativa, flexibilidad laboral y protección de derechos, el Gobierno busca responder tanto a las necesidades del mercado como a las demandas sociales. Aun así, queda por ver si estas reformas serán suficientes para abordar los retos pendientes en la integración y regularización de los migrantes en España.