El Tribunal Supremo de España ha vuelto a ponerse del lado de la precarización laboral, ignorando de manera flagrante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso en la contratación temporal en el sector público español.
En sus recientes sentencias de casación núm. 196/2025 (R. Casación 7099/2022) y 197/2025 (R. Casación 4436/2024), ambas de fecha 25 de febrero de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha vuelto a dar la espalda a miles de trabajadores temporales, negando cualquier tipo de sanción efectiva y disuasoria contra el fraude en la contratación temporal dentro de la Administración.
La Justicia blinda el fraude de la Administración
Las sentencias del Supremo consolidan una postura regresiva que da carta blanca a la explotación laboral dentro del sector público. En ambos casos, los trabajadores afectados habían sufrido años de abuso en la concatenación de contratos temporales en plazas estructurales. Sin embargo, el Alto Tribunal ha desestimado sus reclamaciones, sin imponer ninguna sanción real a la Administración responsable del abuso.
En la Sentencia núm. 196/2025, el Tribunal Supremo justifica la negación del reconocimiento de estabilidad alegando que convertir en fijos a los empleados públicos temporales choca con el principio de igualdad, mérito y capacidad del artículo 23.2 de la Constitución. Sin embargo, tal y como denuncia la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP) de la Confederación General del Trabajo (CGT) «lo que realmente perpetúa es la impunidad de la Administración y la precarización de miles de trabajadoras y trabajadores públicos que ven cómo su situación laboral es ignorada».
Por otro lado, en la Sentencia núm. 197/2025, la injusticia se repite: ni conversión en fijo ni indemnización. «En su lugar, el Tribunal Supremo pretende que la única alternativa para regularizar la situación de estos trabajadores sea la participación en procesos selectivos, ignorando que el TJUE ya ha determinado que esto NO es una sanción efectiva», denuncia FETAP.
El Tribunal Supremo se rebela contra el TJUE, una vez más
La Sentencia del TJUE de 13 de junio de 2024 estableció con total claridad que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de sancionar de manera efectiva los abusos en la contratación temporal en el sector público. Sin embargo, el Tribunal Supremo español sigue rebelándose contra la jurisprudencia europea e, ignorando esta obligación, condena a los trabajadores temporales a una incertidumbre permanente.
El TJUE estableció que la conversión en fijo es una solución válida y exigible. Además, si la conversión no fuera viable, debe existir una indemnización disuasoria real. Los procesos selectivos no pueden ser considerados una medida sancionadora, pues no penalizan el abuso ni reparan el daño a los trabajadores afectados.
A pesar de estas directrices europeas, el Tribunal Supremo insiste en hacer oídos sordos y permitir que la Administración siga abusando impunemente de la temporalidad.
Soluciones inmediatas
El Tribunal Supremo «está favoreciendo el fraude y la explotación laboral en el sector público. No podemos permitir que la única respuesta de la justicia española sea el silencio y la complicidad con las Administraciones responsables de este abuso», señalan desde FETAP.
Por esta razón, el sindicato exige una indemnización disuasoria inmediata para todas las víctimas de abuso de temporalidad, además de la conversión en fijo de aquellos empleados que han sufrido concatenación de contratos durante años.
Además instan al Estado a implementar un plan real y eficaz para acabar con la precarización laboral dentro de la Administración, además de que se respete y aplique las sentencias del TJUE, evitando así futuras sanciones de la UE.
«No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras los derechos laborales son pisoteados. FETAP luchará hasta el final, con acciones legales a nivel nacional y europeo, para que la temporalidad abusiva tenga consecuencias reales y que las Administraciones dejen de tratar a los trabajadores públicos como mano de obra de usar y tirar», señalan desde FETAP/CGT.
La realidad es que estas sentencias del Supremo suponen un nuevo atropello a los derechos laborales y una burla a la normativa europea. España sigue incumpliendo sus obligaciones comunitarias y sigue sin imponer una sanción real y disuasoria a las Administraciones que abusan de la temporalidad en el sector público.
«Esto no va a quedar impune. Seguiremos defendiendo a las y los trabajadores temporales, recurriendo a todas las instancias necesarias, para que el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas tenga consecuencias y se garantice estabilidad y dignidad laboral a quienes llevan años sosteniendo los servicios públicos en condiciones precarias», reiteran desde la central sindical.