Llama poderosamente la atención que la derecha judicial y mediática trate de restarle importancia al aquelarre fascista de la pasada Nochevieja, en el que 300 personas colgaron un muñeco de Pedro Sánchez para apalearlo y descargar toda su bilis y dosis de odio en plenas celebraciones festivas. No pocos jueces ya se han atrevido a aventurar que no hay delito, ya que todo lo que ha rodeado a la famosa piñata se encuadra en el derecho a la libertad de expresión que asiste a cualquier ciudadano, mientras periodistas y columnistas de la caverna siguen esa misma corriente jurídica de opinión. Sin embargo, hay antecedentes de hechos similares que han terminado con condenas y no suaves precisamente.
Condena por perjuicios morales
Así, en marzo de 2020 un joven castellonense de 34 años colgaba un muñeco bocabajo con una fotocopia pegada con la cara de Santiago Abascal, el líder de Vox, en la plaza María Agustina de Castellón de la Plana. El muñeco presentaba seis manchas rojas simulando disparos, así como la palabra Vox escrita en verde y las siglas BAF (Brigades Antifeixistes de Castelló) en negro, según publica El Confidencial.
Tras una investigación buscando al culpable de los hechos,la Policía Científica halló huellas en la cinta adhesiva que se empleó para hacer el muñeco. Esto facilitó la identificación del joven. El Juzgado de lo Penal número 4 de Castellón fue el encargado de dictar la sentencia, y alegó que “el acusado estuvo movido por motivos ideológicos, pretendiendo atentar contra la tranquilidad de ánimo de Abascal y de los simpatizantes de Vox”.
Como explica la sentencia, Abascal fue conocedor de este acto a través de las redes sociales, sufriendo el “lógico temor”, y reclamando una compensación económica por los daños. Por su parte, Vox pidió tres años de cárcel por delito de odio y amenazas, pero el acusado fue penado con una sentencia más laxa: ocho meses de cárcel y 500 euros de indemnización por perjuicios morales, añade El Confidencial.
Según el periódico Mediterráneo, durante el juicio, el condenado negó los hechos a pesar de las huellas encontradas en el escenario del delito. Además, también negó pertenecer a las brigadas antifascistas de Castellón. El mismo día de los hechos, estaba planeado que un grupo de afiliados y simpatizantes de Vox Castellón se reuniese en la misma plaza María Agustina para tomar un autobús. Este transporte los llevaría al Palacio de Vistalegre, donde se iba a celebrar un acto del partido, con Santiago Abascal como ponente principal. Fue este grupo el que alertó a las autoridades.
En aquella ocasión el juzgado absolvió al acusado del delito de odio que pedía Vox por falta de pruebas. Ante estas amenazas, Abascal declaró que no quería renunciar a la protección policial que lleva desde 2019.
Mismos hechos distintos criterios
El caso es prácticamente idéntico al de la piñata de Sánchez. Sin embargo, en un supuesto el autor fue condenado mientras que en esta ocasión, cuando la víctima es la izquierda sanchista (odiada por un amplio sector del estamento judicial), toda la caverna sale en comandita a defender que no hay delito, invocando el derecho a la sacrosanta libertad de expresión. ¿Por qué este doble rasero? ¿Por qué esta doble moral? ¿Acaso el lawfare judicial sigue trabajando activamente en este país para golpear el Gobierno donde más le duele?
Hay jurisprudencia. Hay antecedentes judiciales más que suficientes para que la Policía y la Justicia lleguen hasta el final en un caso terrorífico. Que 300 personas se puedan congregar impunemente en una vía pública para simular un linchamiento es un acontecimiento muy grave, por mucho que la sociedad española ya se haya insensibilizado y lo vea como algo normal. Si la democracia no cae con todo el peso de la ley sobre los autores y convocantes de la famosa piñata, este país habrá emprendido una senda muy peligrosa: la de la violencia verbal que suele conducir, casi siempre e irremediablemente, a la violencia física.