Pedro Sánchez da por cerrado el bochornoso escándalo de la compra de munición a Israel. Ayer, Moncloa dio un paso atrás y rectificó: el contrato cerrado con la empresa israelí IMI System para la adquisición de 15 millones de balas (6,6 millones de euros) con destino a la Guardia Civil queda cancelado. Las presiones de la izquierda real han dado resultado y en menos de 24 horas Sánchez, que había entendido la gravedad de lo que se estaba jugando, dio la orden de paralizar el infame negocio que situaba a España como cómplice de un genocidio.
Sin duda, ha sido un gran triunfo de Yolanda Díaz y, por qué no decirlo, también de Izquierda Unida, que puso pie en pared al amenazar a Sánchez con la ruptura del Gobierno de coalición si la operación no se suspendía de forma inmediata. Sin embargo, el feo asunto del tráfico de armas con Israel puede que no quede solo reducido al caso Balas, que ha estado a punto de provocar una crisis gubernamental irreversible. Hay más contratos con Israel. Más papeles manchados de sangre.
Según publicó ayer El Independiente, el Gobierno español mantiene activos al menos otros nueve contratos con empresas israelíes del sector armamentístico. Así lo denuncia la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), que agrupa a más de 600 organizaciones y colectivos españoles horas después de que Moncloa ordenara la rescisión unilateral del contrato con la compañía IMI Systems para la compra de munición. Y, tal como apunta el Huff Post, en la Plataforma de Contratación figuran al menos otros seis contratos ya formalizados con empresas israelíes desde el 8 de octubre de 2024 y otros tantos que, si bien aún no han terminado el proceso de contratación, están también adjudicados. Por su parte, El Español asegura que Interior mantiene un contrato de chalecos antibalas con una empresa israelí por ser “material de protección”. Se trata de un acuerdo por valor de 319.000 euros entre la Guardia Civil y la misma empresa israelí con la que el Gobierno ha rescindido unilateralmente el que tenía para la adquisición de 15,5 millones de balas por más de 6 millones de euros. Según fuentes de Interior, ese contrato, publicado en el BOE el pasado mes de abril, no se considera sujeto al compromiso de no suscribir contratos de compraventa de armas con empresas israelíes, ya que se trata supuestamente de material de defensa y protección para policías y militares. Las mismas fuentes han precisado que concursaron otras tres empresas, pero fueron declaradas “no aptas” por la Mesa de Contratación porque sus productos no cumplían los requisitos técnicos fijados en el pliego de licitación. Así, la adjudicataria del contrato resultó ser la empresa Guardian Homeland Security, filial española de la israelí IMI Systems.
Estamos, por tanto, ante un gran incendio que, lejos de estar controlado por el Gobierno, da la sensación de que se le escapa por momentos de las manos. El asunto promete crecer como una bola de nieve en los próximos días. Habrá más contratos aireados, más titulares, más vergüenza mientras Israel extermina palestinos por decenas cada día. Es de prever que la izquierda real se tome la cosa muy en serio hasta aclararlo todo. De entrada, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le insta a abrir cuanto antes una auditoría que arroje luz a todas las relaciones comerciales con ese país. Esa posibilidad genera inquietud en el Ejecutivo, ya que es público y notorio que en los últimos años se han firmado numerosos acuerdos de cooperación con el régimen de Tel Aviv. Ayer, ERC, Bildu y BNG, socios habituales del Gobierno, exigián la comparecencia de Marlaska para que dé explicaciones. Según la moción registrada, las formaciones aseguran que estos contratos incumplen “los compromisos adquiridos de finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio contra el pueblo palestino” y reclaman aclarar “las responsabilidades derivadas por estas actuaciones”.
Cada vez parece más claro que deben producirse dimisiones inmediatas y en varios niveles, desde la Oficina Económica de la Guardia Civil hasta la Secretaría de Estado de Seguridad e incluso en el propio ministerio. Marlaska está tocado, no solo por este fiasco, ya debería haber dimitido por las matanzas en la verja fronteriza con Marruecos. Y es cuestión de tiempo que caiga. Sánchez ya sopesa su cese. O dimite Marlaska o dimite el presidente. Y si por algo se caracteriza el inquilino de Moncloa es por dejar caer a todo aquel que le suponga un problema. Que se lo pregunten si no a su exmano derecha, José Luis Ábalos, sin ir más lejos. El todopoderoso exministro de Transportes no duró ni un cuarto de hora en cuanto aparecieron los primeros titulares sobre el caso Koldo.
Mientras tanto, la sociedad civil se moviliza ante el escándalo mayúsculo. En julio de 2024, representantes de Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego registraron una proposición para modificar la actual Ley 53/2007 del comercio de armas e introducir la figura del embargo a países que estén siendo investigados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crimen de genocidio, como es el caso de Israel, actualmente investigado en la Corte Internacional de Justicia. Representantes de la campaña Fin del comercio de armas con Israel, de la que forman parte más de 500 organizaciones, sindicatos y asociaciones vecinales, se han reunido con los citados partidos políticos. No se va a dejar pasar este escándalo.
Ana Sánchez, de Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, aseguró en su día: “Desde la sociedad civil llevamos meses exigiendo que el Gobierno rompa las relaciones militares y de seguridad con Israel, y viendo que no lo hace buscamos más herramientas de presión. Queremos que deje de apuntalar a un estado genocida y de apartheid y no vamos a parar hasta conseguir acabar con esta complicidad, por la justicia en Palestina y por la justicia global. La paz no se asegura con muros ni se defiende con tanques. Lo que garantiza la paz y la seguridad es un sistema de protección de derechos que antepone la dignidad y la vida de las personas ante los intereses políticos y estratégicos de nuestros gobernantes y eso es lo que queremos conseguir con esta modificación legislativa”.