Tal y como publicamos en Diario16+, la Comisión Europea decidió congelar parte de los fondos europeos destinados a España debido al incumplimiento de las reformas comprometidas para reducir la temporalidad en el empleo público. La problemática de los interinos, es decir, cerca de un millón de trabajadores que encadenan contratos temporales durante años sin estabilización, se ha convertido en un obstáculo político, laboral y financiero de primer orden.
En el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, España se comprometió en 2021 a reducir la tasa de temporalidad en el sector público por debajo del 8%. La situación, sin embargo, sigue lejos de ese objetivo por la ineficiencia de los parches que ha querido implementar el gobierno de Pedro Sánchez. En comunidades autónomas y administraciones locales, los interinos aún representan en torno al 30% de la plantilla en sectores clave como la sanidad, la educación y la justicia.
Bruselas había advertido en repetidas ocasiones que la estabilización debía ser “real y efectiva”, y no un mero proceso administrativo. Sin embargo, los concursos de méritos y oposiciones extraordinarias puestos en marcha por el gobierno han sido objeto de denuncias judiciales, retrasos y críticas sindicales por su falta de eficacia.
El castigo: fondos retenidos
La decisión de la Comisión implica la retención de una parte de los desembolsos previstos dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ascienden a 70.000 millones de euros en transferencias directas y otros 70.000 en créditos. Aunque la cifra exacta congelada se acerca a los 700 millones de euros que sólo tienen un objetivo: presionar a España a acelerar las reformas.
El embargo sitúa a España en el centro de la lupa europea, ya que hasta ahora había cumplido con la mayoría de hitos y objetivos exigidos para la recepción de los fondos. La medida es también un aviso a otros países con problemas estructurales en el empleo público.
La advertencia de Escrivá
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, advirtió la semana pasada de que la economía española "está viviendo del Plan de Recuperación y Resiliencia" de la UE y ha recordado que este instrumento europeo tiene una vigencia limitada, ya que concluirá en 2026. "Queda año y medio y después vamos a depender de nosotros mismos mucho más", afirmó en un acto organizado por El Norte de Castilla.
Escrivá, que es uno de los responsables directos de no haber arreglado la situación de los interinos, ha subrayado que el plan ha supuesto un cambio sustancial tanto a nivel europeo como nacional, pero ha avisado de la falta de concreción en la planificación presupuestaria más allá del periodo cubierto por los fondos europeos.
El gobernador ha insistido en que es necesario dotar de mayor definición a las medidas que guiarán la política económica a partir de 2026, y ha señalado que "la clave está en las políticas y prioridades" que adoptará España en los próximos años.
El drama de los interinos
Más allá de la disputa política, el problema tiene un fuerte impacto humano. Miles de trabajadores llevan años en situación de incertidumbre laboral, con contratos temporales que en ocasiones superan la década de duración. España incumple sistemáticamente la directiva europea que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público.
“Llevo 15 años en un hospital público sin plaza fija. Hemos pasado pandemias, sobrecarga de trabajo y falta de personal, y seguimos en el aire”, explica CRT, enfermera interina en la Comunidad de Madrid. En España, casos como el suyo son la norma habitual en sectores esenciales.
Expertos en derecho laboral señalan que la congelación de fondos europeos podría ser la palanca definitiva para forzar una solución. Sin embargo, advierten que la raíz del problema es estructural: una política de contratación pública que ha utilizado la figura del interino como herramienta para cubrir déficits de personal sin asumir el coste de la plantilla estable.
Mientras Bruselas aprieta, el reloj corre: España necesita justificar avances tangibles en los próximos meses si quiere liberar los fondos retenidos y evitar que la crisis de los interinos se convierta también en una crisis financiera. Por esa razón, Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada compleja porque las sanciones a España por no regularizar a los interinos van a continuar cuando se ejecuten los expedientes de incumplimiento. Es decir, que si no hay fijeza total para todos los interinos, los fondos europeos continuarán congelándose y, tal y como afirmó Escrivá, la economía se va a resentir por lo que la España de Sánchez se acercaría peligrosamente al default.