Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, hace el paseíllo ante el juez Peinado por tercera vez. El magistrado instructor le ha cogido el gusto a ver desfilar a la primera dama ante su señorial presencia y ya la cita a declarar casi para cualquier cosa. Mientras tanto, los periodistas de la caverna apostados frente a la sede judicial babean ante el linchamiento público, un dardo más de cara a la operación de acoso y derribo contra el Gobierno. Esta vez, Gómez ha contestado por primera vez a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho (en concreto un listado de 35 cuestiones). Hasta hoy, siempre había guardado silencio, pero en esta ocasión ha considerado oportuno responder a las diferentes preguntas sobre los dos nuevos delitos que le imputa el juez instructor: apropiación indebida e intrusismo laboral.
Cada vez que Gómez acude al juzgado de Plaza Castilla es para responder por una nueva acusación, lo que avalaría la teoría de no pocos juristas de que el magistrado está aplicando una investigación prospectiva prohibida por el ordenamiento jurídico. De momento, tanto la Guardia Civil como la Fiscalía han rechazado cualquier tipo delictivo en la conducta de la mujer del presidente (ni tráfico de influencias ni corrupción en los negocios en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid, UCM), pero pese a ello Peinado sigue con el procedimiento de avergonzamiento público contra Gómez.
Hasta la fecha, todas las acusaciones han sido desmontadas. La esposa de Sánchez no tuvo nada que ver en la adjudicación del rescate de Air Europa, no repartió subvención oficial alguna entre empresarios privados, no se enriqueció ilícitamente (el salario obtenido por los cursos no supera los 15.000 euros anuales, es decir, alrededor del salario mínimo interprofesional) y tampoco se ha apoderado de un software libre y gratuito para el máster, ya que ella se limitó a cumplir con las indicaciones de la universidad.
En este sentido, Gómez ha solicitado al juez Peinado una batería de diligencias, entre ellas la citación de seis testigos, con el objetivo de combatir la nueva imputación de presunta apropiación indebida e intrusismo en relación del citado software. La esposa del presidente trataba de demostrar que solo hizo lo que hizo el resto del personal docente, ni más ni menos, pero Peinado no ha creído necesario admitir la comparecencia de esos seis testigos y ha rechazado la prueba. Estamos, sin duda, ante otra anomalía en la instrucción, ya que el instructor suele admitir las pruebas que solicitan las asociaciones fascistas personadas en el procedimiento mientras que inadmite las de la defensa. Otro dato extraño para que sea evaluado por los tribunales superiores cuando lleguen los pertinentes recursos, también para que la Justicia europea evalúe cómo están saltando por los aires las más elementales garantías procesales, entre ellas el derecho a la presunción de inocencia.
La defensa de Gómez, que ejerce el letrado Antonio Camacho, dirigió un escrito al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el que también pidió incorporar material a la causa después de que el magistrado ampliase los delitos por los que investiga a la mujer del jefe del Ejecutivo tras una nueva querella de la organización ultracatólica Hazte Oír, informa Efe.
El magistrado aceptó investigar si había delito en la inscripción a favor de Gómez, que era codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, de la marca TSC Transformación Social Competitiva, así como en la redacción de unos pliegos para la contratación, por parte del centro, de un servicio de asistencia y asesoría para la creación de una plataforma informática de gestión para la pequeña y mediana empresa.
La defensa de Gómez solicitó en un escrito que se incorporen correos electrónicos que “ponen de manifiesto” que ella firmó aquellos pliegos “porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente” y solicita al juez que cite como testigo a la persona de la gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM que los suscribe.
También pidió que declare la interventora de la universidad, que ya compareció en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, para que ratifique que la firma de los pliegos “se realizó de acuerdo con las normas de la UCM”, que dice que debe firmarlos el jefe de la unidad administrativa, que en ese caso era Begoña Gómez como directora de la cátedra.
El abogado aporta correos que “ponen de manifiesto” que el registro del dominio, “que no de la Propiedad Intelectual”, también se realizó conforme a las reglas de la universidad y pide además la citación de dos miembros de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que informaron a Gómez sobre “cómo debía registrar el dominio”. Afirma que hay otros títulos de máster de la Complutense en los que los directores también han inscrito el dominio de la formación a su nombre, aunque sean personal ajeno a la universidad, como el máster de Sostenibilidad ESG.
Begoña Gómez ha cambiado de estrategia y a diferencia de las últimas dos comparecencias ante el juez Peinado, donde decidió acogerse a su derecho a no declarar, este miércoles ha decidido responder las preguntas de su letrado. Lo ha hecho serena y tranquila y ha contestado un total de 35 preguntas planteadas por Antonio Camacho. A los demás no les ha contestado. Según El País, el juez Peinado interroga a Begoña Gómez “sobre dos delitos que las pruebas del sumario desmienten”. “El instructor tergiversó la declaración de una testigo para imputar al directivo del IE que había negado un trato de favor a la mujer del presidente”, añade el citado medio.