A menudo se cree que el lawfare o guerra sucia judicial consiste exclusivamente en elaborar montajes, de forma activa, para acabar con un gobierno. Pero esta práctica aberrante que algunos emplean en democracia puede tener lugar también por omisión, es decir, dejar de actuar por motivos políticos cuando un suceso merece una investigación en profundidad. Es lo que está ocurriendo estos días con el caso del muñeco de Sánchez que fue apaleado por 300 ultras en Nochevieja, un aquelarre fascista intolerable en cualquier Estado de derecho serio. Hay organizaciones detrás financiando el macabro evento, hay convocatorias multitudinarias a través de las redes sociales, hay eslóganes violentos que se gritaron durante la velada, frases que claramente supusieron una incitación al odio. Suficiente material como para que el sistema, de arriba abajo, se pusiera manos a la obra para llevar a los promotores de la piñata a Comisaría. Sin embargo, la derecha política, judicial, policial y mediática ya ha dictado sentencia: aquello fue un acto festivo no delictivo, un ejercicio legítimo al derecho a la libertad de expresión.
Por un lado, tenemos a los jueces que quitan importancia al suceso, magistrados poco interesados en investigar un asunto gravísimo que para ellos no deja de ser una broma de cuatro ebrios celebrando el año nuevo. Diarios conservadores como El Confidencial publican informaciones advirtiendo de que cualquier actuación contra los ultras promotores del linchamiento del monigote sanchista está abocada al fracaso: “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) asestó un profundo varapalo a la Justicia española en 2018 por haber condenado a dos independentistas catalanes que quemaron fotos del Rey en Girona. Los jueces europeos concluyeron que eso no puede considerarse un acto de odio y advirtieron a España de que perseguir esa controvertida puesta en escena supone interferir en la libertad de expresión”. Y añaden que “la contundencia con la que se pronunciaron los jueces europeos entonces complica ahora la posibilidad de castigar el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en la habitual concentración de Ferraz durante la pasada Nochevieja”. En esa misma línea se pronuncian otros diarios digitales conservadores.
Pero además de la caverna judicial, que se ríe cuando se hablar de procesar a nadie por la tontería de apalear un simple muñeco (un objeto sin derecho alguno), está la caverna policial con sus sindicatos al servicio de la extrema derecha. Ahí es Vozpópuli el que avisa a Moncloa de que su intento de penalizar la piñata de Nochevieja está abocado al fracaso: “Sólo hay un escenario que incomode más a los investigadores de la Policía Nacional que el de trabajar bajo la presión de un caso particularmente mediático; que el episodio en cuestión esté salpicado de tintes políticos y se convierta en arma arrojadiza entre los representantes de la esfera parlamentaria”. Y agrega que “la actuación de la Policía [llamar a declarar al organizador del aquelarre antisanchista] ha suscitado cierta sorpresa entre los miembros del cuerpo, toda vez que la citación se produjo cuando no habían pasado ni 24 horas de los hechos, que ya han dado pie a una airada polémica en el ámbito político. Este individuo está relacionado con el apaleamiento del muñeco que simulaba ser Pedro Sánchez y que estaba repleto de turrones”. Es decir, otra información que se toma a chunga que 300 individuos se den cita en la calle para dar rienda suelta a su odio a base de estacazos, patadas, escupitajos y todo tipo de actos violentos en plena vía pública. Todo ello mientras Vozpópuli menciona como fuente a unos supuestos juristas consultados por el diario (ninguna da la cara) que señalan que el “episodio atiende a la libertad de expresión de los ciudadanos a expresar su descontento con el presidente del Gobierno, en este caso utilizando una caricatura”.
El lawfare pasivo ha empezado a funcionar y ni siquiera el PSOE, víctima de la siniestra piñata, confía en que su denuncia prospere. Aunque fuentes socialistas aseguran que agotará “todas las vías legales” contra los participantes, y Patxi López suelta discursos sesudos sobre los límites de la libertad de expresión, nadie en Ferraz da un duro porque esto llegue a alguna parte. De modo que, resignados ya a que la vía judicial siente en el banquillo a los pequeños monstruos del fascismo, los socialistas se centran en tratar de sacar rédito político arrojando toda la presión contra el PP por su tibieza a la hora de condenar los hechos. “Hay partidos políticos y organizaciones de todo tipo que están instalando el odio en la sociedad española: sabemos que Vox y sus organizaciones satélites no sólo no condenan, avalan este tipo de actos, pero nos gustaría saber qué opina el Partido Popular, el señor Feijóo o la señora Ayuso”, aseguran fuentes socialistas.
Es evidente que el odio no es delito, eso lo sabe cualquier ciudadano lego en derecho. Pero incitar al odio, y no solo contra un colectivo vulnerable, sino contra cualquier ciudadano indefenso, debería serlo. Lo que queda aquí es que cualquiera pueda vilipendiar y amenazar con total impunidad en este país. El propio PSOE, que ha denunciado a Abascal por augurar que Sánchez algún día será “colgado por los pies”, es consciente de que esa conducta no tendrá un reproche penal y que esa acción será también archivada. Está claro que la caverna se escuda en que, si ataques anteriores contra líderes de la derecha como Rajoy y otros no fueron tratados como delitos (tampoco la quema de retratos del Rey) esto tampoco. Así que ancha es Castilla para que los energúmenos sigan tomando la calle con la violencia verbal amparándose en el prostituido derecho a la libertad de expresión. Nadie sancionará la piñata de Nochevieja sencillamente porque estamos ante una vendetta más contra Sánchez por haberse aliado con la izquierda radical que en su día proponía “jarabe democrático”, o sea agresivos escraches, contra los líderes de la derecha. Alguien ha dado la orden de aplicarle al enemigo su propia medicina.