El exconsejero madrileño del PP y directivo del Instituto de Empresa (IE) Juan José Güemes (ex alto cargo de Esperanza Aguirre) ha reiterado este miércoles ante el juez Peinado que ese organismo no contrató a Begoña Gómez al frente del África Center porque fuese mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien nunca habló de su contratación. De esta manera, hasta los prebostes del Partido Popular le están diciendo al magistrado instructor que no hay nada extraño, como el tráfico de influencias, en la contratación de una mujer que ya venía haciendo trabajos universitarios desde hace décadas, incluso mucho antes de que Sánchez llegara a la Moncloa.
Güemes compareció ayer ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid después de que Begoña Gómez haya negado, a preguntas de su abogado, cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y se haya desmarcado de las conductas que le atribuyen las acusaciones. Gómez decidió declarar ante el juez a preguntas de su abogado, Antonio Camacho, quien dijo a los medios de comunicación que ese objetivo, aclararlo todo sobre el máster universitario, siempre ha sido el interés de su cliente, aunque antes no había podido por la “indefinición” de la causa instruida en Plaza Castilla. Fuentes judiciales aseguran que estamos ante un cambio de estrategia en la defensa de la primera dama, ya que hasta ahora siempre había guardado silencio cada vez que se sentaba en presencia de Peinado. Las mismas fuentes añaden que este paso puede resultar importante, ya que a partir de ahora Begoña Gómez podrá explicar cualquier dato sobre el rocambolesco asunto instruido por el magistrado.
Su declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, de unos 35 minutos, consistió en desmarcarse de todas las irregularidades que le atribuyen las acusaciones y explicar su relación profesional con la Universidad Complutense de Madrid, con la que nunca se lucró ni pretendió lucrarse, según informa Efe. No obstante, las explicaciones no han dejado satisfecho al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que ayer mismo volvió a ordenarle a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que verifique si la investigada tiene más cuentas corrientes abiertas de las ya aportadas. Cabe recordar que este cuerpo policial no ha encontrado nada injustificable en el patrimonio de la mujer del líder socialista y que de la información contable aportada hasta el momento se extrae que Gómez es titular o cotitular de 11 cuentas, la mayoría nulas o fuera de servicio. En una de ellas, el saldo asciende a poco más de 40 euros.
Es evidente que Begoña Gómez se ha comportado como una profesional liberal y que en su relación con la Universidad Complutense de Madrid, para la que organizó el famoso máster, no ha pasado de ganar más de 15.000 euros al año, es decir, una retribución mensual que ronda el salario mínimo interprofesional. Peinado no se cree que la primera dama no se haya enriquecido ilegalmente con los cursos y está presionando a la UCO para que encuentre más cuentas corrientes, cuentas corrientes que quizá solo estén en su cabeza siempre dispuesta a dar cobertura a las denuncias repletas de datos falsos y sugerencias calenturientas de organizaciones ultraderechistas.
Ha sido la tercera vez en lo que va de año que Gómez comparecía ante el juez, que ha ampliado su imputación a los delitos de intrusismo y apropiación indebida en relación con la contratación de un software para la cátedra que codirigió, que se unen a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias por los que ya la investigaba. Begoña Gómez ha explicado su relación profesional con la Universidad, donde codirigió una cátedra extraordinaria que no tenía retribución y dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. “Creo que la cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo”, aseguró su abogado Antonio Camacho.
La mujer del presidente del Gobierno ha explicado que colaboraba con la Complutense desde 2012 por su experiencia, aunque no es catedrática ni contratada por la universidad, según las fuentes. El máster de Transformación Social Competitiva se aprobó en marzo de 2020, pero ella trabajaba en la idea desde 2019, y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache (también investigado), fue quien le propuso luego unirlo a una nueva cátedra que ella acabó codirigiendo.
Esa marca Transformación Social Competitiva la inscribió en el Registro correspondiente, y lo hizo antes de que se confirmara el máster y como una marca “figurativa”, que es algo habitual en los títulos propios para dar imagen a la formaciones, añadió el letrado. Gómez ha puesto de relieve que esa marca se inscribió con el objetivo de que no se usase fuera de la Universidad y era algo que la Complutense conocía y se reflejaba en los documentos. Pero “jamás”, dejó claro el abogado, quiso apropiarse de ninguna marca, sino que solo se inscribieron como “protección” de un nombre.
Para la cátedra se articuló una plataforma de medición de impacto para las empresas, de la que Begoña Gómez ha negado que quisiese cobrar porque desde el primer momento se definió que sería un proyecto sin ánimo de lucro y sin coste. “Una plataforma siempre a disposición de la Complutense, gratuita”, añaden las fuentes. La creación de esa plataforma o software se licitó por 60.000 euros, dijo Begoña Gómez, quien precisó que no tiene conocimientos jurídicos y que desde la Complutense se le indicó que tenía que firmar un pliego sobre la contratación porque era práctica habitual de la Universidad.
Al término de su declaración, su abogado agregó que Gómez “se ha comportado siempre de una manera correcta, en coordinación con la Universidad Complutense”, y que “si firmó un pliego prescripciones técnicas es porque la normas de la Complutense así lo exigen”. Aunque el juez la citó por el asunto del software, Begoña Gómez ha declarado sobre todos los aspectos que se le imputan, como un supuesto favorecimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Gómez ha negado que intermediara a su favor en ninguna licitación pública; conocía a Barrabés, dijo, pero “jamás” supo de los proyectos que se le adjudicaron, ni hizo “ninguna gestión”, asegurando que nadie le habló de ellos y solo tuvo conocimiento de los mismos cuando se abrió la causa en la que ella y el empresario son investigados.