El 25 de marzo de 2025 es una fecha para recordar por lo que sucedió en Bruselas. Esta vez no fue un simple acto simbólico. Durante tres días, las paredes del Parlamento Europeo en la capital de Bélgica escucharon algo que, desde hace décadas, se intenta silenciar desde España: el enfado y la desesperación de los trabajadores interinos en situación de abuso de temporalidad por parte del Estado español. No se trata de una problemática exclusivamente judicial, sino que es una cuestión de vidas humanas.
En la sala 8G177 del Parlamento Europeo no se produjo una comparecencia más. Fue una reivindicación serena, pero firme; técnica, pero cargada de humanidad. Diez interinas, con el respaldo de más de 500 personas afectadas y en el marco de una macrodemanda ante la Comisión Europea, pusieron sobre la mesa lo que España lleva 25 años escondiendo bajo la alfombra burocrática y protegida por su Poder Judicial. No es una cuestión de un gobierno o de un partido, porque en este cuarto de siglo, el sillón de la Moncloa ha sustentado a José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Es decir, las teóricas derechas y las supuestas izquierdas.
Las interinas denunciaron el incumplimiento sistémico de la Directiva 1999/70/CE, diseñada para evitar el encadenamiento de contratos temporales. España, a pesar de sentencias claras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la del caso C-378/17, sigue tratando a quienes sostienen la administración pública como personal de usar y tirar. La Ley 20/2021, del gobierno de Pedro Sánchez, lejos de solucionar el problema, perfeccionó la injusticia al dejar fuera a miles de personas de cualquier vía de estabilización real.
Pero más allá de las cifras y la jurisprudencia, lo que se respiró fue emoción contenida. Detrás de cada expediente hay una vida. Mujeres, en su mayoría mayores de 50 años, que llevan años sosteniendo servicios públicos esenciales mientras viven en la cuerda floja, y eso a los «capos» de la Administración pública, especialmente a los altos magistrados, se la trae al pairo.
En tres intensos días (24, 25 y 26 de marzo), se celebraron ocho reuniones con europarlamentarios de distintos grupos y con el equipo de Roxana Mînzatu, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de derechos sociales. La delegación de FETAP-CGT no solo llevó informes técnicos y jurisprudencia: llevó rostros, historias y verdades difíciles de esquivar.
Y la respuesta fue clara: la Comisión está trabajando con el Estado español. Se reconoció incluso que debe estudiarse la posibilidad de indemnización para quienes han sufrido este abuso sostenido.
Además de estas reuniones, FETAP-CGT ha anunciado nuevas acciones. Todas las demandas están ya formalmente en manos de la Comisión Europea. Se está preparando una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que podría reforzar esta estrategia a nivel continental. Y los buzones de denuncia —la herramienta que ha permitido recoger los casos— han funcionado con una eficacia sin precedentes.
Mientras tanto, en el Estado español, los procedimientos judiciales siguen paralizados, ignorados por tribunales y por letrados de la Administración de Justicia que parecen no tener prisa. El pensamiento en España sigue siendo el mismo que cuando Miguel de Unamuno escribió aquello de que «inventen ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones» o del falso misticismo patriótico que se impuso durante el franquismo. En los juzgados españoles se sigue pensando, en contra de los acuerdos firmados con la UE, «¿Justicia? Mejor la nuestra que la de Europa y así marcamos el territorio contra esos de fuera que nos dicen lo que hemos de hacer».
También se informó de la posibilidad de que las personas afectadas presenten reclamaciones patrimoniales individuales ante el Tribunal General de la Unión Europea, con modelos que pronto serán liberados gratuitamente por el equipo jurídico.
Sin embargo, en la problemática de los interinos, la ley está de su lado, aunque en España se les quiera decir lo contrario, aunque el Estado les dé la espalda y les escupa en la cara. Pero lo que sucedió la semana pasada en Bruselas fue muy importante, porque los eurodiputados pudieron comprobar que no se trata de discursos jurídicos, se trata de vidas.