El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal. La norma, que ahora pasa al Congreso para su tramitación parlamentaria, introduce novedades como una prueba escrita obligatoria, becas para aspirantes con menos recursos y un proceso de estabilización para jueces y fiscales interinos, medidas que han generado controversia entre las asociaciones judiciales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Reforma con sello definitivo tras escuchar al CGPJ
"Definitivamente mandamos al Congreso", anunciaba el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La reforma, que ya fue aprobada como anteproyecto en enero, ha sido modificada tras incorporar las recomendaciones del CGPJ y del Consejo de Estado.
Entre los principales cambios, se incluye una prueba escrita obligatoria para todos los aspirantes —tanto por turno libre como por el denominado "cuarto turno"— que valorará el razonamiento jurídico, la aplicación de la ley y la expresión escrita. También se blinda por ley el sistema de becas públicas para opositores con rentas bajas, con una cuantía mínima equivalente al salario mínimo interprofesional y una duración máxima de cuatro años.
Además, se apuesta por transformar el Centro de Estudios Jurídicos en una red pública de preparación, con sedes en varias provincias. El Gobierno también ha regulado la figura del preparador judicial, con la creación de un registro público supervisado por el CGPJ.
Polémico proceso de estabilización y críticas de las asociaciones
Uno de los puntos más polémicos es el proceso extraordinario de estabilización para jueces y fiscales sustitutos, que permitirá que estos profesionales —hasta ahora interinos— puedan incorporarse a la carrera mediante un procedimiento excepcional. Bolaños ha defendido que se trata de una respuesta a las exigencias de la Comisión Europea y ha asegurado que actualmente hay 954 jueces y 331 fiscales sustitutos activos en España.
Sin embargo, tanto el CGPJ como tres de las cuatro asociaciones judiciales —la APM, la AJFV y el Foro Judicial Independiente— han advertido del riesgo de crear “una carrera de dos velocidades” y de abrir una “puerta de atrás” a través de este sistema. El Consejo Fiscal también expresó su rechazo al nuevo modelo por entender que rebaja el nivel de exigencia técnica.
La reforma también contempla otras medidas como el ascenso automático por antigüedad de juez a magistrado a los cinco años, un impulso a las especializaciones en violencia de género y derecho mercantil, y la ampliación de la Comisión de Ética Judicial, que pasará de cinco a nueve miembros.
Con este paquete legislativo, el Ejecutivo pretende avanzar hacia un modelo más igualitario y moderno, aunque las tensiones con buena parte de la judicatura auguran un debate encendido en el Congreso.