Las noticias de prensa obligaron al Ayuntamiento de La Adrada (Ávila) a abrir una investigación sobre las supuestas irregularidades en el chalé del juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid. Según publica el diario El Plural, “se prevé la realización de una inspección urbanística in situ, la cual se efectuará una vez completada la recopilación y análisis de la documentación existente. Además, en caso de que se detecten deficiencias en el expediente, se procederá a solicitar la documentación pertinente al propietario preferiblemente antes de la inspección o, en su caso, en el transcurso de la misma”. Esto significa que técnicos municipales acudirán al chalé de Peinado para investigar el asunto de la misma forma que el magistrado entró en Moncloa para hacer lo propio con Pedro Sánchez y su mujer.
“El PP de la localidad intenta resguardarse de la tormenta que levantó las informaciones publicadas por ElPlural.com, y para ello se abrió hace unos días a investigar el inmueble, tal como refleja el expediente al que ha tenido acceso este periódico”, añade el citado medio. En el expediente urbanístico se hace constar que “el arquitecto asesor municipal actualmente asignado, quien ha asumido la gestión de este expediente, está recopilando la documentación urbanística relativa a la finca”. Pero el consistorio avisa: “Dado que los hechos objeto de análisis se remontan a hace más de 20 años, en este sentido, el Ayuntamiento prioriza un análisis riguroso y bien fundamentado frente a una tramitación precipitada que pueda comprometer la solidez del procedimiento”.
El documento prosigue: “El Ayuntamiento es consciente de la importancia de este expediente y está trabajando para avanzar en su tramitación con la mayor diligencia posible. No obstante, debe tenerse en cuenta que, en los últimos meses, la carga de trabajo en el área de Urbanismo se ha visto notablemente incrementada debido a diversas circunstancias internas que han afectado la disponibilidad de personal técnico y administrativo. A pesar de ello, se están adoptando las medidas necesarias para garantizar que este y otros procedimientos urbanísticos sean tratados con el debido rigor y dentro del marco normativo aplicable. Le agradecemos su interés y colaboración en este asunto. Se le mantendrá informado sobre los avances y conclusiones una vez completadas las actuaciones en curso”.
Tal como asegura el periódico digital, el denunciante del caso del chalé relata cómo es el modus operandi habitual en estos casos. “Una inspección urbanística implica redactar un documento en el que se explique que el inspector se ha presentado en el lugar y lo que ha visto en él. Para hacerlo hay que notificar que se va a realizar la inspección y a qué hora, al promotor de la infracción, en este caso al juez Peinado”, expone. “Tiene que ser un funcionario, y por supuesto competente y habilitado”.
“El inspector está habilitado para entrar al domicilio. No obstante, para cubrirse las espaldas y evitar nulidades lo primero que tiene que hacer en este caso la alcaldesa es dirigirse al juzgado correspondiente y pedirle autorización para poder acceder al domicilio y contar la finalidad”, añade. “Los trámites no son muy largos. De hecho, el permiso puede llegar en unas 24 horas si el secretario redacta debidamente la solicitud. De lo contrario ya hablamos de una violación del artículo 18 de la Constitución”, añade el medio citado tras recabar la opinión del denunciante.
A partir de ahí, el inspeccionado “tiene derecho a poner en el mismo documento las observaciones; y el texto resultante, de carácter público, tiene un valor jurídico. Ya con el informe, que es lo que se entrega al Ayuntamiento, se resuelve si hay infracción o no (…) Pero si no eres funcionario todo esto no sirve de nada”.
La persona denunciante presentó la denuncia mencionada anteriormente como resultado de las sospechas a la Fiscalía de Ávila: “No sé si la denuncia la archivan o siguen con ella, pero mucho me temo que la Fiscalía ha llamado la atención al Ayuntamiento y, ahí, cuando se han dado cuenta de que esto va en serio, han remitido la nota”.
Hace un par de semanas salió a la luz pública que el Ayuntamiento de La Adrada, dirigido por la alcaldesa del PP, Pilar Martínez, se veía obligado a abrir una investigación para analizar si la vivienda con piscina de Juan Carlos Peinado es o no ilegal. El exalcalde de la localidad, Hilario Gabriel Ruda (PSOE), fue el encargado de paralizar las obras de la vivienda del magistrado, dado que, tal como reveló este medio de comunicación, carecía de “licencia de obra, proyecto e incluso plano”.