El juez Peinado arrecia en su ofensiva judicial contra Begoña Gómez, que tendrá que volver a pasar, una vez más, ante el magistrado esta misma semana. En los últimos días, Peinado ha tratado de descargar todo un aluvión o avalancha de causas contra la mujer del presidente del Gobierno, una técnica que no tendría otro objetivo que lograr el hundimiento moral de la investigada, es decir, “que no aguante la presión y se venga abajo”, informan fuentes judiciales consultadas por Diario16. En definitiva, sería tanto como condenarla a una especie de muerte civil.
La Audiencia Provincial de Madrid ya le ha dicho al juez que debe ceñirse al objeto de la investigación, pero Peinado sigue sacándose conejos de la chistera, o sea acusaciones de nuevos delitos, contra la imputada. “El juez Peinado intenta sobrecargar sin éxito a Begoña Gómez en la semana de su citación”, asegura El Plural. “Peinado multiplica los frentes del ‘caso Begoña’ sin lograr avances significativos”, publica Eldiario.es. Según El Plural, “el juez Juan Carlos Peinado insiste en intentar involucrar a Begoña Gómez en la semana en la que le ha llamado a declarar. Sin embargo, pese a los esfuerzos que pone el magistrado en tratar de encontrar algo punible en las actuaciones de la mujer de Pedro Sánchez, sus esfuerzos no llegan a buen cauce”. En similares términos se expresa Eldiario.es: “El juez Juan Carlos Peinado ha convertido lo que se inició como una investigación sobre la actividad profesional de Begoña Gómez en una causa a la que no dejan de sumarse derivadas. Nuevos frentes del caso que el magistrado alimenta, apoyado en las acusaciones populares de extrema derecha sin que, por el momento, hayan arrojado avances significativos. Las últimas ramificaciones están dirigidas a escudriñar su relación con la Universidad Complutense, donde llegó a tener dos másteres y una cátedra extraordinaria; su contratación en el IE África Center e incluso sus finanzas personales”.
Frentes que se abren por doquier, nuevos delitos a investigar, nuevas derivadas del caso, un juicio kafkiano que se prolonga eternamente. En eso se ha convertido la prospectiva causa que instruye el magistrado. Pero quizá Peinado esté yendo más lejos aún de lo que cabía imaginar, sobrepasando lo que es una investigación prospectiva para entrar de lleno en el territorio de la persecución judicial, lo que iría abiertamente en contra del entramado de derechos fundamentales, recogido en la Constitución y las leyes y que ampara al investigado. Salvando las distancias, lo que está haciendo el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid es someter a Gómez a una pena de “vergüenza pública”, que era un castigo frecuente durante la Edad Media. El modo generalmente adoptado para aplicarla era exponer al reo al oprobio público en una plaza, con argolla, o sacándole por las calles con coroza (cono alargado de papel engrudado que como señal afrentosa se ponía en la cabeza de ciertos condenados) y de un modo ridículo. A esta clase de castigo se sumaban otras penas, como emplumar a las mujeres, pena que a los inconvenientes de su clase añade la barbarie y la inmoralidad.
Hoy ya no se aplican azotes y penas corporales, pero el linchamiento moral sigue plenamente vigente tras las nuevas técnicas judiciales implantadas por un sector ultra de la judicatura. Todos los autores y expertos en Derecho reconocen que el lawfare, guerra sucia judicial o politización de la Justicia es un mal que carcome las democracias modernas. En este sentido, una característica fundamental de la guerra judicial sería el uso de acusaciones sin pruebas, incluyendo, entre sus tácticas, las siguientes: manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, con fines políticos; enjuiciamiento sin causa; abuso del derecho para dañar la reputación de un oponente; promoción de demandas para desacreditar al rival político; intentar influir en la opinión pública mediante el uso del derecho para obtener publicidad negativa; judicialización de la política: el derecho como instrumento para conectar medios y fines políticos; promoción de la decepción popular; uso de la ley como una forma de avergonzar al oponente (escarnio judicial); y bloquear y tomar represalias contra los intentos de los oponentes de utilizar los procedimientos y estándares legales disponibles para defender sus derechos.
Son numerosos los casos de lawfare ocurridos en España en los últimos tiempos. El partido Podemos vio cómo numerosas informaciones falsas y causas judiciales se abrían en su contra para socavar su imagen, como el informe PISA, el caso Neurona, el caso niñera, la financiación de Venezuela o de Irán, la caja B , el caso de Dina Bousselham, la financiación de la sede, el caso de Victoria Rosell, el asistente de Pablo Echenique, la declaración de hacienda de Juan Carlos Monedero y las inexistentes agresiones a policías de Isabel Serra o Alberto Rodríguez. En la mayoría de los casos quedaron archivados después de haber terminado con la carrera política de los acusados.
Mónica Oltra, líder de Compromís, dejó sus cargos institucionales y su escaño en 2022 al ser imputada por un supuesto caso de negligencias de su conselleria en una causa finalmente archivada en 2024 al no encontrarse indicios de delito. Por su parte, abogados de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han denunciado que los procesos judiciales de sus defendidos tienen motivación política, y han denunciado el uso de la judicatura para castigar voces disidentes. También se ha considerado el caso Laura Borràs y el proceso contra Gonzalo Boye Tuset. El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell resultó absuelto después de pasar casi dos años en prisión preventiva en el marco de la persecución a dirigentes independentistas catalanes. Pese a haberse solicitado, la guerra judicial no quedó incluida en la Ley de amnistía del proceso independentista catalán.