La instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno –a la que pretende procesar por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral– ha sido criticada por prestigiosos juristas españoles, que la han tachado de prospectiva. Las investigaciones prospectivas (mediante las cuales un juez con una idea preconcebida sobre un imputado busca indicios para acusarlo, abriéndole una causa general sobre toda su vida) están prohibidas por la ley y la jurisprudencia española. El fishing expedition (literalmente “salir de pesca” o investigar por “si suena la flauta”), tal como se conoce en el derecho anglosajón, es una práctica abolida y desterrada en la mayoría de los cuerpos legales de los países de nuestro entorno. La Audiencia Provincial de Madrid ya ha descartado que el juez Peinado esté incurriendo en prospección alguna, pero en el mismo auto que lo exonera le recuerda que debe ceñirse solo al objeto del procedimiento, sin abrir nuevas causas derivadas o añadidas. Esa orden no la está cumpliendo el controvertido magistrado instructor, que cada semana le instruye un pleito nuevo, por nuevos delitos, a la investigada.
Obviamente, si el juez Peinado consigue reunir indicios racionales de criminalidad contra la primera dama le abrirá auto de procesamiento y la sentará en el banquillo. Pero entonces se plantearán una serie de recursos para determinar si se han respetado todas las garantías y derechos fundamentales de la procesada, recursos que posiblemente llegarán al Tribunal Supremo, al Constitucional y, lógicamente, a Europa. Y ahí es donde, quizá, empiecen los problemas para el juez Peinado, ya que los tribunales europeos son extremadamente garantistas y tumban cualquier procedimiento sobre el que planee alguna sombra de abuso judicial.
En esta línea, las “investigaciones prospectivas” son nulas, tal como ha establecido, además de la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional, el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Por tanto, cabe pensar que la polémica instrucción llevada a cabo por el juez Peinado podría ser tumbada en Estrasburgo, aunque quizá para entonces (dentro de dos, tres o cuatro años) ya será demasiado tarde, puesto que el Gobierno Sánchez habrá sido derrocado por la ofensiva judicial, por una posible moción de censura o mediante unas elecciones probablemente anticipadas, que es donde pretende llegar la derecha española (política y judicial) a tenor de los últimos contactos PP/Vox y Junts.
“Hay una tendencia muy preocupante sobre la persecución del delito, que es que para castigarlo todo está permitido. Un sector de la población está de acuerdo con esto. Benjamin Franklin decía que el que está dispuesto a renunciar a su libertad a cambio de la seguridad merece perder la libertad y la seguridad. Esto es lo que ocurre ahora. No podemos dejar abierto ese camino”, asegura Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ernesto Ekaizer, de El Periódico de Catalunya, publica que “el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid está haciendo un acopio de material para calzarlo en su visión legal predeterminada del caso Begoña Gómez como una causa contra su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Es muy difícil elaborar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para imputar al presidente? Peinado sigue el modelo García-Castellón con su exposición razonada o espada de Damocles para imputar al exvicepresidente Pablo Iglesias”. Desde este punto de vista, por tanto, lo que está haciendo la caverna judicial sería tratar de destruir el Gobierno Sánchez siguiendo el mismo patrón que ya se empleó en su día con Podemos y su líder. Las últimas reformas sociales y económicas no han gustado a la derecha, ni a la patronal, ni a los poderes financieros, de modo que estas élites tienen prisa por terminar con el Ejecutivo Sánchez –al que siempre han considerado ilegítimo–, cuanto antes. En ese contexto de ruido, conspiración y ambiente casi golpista es preciso encuadrar el caso Koldo y las revelaciones del empresario Aldama, que ha acusado al PSOE, sin pruebas, de financiarse ilegalmente.
Esta semana Begoña Gómez acudirá por tercera vez a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para declarar como investigada por los nuevos delitos que le imputó el juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación de un software para la cátedra que codirigió. Llama la atención la cantidad de veces que se está haciendo desfilar por la sede judicial a una persona de relevancia política como es la esposa del presidente. Esa sobrecarga de citaciones y notificaciones, una especie de sibilina tortura judicial, solo puede tener dos objetivos: que la imputada termine hundiéndose anímica y moralmente y que la opinión pública acabe condenándola de antemano, lo cual causará un daño electoral evidente al PSOE. La politización de la Justicia ha estado presente en todo este procedimiento y quizá, a fin de cuentas, lo que anda buscando el magistrado no es ya aclarar la supuesta relevancia penal de la conducta de la imputada (la UCO de la Guardia Civil ha descartado que haya delito alguno), sino el revuelo mediático, alimentar el escándalo, la “pena de telediario”.
Ayer escribíamos en esta misma columna que el linchamiento moral y tratar de “echarle mala fama” a una persona es una práctica medieval de persecución inquisitorial muy alejada de los códigos penales de las democracias modernas pero que, aunque parezca mentira, sigue en vigor en pleno siglo XXI, sobre todo en sectores reaccionarios de la judicatura y en países autoritarios. En esas coordenadas se debe interpretar la última decisión de la juez decana, que permitirá a Begoña Gómez entrar a declarar por el garaje de los juzgados ante el “rechazo social evidente”. Se está consiguiendo colocar el mensaje de que la esposa del presidente es una “rechazada social”, una delincuente, lo cual supone una condena en sí misma. Un informe de Moncloa indica que “existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente”. Esto ha provocado, dicen desde Presidencia, “interpelaciones e insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas de pancartas tanto a la entrada como a la salida de la investigada”.
Peinado sigue sacándose conejos como delitos de la chistera, pero al final de su delirante instrucción le espera Europa, que podría tumbarle el proceso como ya ocurrió en otros casos como el juicio al procés.