Greenpeace ha expredo su rechazo a los partidos que ayer votaron en el Congreso en contra de las necesidades cotidianas de la ciudadanía. En la votación, Junts se asociaba al PP y a Vox para votar en contra de la prórroga del decreto ley de ampliación del gravamen a las grandes energéticas – que también ha contado con el voto negativo del PNV – y del denominado decreto ley anticrisis, en el que se incluían la prórroga a las ayudas al transporte público y sostenible. Este último decreto incorporaba además otras medidas importantes como la actualización de porcentajes del bono eléctrico, la suspensión de desahucios y el corte de suministros básicos en hogares vulnerables, entre otras. Por ello, la organización ecologista acusa a algunos grupos políticos de despreciar los intereses de la ciudadanía y de hurtarles los recursos necesarios para garantizar su bienestar más básico, una acción climática robusta y un transporte público sostenible y asequible para todas las personas.
“En el contexto actual de euforia económica de las élites, los partidos deciden amnistiarlas de manera inmoral e irresponsable y alejarse de las necesidades reales de la gente, que ya están pagando los costes de la crisis ecosocial en la que nos encontramos. Es un momento para que la ciudadanía reivindique sus derechos con determinación y de hacer frente común democrático contra la desigualdad y la crisis climática", ha afirmado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.
En el caso de la extensión del gravamen energético, Greenpeace ya había denunciado la negativa de Junts, PNV, PP y Vox a prorrogar el gravamen y obligar al gobierno a aprobar uno nuevo. Entonces, como ahora, la organización ecologista acusa a estos partidos de alinearse con los intereses de las empresas energéticas en lugar de ponerse del lado de la ciudadanía que es quién, en última instancia, tendrá que pagar "los escaqueos y amnistías fiscales del oligopolio energético".
“Hoy ganan los grandes accionistas del oligopolio energético – BlackRock, Santander, Criteria Caixa y los fondos soberanos de los países del golfo – y pierde la ciudadanía. Las grandes compañías se siguen escaqueando y algunos líderes deberían explicarle a la gente qué propuestas tienen para cubrir los 1.500 millones perdidos para 2025 que podrían haberse destinado a apoyar a las personas damnificadas por la DANA y a prepararnos para enfrentar mejor las crisis que llegarán en el futuro” señala Carlos García Paret, coordinador de Incidencia de Greenpeace España.
Greenpeace ha analizado en el informe “Las empresas energéticas deben pagar por sus beneficios y daños extraordinarios” el momento de euforia económica del sector energético y que contrasta con el estrés económico y climático de buena parte de la ciudadanía. En 2024, año en que el calentamiento global ha alcanzado la temperaturas más altas desde que existe el ser humano, "el oligopolio, principal responsable en nuestro país de la emergencia climática, alcanzó un nivel récord de beneficios y distribución de dividendos. Asimismo, se invirtieron 6.500 millones de euros en energías fósiles en nuestro país, poniendo en riesgo los compromisos climáticos y la seguridad de la ciudadanía".
Ponen como ejemplo el caso de Repsol. "Es el más alarmante: es una compañía tóxica que genera el 62% de las emisiones del IBEX y destina un 60% de sus inversiones a energías fósiles. Según Greenpeace, tres cuartas partes de los daños provocados por estas emisiones no están compensados por ningún mecanismo fiscal, lo que significa que son costes que asume la ciudadanía.
Por otro lado, Greenpeace rechaza la decisión del PP, Vox y Junts de bloquear la prórroga de las bonificaciones del transporte público, que desde su puesta en marcha en 2022 han tenido una excelente acogida por parte de la población y han demostrado su eficacia a la hora de reducir la contaminación. Estas ayudas, que han impulsado el transporte público tras la pandemia, dicen que también han servido para aliviar la economía de los hogares en un contexto de inflación. Sin embargo, a partir de ahora desaparecerán las bonificaciones y volverán a aplicarse las tarifas originales.
“Los partidos que han votado en contra muestran su desconexión con las necesidades cotidianas de la población. Millones de personas se verán afectadas por su decisión de no prorrogar las ayudas al transporte público. Mantener esta prórroga era fundamental para no comprometer los beneficios al bolsillo de la gente y en la lucha contra el cambio climático conseguidos durante estos dos últimos años. Esta medida era un paso necesario hacia la futura implantación del abono único de transporte en la que ya se está trabajando por parte del Gobierno”, ha señalado Cristina Arjona, coordinadora de Movilidad de Greenpeace España.
La organización ecologista recuerda que en la actualidad, el 30,7 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España proceden del sector del transporte, un porcentaje que sigue creciendo a pesar de la reducción conseguida gracias al avance de las energías renovables. "Es urgente que se consiga un traspaso del vehículo privado al transporte público de calidad para alcanzar los objetivos de neutralidad climática cuanto antes y garantizar una mejor calidad del aire y por tanto en la salud de las personas", concluyen.