Desde hace más de dos décadas, asociaciones de empleados públicos interinos vienen alertando y denunciando en Bruselas de la anomalía que se ha enquistado en la administración española: el abuso sistemático de la contratación temporal. El colectivo EPA (Empleados Públicos en Abuso) denuncia que España acumula 25 años de incumplimiento de la normativa europea sobre estabilidad laboral, lo que ha derivado en despidos masivos de trabajadores con décadas de experiencia y en una precarización que afecta de lleno a la calidad de los servicios públicos.
El incumplimiento de las directivas europeas no solo acarrea un problema laboral, sino también económico y social. Bruselas ha sancionado a España con multas millonarias que se pagan con los impuestos de los ciudadanos, un coste oculto que recae sobre las arcas públicas. Además, las infracciones reiteradas comprometen la recepción de fondos europeos, lo que reduce la capacidad del Estado para financiar políticas sociales y consolidar el llamado Estado de Bienestar.
Falta de medios en situaciones críticas
Las carencias derivadas de este modelo de precariedad laboral se hacen evidentes cada vez que el país afronta una emergencia. Durante la pandemia de la COVID-19, la escasez de médicos, enfermeras y personal de atención a dependientes se convirtió en uno de los principales cuellos de botella. Episodios recientes, como las danas que han golpeado distintas regiones o los incendios forestales de gran magnitud, también han puesto en evidencia la falta de efectivos en cuerpos esenciales como Protección Civil, bomberos y brigadistas forestales.
“Lo que no se previene sale infinitamente más caro a la larga”, advierten desde EPA, al recordar que la ausencia de personal estable en la prevención y extinción de incendios ha multiplicado las pérdidas económicas y ambientales.
Una merma silenciosa del sector público
Más de la mitad de los empleados públicos en España trabajan bajo contratos temporales en condiciones que Europa considera abusivas. Para el colectivo denunciante, resulta especialmente hiriente escuchar en ciertos foros que “el sector público no es productivo” cuando, en realidad, se sostiene gracias al esfuerzo de médicos, profesores, bomberos o enfermeras que, pese a la precariedad, sostienen los pilares básicos de la sociedad.
Estado de Bienestar en peligro
La crítica que lanzan estos colectivos no se dirige a un partido o a una administración concreta, sino a todos los responsables políticos que, desde distintos gobiernos, han mantenido un modelo de contratación que erosiona los cimientos del Estado de Bienestar. “Se aplaude en un momento y se les da la espalda al minuto siguiente”, denuncian en referencia a los profesionales que solo son reconocidos en momentos de crisis.
La advertencia es clara: si no se garantiza estabilidad y medios suficientes en los servicios públicos, España corre el riesgo de llegar a un punto de difícil retorno, donde la sanidad, la educación y la protección civil se conviertan en estructuras incapaces de responder a las necesidades de la ciudadanía.